El Govern de Salvador Illa recurrirá contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula buena parte del decreto que intentaba blindar el catalán en la escuela, han confirmado fuentes del ejecutivo catalán a El Món. «No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia», ha advertido el presidente de la Generalitat.
Este miércoles, un día antes de la Diada nacional de Cataluña, se ha sabido que el TSJC ha dado la razón a la entidad españolista Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB), que había presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat aprobado en 2024 que blindaba el catalán como lengua vehicular. El alto tribunal ha dejado sin efecto buena parte del decreto. En total, ha anulado una decena de artículos que formaban parte de la esencia del texto, que quería blindar el uso del catalán en los centros educativos. Principalmente, el decreto fijaba el catalán y el aranés en el Valle de Arán como lenguas vehiculares en la enseñanza.
«Lengua inclusiva, propia y transversal del país y de la escuela»
En una rueda de prensa, el presidente de la Generalitat ha asegurado que el Govern catalán defenderá el modelo lingüístico de la escuela catalana «con toda la contundencia». Y ha remarcado que emprenderán todas las medidas que consideren oportunas. «El catalán debe continuar siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y de la escuela».
Otros artículos que la sentencia del TJSC anula
El TSJC se carga otros artículos del decreto que garantizaban el catalán como lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o que fuera la única lengua de acogida del alumnado recién llegado, ya que no prevé mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano. En cambio, la resolución del alto tribunal desestima el recurso contra artículos referentes a aspectos organizativos internos de la administración.
La sentencia pone el foco también en el hecho de que no se mencione el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, a diferencia del aranés, lo cual «no permite considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano ni que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana que la normativa superior persigue».
Ofensiva para imponer el 25% de castellano en las escuelas
Parcialmente, el decreto tumbado por el TSJC se ampara en la ley de 2022, aprobada con el acuerdo de ERC, Junts, PSC y Comuns, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y también en el decreto ley sobre proyectos lingüísticos de los centros del mismo año. El Govern de Pere Aragonès impulsó los dos textos para intentar blindar la inmersión frente a la ofensiva judicial del TSJC para imponer un 25% de castellano en las escuelas.
