Comunicado contra Puigdemont de los discrepantes del Consell de la República

Unos treinta miembros de la Asamblea de Representantes del Consell de la República han cargado duramente contra Carles Puigdemont y Toni Comín, presidente y vicepresidente, respectivamente, del gobierno de la entidad. Después de que Puigdemont propusiera eliminar la figura de la asamblea luego que acabara la legislatura actual para sustituirla por dos órganos nuevos, uno de representación de los consejos locales y otro que trabaje en «la elaboración de la legislación republicana», las voces más discrepantes con el equipo de gobierno de la entidad vigente se sienten desplazadas: «¿Por qué parece que la Asamblea de Representantes acontece una molestia para el gobierno?», preguntan.

En la carta abierta a la cual ha tenido acceso El Món, la treintena de representantes discrepantes tildan a Puigdemont y Comín de haber adoptado un rol autoritario dentro de la entidad. «El vicepresidente, Toni Comín, ha insistido repetidamente que la Asamblea de Representantes tendría que acatar las directrices y apoyar a las orientaciones políticas del Gobierno. Esta postura sería aberrante en cualquier sistema parlamentario serio y también lo es para la Asamblea», empiezan. Desgranando esta idea, la treintena de firmantes lamentan que los máximos representantes de la entidad actúan «unilateralmente», sin tener en cuenta la voz de la Asamblea, «el grupo elegido democráticamente por los miembros del Consejo»: «La seguridad del exilio es una cuestión de importancia capital. Sin embargo, esta importancia no puede ser ni tiene que ser utilizada de excusa para adoptar actitudes autoritarias o para tomar decisiones sin la debida consideración de la ciudadanía y de sus representantes», espetan.

Mala gestión de recursos

Los discrepantes, además de criticar la «deriva autoritaria» que consideran que han adoptado Puigdemont y Comín, también los acusan de haber desviado una cantidad significativa de recursos» hacia «gastos de representación», y se preguntan si «no han sido una vía de negocio de un círculo reducido de personas próximas al vicepresidente». Es decir, en resumen, los acusan de corrupción. Hay que tener en cuenta, también, el contexto en el cual llega esta carta: todos los órganos del Consejo han quedado disueltos hasta la nueva legislatura. En este sentido, los firmantes de la carta crítica, un 25% de los 121 miembros de la Asamblea, alertan que en esta propuesta «la responsabilidad sobre la confección y determinación de las normas internas de funcionamiento del Consejo recaería únicamente en el gobierno, que sería autónomo e independiente al hacer y rehacer las normas al gusto de sus componentes».