Todo se tiene que contextualizar. Esta es la opinión del Gobierno sobre la percepción sobre la corrupción que tienen los catalanes. Así se desprende de una respuesta parlamentaria firmada por la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, presentada en el Parlamento el pasado 14 de marzo, al diputado ultraespañolista escindido de Vox, Antonio Gallego. La pregunta que se respondía era sobre las acciones para reducir la corrupción política. El documento, al cual ha tenido acceso este diario, deja claro que la corrupción es «ciertamente un problema de primer orden» y de «máxima prioridad» para el gobierno catalán. Ahora bien, también reclama no sacar las cosas de madre.
En este sentido, el gobierno catalán pide medida al evaluar el estudio sobre la «percepción de corrupción que medida periódicamente la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), a través del barómetro
Colarse al metro o copiar en un examen
La respuesta resalta que «sin cuestionar la validez de este indicador, hay que evaluar la información que se deriva del barómetro en su conjunto». Así, subraya que hay que tener «en cuenta que España, y también Cataluña, se caracterizan en las comparativas sobre corrupción como unos entornos con niveles muchos bajos de corrupción en los servicios públicos y a la vez una percepción de corrupción muy elevada». Así, remarca que «la inclusión en el concepto de corrupción de comportamientos como por ejemplo colarse al metro, copiar en un examen, pedir a un familiar o amigo empadronarse para ir a la escuela deseada contribuyen al hecho que esta percepción, por su generalización, se amplifique».
«Por lo tanto», argumenta, «la inmensa mayoría de catalanes no se equivocan en la consideración que hay mucha corrupción». «Pero también hay que reconocer», replica el mismo documento, «que esta conceptualización de corrupción es más amplia que la legal, más asociada a la persecución de determinadas figuras delictivas». Vilagrà incluso matiza que el «mismo barómetro habla también, más allá de corrupción, de honestidad».
Medidas preventivas
A pesar de estas advertencias sobre la interpretación más mesurada que hay que hacer de la corrupción, la consejera asegura que «no es verdad que el gobierno catalán no impulse todas las recomendaciones que hace la Oficina Antifraude para reducir la corrupción». «Entre el OAC y el gobierno catalán hay una relación muy fluida», aduce. Así, detalla que el órgano con que se relaciona es la Secretaría de Administración y Función pública y, concretamente, la Dirección General de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democráticas. En esta línea, asevera que las recomendaciones de la OAC, como las contenidas en el documento
Incluso, Vilagrà apunta que se ha incrementado el control para prevenir la corrupción con los fondos Next Generation. «Como resultado de la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se han activado varias medidas», informa. De este modo, «se ha elaborado un plan de medidas antifraude en la ejecución de actuaciones financiadas». Un sistema que ha potenciado «las medidas relacionadas con los conflictos de interés y en especial la evaluación de riesgos de fraude y corrupción, basados en la probabilidad de ocurrencia del riesgo y de la magnitud de su impacto».
