El abogado Gonzalo Boye ha denunciado en Bruselas el espionaje con Pegasus que sufrió mientras trabajaba en la defensa de la inmunidad de los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Boye, que ha comparecido ante el comité del Parlamento Europeo que investiga el uso de software espía en la Unión Europea, ha alertado que la vigilancia con Pegasus es un ataque a la “integridad” de la Eurocámara, puesto que el espionaje afectó al “secreto” del proceso legal tanto en el Parlamento Europeo como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Boye ha asegurado que no tiene “ninguna duda” de que el estado español está detrás el espionaje masivo al independentismo y ha calificado el escándalo como un “ataque a la minoría nacional catalana”. También ha denunciado que el juez que dio luz verde al espionaje contra políticos y activistas independentistas es el mismo que tenía que decidir sobre los recursos que presentaron los eurodiputados de Junts, una situación que, según el abogado, muestra los “problemas sistémicos” de la justicia española, criticada a menudo desde las instituciones europeas por su falta de imparcialidad.
El espionaje con Pegasus compromete casos importantes de Boye
Durante su intervención, Boye se ha mostrado preocupado porque el espionaje que sufrió podría haber comprometido la defensa de Puigdemont, Ponsatí y Comín. El proceso que debatía el levantamiento de la inmunidad de los exiliados en el comité de Asuntos Jurídicos de la cámara no era de acceso público y la intervención del móvil del abogado podría haber afectado a la “integridad y el secreto” del caso. «Había gente que sabía el mismo que yo y que ustedes. No es la manera democrática de tratar un proceso que no tendría que haber sido judicial, sino de confrontación política», ha alertado ante las preguntas de los eurodiputados.
El letrado también ha lamentado que el espionaje ha “puesto en peligro” otros casos “sensibles” que Boye lleva en otros países europeos como Alemania. «El espionaje no solo ha afectado mi vida privada, también ha implicado a otros abogados y periodistas”, ha avisado. A pesar de estar convencido de que España está detrás del caso Pegasus, Boye ha reconocido que prefiere mantener la “presunción de inocencia” del gobierno español. «En España hay una carencia de compromiso en algunas áreas entre el gobierno y las agencias del estado. Es un problema sistémico que no se ha acabado de resolver desde el fin de la dictadura”.
