La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciado el «golpe de estado judicial» en la aplicación de la amnistía y ha convocado una manifestación el próximo 13 de julio a las 17 horas en protesta por la no aplicación de la ley de olvido penal por parte de los jueces y el beneficio que han obtenido 46 policías españoles investigados por las cargas del 1-O. La manifestación arrancará en la Plaza de Urquinaona con vía Laietana y se dirigirá hasta el Palau de la Generalitat. En una rueda de prensa este jueves, la ANC ha cargado contra los jueces para perpetrar un «ataque a la democracia y la separación de poderes» y ha anunciado el lema de la manifestación: «Desobedecemos los jueces españoles. Independencia«.
El presidente de la entidad, Lluís Llach, junto con la abogada Pilar Rebaque, miembro de la sectorial de la ANC de personas represaliadas, y la coordinadora de la Comisión de Movilización, Elisenda Romeu, ha cargado contra el «nuevo ataque al independentismo» de los jueces. Llach ha explicado que ya han contactado con otras organizaciones independentistas para plantear la necesidad de “protestar enérgicamente”.
A banda, Llach ha exigido a los partidos independentistas que apoyen en el gobierno español que lo «fuercen a enfrentarse» a las maniobras de los jueces «en rebeldía». “Como representantes de la sociedad civil, nos sentimos con el derecho, y tenemos la obligación, de levantarnos contra esta conculcación de nuestros derechos”, ha remachado.

Una interpretación «política» de la ley
Por su parte, la abogada Pilar Rebaque ha lamentado que el problema no es la interpretación jurídica que se hace de la ley, sino la «interpretación política». «Nos encontramos en una situación de doble sido donde los independentistas son el enemigo y no se los aplica la ley», ha asegurado. La coordinadora de la Comisión de Movilización, Elisenda Romeu ha anunciado que en paralelo a la manifestación en Barcelona las asambleas exteriores de la ANC se manifestarán ante los consulados y embajadas españolas en diferentes capitales del mundo. «El objetivo es denunciar ante la comunidad internacional las maniobras del sistema judicial español para mantener la represión contra los independentistas catalanes», ha concluido.