El pequeño municipio de Gósol, en el Prepirineo, donde viven 237 habitantes, tiene una situación administrativa enrevesada. Situado a los pies del Pedraforca y dentro del parque natural del Cadí-Moixeró, Gósol pertenece en el Berguedà, pero es el único municipio de esta comarca que está dentro de la demarcación de Lleida y, por lo tanto, depende de la Diputación leridana. En cuanto al partido judicial, pertenece al de Solsona. Y desde el punto de vista eclesiástico, depende del Obispado de Urgell.
Esta dependencia de cuatro administraciones afecta el día a día de los vecinos, que se sienten discriminados, y del Ayuntamiento, puesto que hay servicios, o subvenciones y ayudas que no pueden tramitar al Consejo Comarcal del Berguedà porque dependen de la Diputación de Lleida. El alcalde del municipio, Rafel López (ERC), explica en El Món que quieren pasar a la demarcación de Barcelona y dejar atrás esta situación administrativa complicada. «Desde el Ayuntamiento consideramos que estamos en una situación muy crítica y en los próximos 8-10 años nos jugamos el futuro del pueblo y en esta situación partimos con desventaja y es una cosa que queremos solucionar», defensa.
López detalla que esta dependencia de diferentes administraciones «complica la vida en el pueblo y el trabajo del Ayuntamiento». Por ejemplo, la población cuando quiere hacer gestiones tiene que ir a Lleida, que está a tres horas de Gósol, mientras que Berga o Manresa, «ciudades de referencia» del municipio, que están a 45 minutos y 1 hora y 15 minutos respectivamente. Además, el municipio cuenta con transporte público hasta la capital de la comarca del Berguedà, mientras que, por otro lado, «no hay ningún tipo de transporte que nos conecte con Lleida».
Un municipio poco identificado con Lleida y una Diputación que busca soluciones
Otro aspecto que subraya el alcalde en la hora de impulsar este cambio es el «identitario», puesto que Gósol «históricamente ha tenido poca relación» con el resto de poblaciones de Lleida ni con el resto de la provincia porque Gósol siempre ha «echado más hacia Barcelona, hacia el Berguedà o en el Bages por casi cualquier gestión». Por otro lado, describe «situaciones extrañas» cómo, por ejemplo, que la escuela del municipio pertenece en una zona de escolares rurales (ZER), y no puede acceder a los servicios que ofrece su ZER porque «pertenece en otra provincia».
La Diputación de Lleida anunció a inicios de noviembre que reforzará fórmulas específicas para compensar la situación especial de Gósol. De hecho, el presidente Joan Talarn se desplazó hasta el municipio para trasladarlos que, de cara al presupuesto del 2024, ya se incrementará la aportación a través de algunos planes financieros para compensar servicios de la Diputación que se prestan a través de los consejos comarcales y que no coinciden con los del Consejo del Berguedà o la Diputación de Barcelona. Aun así, el alcalde cree que «por muy buena voluntad que tenga la Diputación de Lleida» nunca obtendrán el mismo servicio que si entran a formar parte de la de Barcelona.
Trámites para hacer el cambio y un referéndum en la población
Para hacer el cambio territorial, Gósol necesitaría un informe favorable tanto de la Diputación de Barcelona como de la de Lleida. También del Consejo Comarcal del Berguedà y el visto bueno de la Generalitat. En este sentido, el alcalde asegura que las cuatro partes implicadas en el asunto les dan «su apoyo». Pero, aun así, la última palabra la tendría el gobierno español y, en este sentido, admite que es una «cuestión complicada» porque hay que cambiar las fronteras territoriales y provinciales.
Rafel López no descarta que el municipio celebre un referéndum para conocer el parecer de los habitantes del municipio sobre este cambio de Diputación: «De momento no se ha hablado de referéndum, pero sí que es posible que se haga», asegura. Así mismo, expone que por el que han podido coger hasta ahora «la mayoría de la población de Gósol se siente berguedana». De hecho, otra opción sería que el municipio se integrara totalmente en Lleida y en una comarca de la provincia, pero el alcalde deja claro que «en el ámbito emocional no se aceptaría salir del Berguedà».
Gósol no es el único caso singular de Cataluña, pero este problema tiene una solución «compleja»
El caso de Gósol no es el único caso singular en Cataluña. Por ejemplo, en la Cerdaña 11 municipios forman parte de la demarcación de Girona mientras que 6 son de Lleida. Por otro lado, en Osona, Espinelves, Vidrà y Viladrau forman parte de la demarcación de Girona en lugar de la de Barcelona. Una problemática que se debe a la «carencia de concordancia» entre la división territorial catalana del 1936, diseñada por el geógrafo Pau Vila, y la división española por provincias del año 1833. Así lo expresa el ex jefe de sección de Delimitación Territorial al Departamento de Gobernación del 1990 a 1996 y doctor en geografía y catedrático de la Universitat de Barcelona, Joan Tort, y lamenta que «el sistema español tiende a mostrarse inflexible en la hora de hacer cambios». «No es imposible, pero es extremamente complejo», afirma.
Torcido cree que los alcaldes de municipios pequeños como Gósol «tienen las de perder» por diferentes razones. Por un lado, señala que la división provincial tiene un protocolo «muy complejo» y es «extremamente conservador» en cuanto a la jurisdicción territorial. De hecho, señala que el procedimiento para que Gósol cambie de provincia y se integre a la Diputación de Barcelona tendría que hacerse a través de una ley orgánica porque «se altera la división provincial, que es materia competencial máxima, y legislativamente requiere este formalismo».
Por otro lado, apunta que el sistema administrativo a veces se comporta de manera» tremendamente perversa» en relación con los intereses de la ciudadanía, puesto que un ayuntamiento pequeño «no vale nada» y su ciudadanía «importa muy poco» en temas contables, de votos y de eficacia de la acción política. Aun así, apunta que el caso de este municipio del Berguedà es uno de los «más claros» y que el Estado español podría rectificar la división provincial y judicial, pero insiste sobre el «tratamiento dramático» que recibe un municipio pequeño. «No hay una voluntad clara por parte de la administración de resolver estas cosas y sobre todo con relación a casos que son absurdos porque son municipios pequeños y no costaría nada hacerlo», concluye.
