La comisión bilateral Estado-Generalitat que se ha celebrado este lunes en el Palau de la Generalitat ha servido para aprobar los «fundamentos» del nuevo modelo de financiación singular, pero generalizable a todas aquellas comunidades que quieran acogerse. Así lo ha defendido el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en la rueda de prensa conjunta con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, donde los medios de comunicación no han tenido la posibilidad de consultar la literalidad del acuerdo porque este se ha distribuido minutos después de la finalización de la comparecencia de los dos representantes políticos en el Palau de la Generalitat. En la letra pequeña del acuerdo no aparece el principio de ordinalidad, una «innegociable» para Esquerra Republicana, ni tampoco se hace alusión a la demanda de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) recaude y gestione de forma progresiva todos los impuestos con independencia de la administración española. Es decir, no concreta la ordinalidad ni cuándo se recaudará el IRPF.
El respeto al principio de ordinalidad solo aparece en la exposición de motivos del acuerdo y, además, queda reducido a una demanda de la Generalitat: «Cataluña considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no pueda desvirtuar la ordinalidad en el resultado final», dice el preámbulo. Esta es la única alusión explícita a la ordinalidad, un concepto recogido en el Estatuto que establece que si Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta al sistema, debería mantener esta misma posición una vez se distribuyen los dineros, pero ahora esto no sucede y este principio se incumple desde el año 2009. A pesar de que se hace referencia en el preámbulo, como una de las exigencias de la parte catalana, el cumplimiento con el principio de ordinalidad no se menciona en los acuerdos alcanzados de la Comisión.
Por otro lado, el acuerdo no ofrece cifras, ni establece porcentajes ni fechas y, por tanto, no establece ningún límite a la solidaridad. El documento sellado este lunes por las dos administraciones solo establece en este sentido que esta aportación se hará «de acuerdo con los principios generales del sistema de financiación, presentándose de forma transparente como aportantes netas las comunidades autónomas, que cuentan con una capacidad mayor de generación de recursos». «Solidaridad y ordinalidad son compatibles», ha defendido Dalmau en la rueda de prensa después de la reunión preguntado por esta inexactitud del principio de ordinalidad, pero el ministro ha esquivado responder a la pregunta y solo ha dicho que se creará un grupo de trabajo para concretar este y otros aspectos del nuevo modelo de financiación.
Rebajas en la Agencia Tributaria y recaudación de impuestos
De hecho, este grupo de trabajo entre los dos Gobiernos también será el encargado de desarrollar e implantar el «despliegue» de la Hacienda catalana con el «objetivo de que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF». A pesar de que hace referencias a «competencias», el documento no concreta que se avance hacia la recaudación y gestión de la totalidad del tributo y hace referencia a un «modelo en red de gestión del sistema tributario», que contará «con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas, con reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestione de forma eficaz y eficiente, y con garantías plenas en la prevención y lucha contra el fraude».
Además, igual que ocurre con el principio de ordinalidad, la recaudación de impuestos solo aparece en el preámbulo previo a los acuerdos y queda como un reclamo de la Generalitat sin que el ejecutivo español lo haga suyo: «Cataluña quiere desplegar la hacienda catalana para gestionar de forma progresiva los impuestos, hecho que es compatible con un modelo tributario federal con más capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección». En cambio, la parte española defiende que se puede avanzar hacia un modelo de «gestión tributaria en red, con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las Administraciones Tributarias autonómicas que, cuando lo deseen en ejercicio de su voluntad de autogobierno, podrán asumir progresivamente más competencias gestoras, sin perjuicio de la existencia de reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestione de manera eficaz y eficiente, y con garantías plenas en la prevención y lucha contra el fraude».
El PSC defiende el principio de ordinalidad
La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido el principio de ordinalidad y ha asegurado que es una condición necesaria para continuar adelante y definir el nuevo modelo. «La ordinalidad no es contradictoria con la solidaridad. Son dos elementos y dos factores básicos sobre los cuales se sustenta el modelo de financiación», ha subrayado en rueda de prensa, donde ha afirmado que el nuevo sistema de financiación será un instrumento fundamental para conseguir los recursos necesarios del Gobierno para dar respuesta a sus retos y necesidades, y por eso ha dicho que «no tiene que ver que Cataluña tenga privilegios». Por otro lado, sobre los impuestos, Moret ha dicho que «se deben recaudar progresivamente los impuestos en nuestro país, especialmente el IRPF», y ha defendido el acuerdo presentado este martes porque «necesitamos este acuerdo para continuar avanzando en las líneas negociadas en las que se sostuvo el acuerdo de investidura con ERC».
