El gobierno de Salvador Illa acumula problemas sociales y económicos como la peste porcina, la vivienda y las protestas de diferentes sectores de la función pública como médicos, profesores y Mossos d’Esquadra. Además, a todos estos problemas se suma la imposibilidad del ejecutivo socialista de aprobar unos nuevos presupuestos antes de que termine el año porque no hay tiempo material para hacerlo. Esta situación abocará al Gobierno, a pesar de que la consejera y portavoz Sílvia Paneque evite confirmarlo desde hace unas semanas en las ruedas de prensa posteriores al Consell Executiu de cada martes, a tener que prorrogar las cuentas de la Generalitat de 2023 aprobadas durante la presidencia de Pere Aragonès.
El año pasado el decreto de prórroga que entró en vigor el pasado 1 de enero se aprobó en la reunión del Consell Executiu celebrada el 17 de diciembre de 2024. Este año los tiempos pueden ser similares y la prórroga se aprobará el próximo día 16, el martes que viene, sobre todo teniendo en cuenta que la semana de Navidad está prevista la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para hacer balance del segundo año de Gobierno. De hecho, la comparecencia de Illa del año pasado se celebró el lunes 23 de diciembre de 2024. El Gobierno y la consejera de Economía, Alícia Romero, están definiendo el proyecto de presupuestos y confían tenerlos definidos a principios de 2026 después del “paso adelante” en la financiación, pero para aprobarlos necesitarán el apoyo de Esquerra Republicana y Comuns, que son socios prioritarios para el Ejecutivo.
Emergencia en Cataluña: la peste porcina sin conocer el origen del foco
El Gobierno ahora mismo centra buena parte de sus esfuerzos en poner solución al brote de peste porcina africana (PPA). De hecho, esta semana se ha decretado la emergencia en Cataluña por la peste para todas las actuaciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y los contagios. Además, el ejecutivo tiene pendiente poner en marcha la Mesa del Jabalí, que arrancará «en los próximos días» una vez ya se tiene casi lista su composición. El órgano debe hacer una propuesta de calendario, actuaciones y qué responsabilidades tendrá cada colectivo en las capturas de jabalí durante el próximo año y debe fijar un objetivo.
Por otro lado, y a pesar de que el Gobierno había dicho que el brote estaba relacionado con un bocadillo de embutido contaminado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha pedido ahora «prudencia» sobre el origen del brote de la peste porcina y ha manifestado que se mantienen abiertas «todas las hipótesis», también la del origen en un laboratorio. Este próximo lunes, según ha reconocido el mismo consejero, el ejecutivo tendrá sobre la mesa el primer informe de los expertos que analizan el brote. Òscar Ordeig ha prometido «transparencia, luz y taquígrafos» sobre el caso, y a pesar de afirmar que los laboratorios de Cerdanyola del Vallès son de los «más seguros» del mundo no ha descartado que el brote porcino saliera del IRTA-CReSA de Collserola, que depende de la Generalitat. Con todo, ha pedido «tiempo, paciencia y prudencia» para estudiar el posible origen.
Médicos, profesores y Mossos en pie de guerra
Por otro lado, el Gobierno debe hacer frente a las reivindicaciones de diferentes colectivos de la función pública como los médicos, el profesorado y agentes de los Mossos d’Esquadra, que están en pie de guerra. Esta misma semana los médicos han celebrado dos jornadas de huelga y tienen previsto hacer dos más el 14 y 15 de enero de 2026. Con concentraciones frente a la sede de la Consejería de Salud, en Barcelona, los facultativos sanitarios han reclamado un convenio propio y el fin de las guardias de 24 horas. Médicos de Cataluña ha dejado claro a la Generalitat que las protestas no se detendrán porque los profesionales están «obstinadamente alzados» y que no piensan parar hasta lograr sus objetivos. De momento, el ejecutivo mantiene un perfil bajo públicamente y solo Paneque se ha pronunciado sobre las reclamaciones que hacen. «Escucharemos y ya se verá si se pueden atender algunas de las demandas», ha sentenciado.
Por otro lado, el Gobierno tiene otro frente abierto con el profesorado, que el pasado mes de noviembre ya salió a la calle en una manifestación multitudinaria para reclamar mejoras laborales. Los sindicatos CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC) y CGT han comenzado esta semana un encierro en el edificio anexo al Departamento de Educación y advierten que no lo abandonarán hasta que no haya un compromiso «firme» por parte de la consejería para garantizar el complemento de 473 euros para todo el personal laboral que reclaman. El encierro se inició el miércoles por la noche después de que la reunión de la tarde no permitiera desbloquear la situación. «Continuaremos aquí hasta que el Departamento se mueva», ha manifestado Ana Franganillo, representante de CCOO. Los sindicatos reclaman a la consejera Esther Niubó que se implique en la negociación para desbloquear la situación, pero admiten que «nadie» del Departamento ha tenido interés en hablar con la quincena de representantes sindicales encerrados en la sede de la Consejería, un hecho que califican de «desprecio endémico».
Si esto no fuera suficiente, esta semana también han salido a la calle cuatro sindicatos de los Mossos d’Esquadra –USPAC, CCOO, SPC y SEI– y han protestado frente a la comisaría de Travessera de les Corts, en Barcelona. Coincidiendo con la decimoquinta reunión de negociación sobre las condiciones laborales de los policías de la Generalitat, los representantes sindicales han mostrado su enojo ante el colapso de la negociación. Consideran que ni la consejera de Interior, Núria Parlon, ni el director general de la Policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, quieren adquirir ningún compromiso con los preacuerdos negociados. Así, según denuncian, continúan sin aportar garantías sobre demandas históricas en la negociación como el límite anual de horas de trabajo o el incremento retributivo para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 17 años.
La última patata caliente: la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
ERC y Comuns, socios prioritarios para el Gobierno, han criticado la «mala gestión y los errores» del ejecutivo de Illa al revisar la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de entre 20,000 y 50,000 habitantes y han reclamado compensaciones a aquellos que han hecho inversiones para aplicarlas aunque no tengan la obligación de hacerlo y que, finalmente, no debían hacerlo. En un comunicado conjunto, las dos formaciones recuerdan que a partir de 2026, según la ley de cambio climático española, los municipios entre 20,000 y 50,000 habitantes debían implantar ZBE siempre que se superaran los límites marcados de emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas contaminantes. Además, el gobierno español, a finales de 2024, aprobó un decreto que añadía a estos dos indicadores el ozono, y requería a la Generalitat una revisión anual del cumplimiento de estos valores.
Esta revisión establece que 24 municipios catalanes que debían tener inicialmente ZBE no tienen esta obligación por haber mejorado la calidad del aire. Según denuncian los dos socios prioritarios del ejecutivo, el Gobierno de Illa no publicó en el DOGC esta revisión, un hecho que, según ellos, ha provocado «incertidumbre, confusión, inversiones económicas innecesarias y trabajo en vano a ayuntamientos que han preparado este despliegue creyendo que tenían su obligación cuando, en realidad, no era así». Por eso, han reclamado a la consejera Sílvia Paneque que comparezca ante la comisión de Transición Ecológica del Parlamento para dar explicaciones sobre este tema, junto con la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Sonsoles Letang.
