El caso de presuntas irregularidades de Toni Comín continúa marcando la agenda del Consell de la República. Este martes, el gobierno del Consell celebró una reunión larga e intensa para aplicar un control de daños y contramedidas a las quejas internas y las informaciones publicadas por El Món por las dudas sobre gestión de los fondos de la entidad en el exilio. Los consejeros se reunieron con los representantes de CatGlobal y CatCIP, las dos entidades que dan cobertura legal al Consell de la República. Un cónclave a alto nivel después de la carta que habían enviado quejándose de la mala gestión del coordinador entre las dos asociaciones con el Consell, es decir, el mismo Toni Comín.
El Consell convocó a las entidades después de recibir la misiva y a raíz del desconcierto creado. «Había que escuchar qué explicaban, más allá de la carta», comentan en El Món miembros de la entidad en el exilio, a pesar del recelo expresado por Comín. «Había que saber directamente su versión y de manera clara», apuntan. Además, el encuentro era necesario porque el Consell se comprometió a hacer una «auditoría» de las cuentas. Una decisión que necesitaba el acuerdo entre las dos partes, porque la estructura legal no permite que el Consell como ente sea auditado, sino que se auditarán precisamente las entidades a través de las cuales factura y opera, que son las que han destapado la caja de Pandora. Los representantes de las dos sociedades acordaron con el gobierno del Consell que la auditoría, además de contable, será de «gestión», sobre todo para controlar a que se destinan los gastos y los recursos de la entidad. Es decir, no se trata solo de comprobar si los números cuadran, sino de evaluar los criterios con que se decidían los gastos, cosa que pone el foco directamente sobre Comín.
Necesidad de la auditoría con las dos entidades
La reunión de este martes era, según las mismas fuentes consultadas, de «máxima prioridad» y «absolutamente imprescindible» para serenar los ánimos internos del Consell. De entrada, el compromiso adquirido de contratar la auditoría requería el acuerdo con las «sociedades instrumentales» que dan cobertura al Consell. Son CatGlobal y CatCiP las que pueden ser objeto de escrutinio financiero, contable y de gestión y no un ente político que, precisamente, busca en este tipo de estructura administrativa estar fuera del radar de la represión española.
Los representantes de las dos sociedades han reclamado que la auditoría sea de gestión porque los «números y las facturas son las que son», indican, «otra cosa es el objeto de las facturas y los pagos». En este ámbito, los responsables de CatGlobal y CatCiP están «muy tranquilos». De hecho, su inquietud es otra. En detalle, creen que el problema está en qué gastos se priorizan, qué gastos se pueden considerar gestión y qué no, el atasco de la facturación cuando llega a manos de Comín y como controlar el contenido de los gastos. Por lo tanto, habrá que fiscalizar los gastos abonados y las facturas entregadas y ver por qué trabajos, tareas, servicios o proyectos y si estaban lo bastante justificadas.
La importancia de la auditoría: la asamblea, la espera
La reunión de este martes era clave sobre todo para poder completar el «parachoques» de la crisis abierta con las informaciones sobre la gestión de Comín como ejecutivo del Consell de la República. Y, de paso, serenar los ánimos de los Consejos Locales y de los integrantes de la asamblea territorial del Consell, que se constituyó el pasado 2 de marzo en la Torre del Bisbe, en la Cataluña Norte, con la presencia del gobierno de la entidad, con Carles Puigdemont, como presidente del ente, al frente. Un órgano que actuaría teóricamente como una cámara de representación y de control del gobierno del Consell.
Fuentes de la asamblea consultadas por este diario esperan noticias sobre la auditoría. «Mantenemos el silencio a la espera de sus resultados y esperamos para poder hacer acciones internas», señalan estas fuentes. «Una vez tengamos los resultados de la auditoría, miraremos qué dice. Si nos dicen que hay cosas feas, exigiremos explicaciones y, en su caso, dimisiones», precisan. «Si, en cambio, la auditoría deja las cosas poco claras, también pediremos escuchar las razones y explicaciones de Comín, y ya veremos que hacemos», resaltan. «No nos queremos precipitar», expresan miembros del
Por otro lado, la decisión de empezar cuanto antes mejor el procedimiento también ha sido muy vista a Junts per Catalunya, que vive en silencio y serrando los dientes esta situación. Por un lado, Comín es el eurodiputado electo juntaire, a pesar de que no podrá coger el acta por lo menos hasta septiembre, de forma que podría ser que en un mes y medio no tuviera ningún ingreso. Junts espera a tener los resultados para poder pedir explicaciones a Comín. Todo ello, con el temor de que, si se siente presionado, abandone la formación y sea un eurodiputado no adscrito a ningún partido, con la consiguiente pérdida de ingresos y de puestos de trabajo para Junts.
La carta de Comín
El encuentro de ayer se celebró el mismo día que Comín hacía llegar una misiva de ocho páginas explicando su versión de los hechos a los representantes de los consejos locales. La carta no generó ningún comentario público, pero sí que despertó la sorpresa porque admite los gastos, a pesar de que los justifica. Así mismo, indignó buena parte del equipo del Consell de la República por el tono utilizado contra el antiguo gerente de la Casa de la República y el Consell de la República, Sergi Miquel, encargado de advertir al gabinete del Consell y al mismo Carles Puigdemont de las anomalías de los gastos que Comín intentaba cobrar. Miquel aseguró por escrito que se trataba de unas vacaciones de Semana Santa y Comín replica que el desplazamiento a la Cataluña Norte era para hacer reuniones y acusa a Miquel de buscar revancha porque lo despidió.
La misiva enviada a los consejos locales fue una decisión «unilateral» de Comín «absolutamente al margen del Consell». De hecho, fuentes de la entidad aseguran que la carta se envió «sin el permiso del gobierno» del órgano en el exilio, que no era partidario de empezar a dar explicaciones no consensuadas hasta aclarar del todo las cuentas y las irregularidades denunciadas, así como las bajas tanto políticas como laborales que ha vivido el Consell durante el último año y medio. Conflictos que «ahora se pueden entender» a la vista de las quejas difundidas por el papel de Comín en el Consell: además de la filtración de las facturas de las vacaciones, se añaden las cartas de dimisión de la Sindicatura Electoral y la carta de denuncia de los responsables de CatGlobal por el rol del ex consejero de Salud en la dirección financiera de la entidad al exilio, lo que ahora se someterá a la auditoría.
