Ofensiva legislativa de Junts en el Congreso para enmendar la reforma de la ley mordaza pactada por el PSOE, ERC y Sumar. El grupo liderado por Míriam Nogueras ha registrado 17 enmiendas firmadas por el diputado y profesor de derecho, Josep Pagès. Por cierto, Pagès es un experto en derecho de reunión y manifestación, de ahí la intencionalidad de las enmiendas.
Entre los postulados principales de los juntaires está garantizar la retirada de las balas de goma, respetar las competencias de la Generalitat en seguridad pública y orden público, así como su rol de autoridad gubernativa y, por otro lado, regular los archivos y las bases de datos que recogen las actuaciones policiales. La demanda de la reforma de la ley mordaza se arrastra desde que el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, la aprobó en 2015.
Registros, balas y proteger las manifestaciones
Básicamente, las reformas que reclama Junts pasan sobre todo por hacer efectivo el mandato del Parlament de Catalunya, para que no se utilicen las balas de goma en operativos de orden público. Una propuesta por dos vías. Por un lado, la prohibición directa con el límite del 31 de diciembre de 2025 para que sea efectiva su prohibición total. De todas maneras, Junts prevé que el nuevo modelo sea «de actuación gradual y mixta» que garantice que en cualquier caso la «disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas».
Por otro lado, Junts quiere aclarar que la autoridad gubernativa en comunidades autónomas con plenas competencias en seguridad tenga la última palabra en las intervenciones. De hecho, la enmienda se dirige a proteger, en Cataluña, la autoridad del director general de la Policía en Cataluña, quien ordena las intervenciones más agresivas en cualquier disturbio público. Ahora mismo, una brecha normativa permite que cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúen directamente sin que haya una obligación previa de advertencia, como se vivió el 20 de septiembre o el Primero de Octubre de 2017.
Asimismo, los juntaires cargan las tintas sobre la «regulación de los registros documentales de las actividades por parte de la policía». Un hecho que para los de Carles Puigdemont «comporta una afectación directa de derechos fundamentales, una intromisión al derecho fundamental a la intimidad de las personas, cuya regulación mediante reglamento gubernamental basado en una habilitación legal en blanco no se cohona con un sistema respetuoso en materia de derechos y libertades públicas que no se pueden derivar con limitaciones a la regulación reglamentaria.»
En el mismo sentido, los juntaires también presentan cuatro enmiendas para intentar reducir el riesgo de venganza contra organizadores de manifestaciones, protestas o movilizaciones. Consideran que la actual regulación supone una «criminalización de la actuación de los organizadores de manifestaciones y concentraciones con el conocido chilling effect o efecto desalentador». Para los juntaires la ley pone en riesgo la libertad de expresión y de manifestación porque desincentiva un derecho principal de un estado de derecho.
