Un video de ‘Octuvre’ denuncia tres nuevas discriminaciones del catalán del gobierno español de PSOE y Podemos. La primera se basa en la atención telefónica relacionada con la ludopatía. Marta Sibina explica que el decreto del Ministerio de Consumo español número 176/2023 para luchar contra la ludopatía obliga a las empresas de apuestas a ofrecer un servicio telefónico con información y asistencia en materia de juego seguro con el servicio «al menos en castellano». «Es decir, el ministerio los dice en las casas de apuestas que el servicio no hace falta que esté en catalán», aseguran desde Octuvre.
La asistencia en ludopatía
Sibina denuncia que el que está haciendo el ministerio es decirlos a los catalanes que «no tienen derecho a recibir asistencia en ludopatía en su lengua». Así mismo, dice que el gobierno español protege los derechos de los castellanoparlantes, pero los niega a los catalanoparlantes. «Esto hace bastante mal olor de supremacismo», considera. También recuerda quién es el ministro de Consumo español: Alberto Garzón, quien «se presentó a las elecciones hablando de diálogo y plurinacionalidad, y ahora trata los catalanes como de segunda clase».
Los productos sanitarios
El segundo caso que ejemplifica ‘Octuvre’ es el de la regulación de los productos sanitarios. Sibina explica que el Real Decreto 192/2023 especifica que los productos sanitarios tienen que incluir los datos y las informaciones para que permitan disponer de forma cierta y objetiva de una información eficaz, veraz y suficiente sobre sus características esenciales. El problema es que esto tiene que estar en castellano, ni en catalán, gallego, ni euskera.
«Si eres castellanohablante, el
La cooperativa y los Estatutos
Lo tercero y último ejemplo va con relación a una cooperativa de vivienda de Valls, que quería recibir financiación de la agenda 2030. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, (de Podemos) es la responsable de esta carpeta y es que la cooperativa presentó todos los papeles necesarios para recibir la financiación, pero lo hizo en catalán. Además, el ministerio pedía los estatutos de la cooperativa en castellano, así como una traducción jurada que costó 1.493 euros. «Si quieres que el Estado te ayude, tienes que pagar 1.493 euros», denuncia.
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