La Moncloa ha decidido ignorar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que concluye que el estado español violó los derechos políticos de Carles Puigdemont al suspenderlo como diputado en 2018 sin una sentencia. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha retorcido el sentido de la decisión del comité y ha asegurado que “reafirma que lo que debe hacer Puigdemont es volver a España para ser juzgado”.
El dictamen deja claro que España violó el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por haber impedido la participación política de Puigdemont después de ser nombrado diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del 21 de diciembre del 2017. El comité, que considera el derecho a la participación política “la esencia del gobierno democrático”, reprocha al estado español que suspendiera Puigdemont —que ya estaba en el exilio— sin haberlo condenado.
El gobierno español no confirma si dará explicaciones a la ONU
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Calviño no ha querido explicar qué respuesta dará el gobierno español al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que le ha dado 180 días para comunicar qué medidas ha tomado para evitar que se repitan casos como el de Puigdemont. Según Calviño, “justamente lo que dice la decisión es que debe haber una sentencia, igual que pasó con el resto de personas que participaron de los hechos de 2017”.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que el Tribunal Constitucional no violó los derechos políticos de Carles Puigdemont cuando le exigió que fuera al Parlamento para ser investido presidente, pero matiza que tampoco le dejó muchas opciones. El dictamen asegura que su “retorno al estado español habría derivado inevitablemente en su prisión preventiva” y que la única manera que tenía Puigdemont de garantizar que no se violaran sus derechos políticos era “mantenerse fuera del territorio del estado”.
