El realojo de los migrantes expulsados del antiguo instituto B9 de Badalona ha abierto una crisis institucional entre la Generalitat y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, a quien el Gobierno y las entidades acusan de desentenderse del futuro de las 400 personas desalojadas hace una semana. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha criticado la “inacción” del Ayuntamiento de Badalona ante la situación “de emergencia” que vive la ciudad por el desalojo, mientras que la Fiscalía quiere saber qué planes tiene el consistorio de Badalona para buscar una alternativa a los migrantes, tal como exigía la resolución judicial que autorizaba el desalojo. Además, el eurodiputado de los Comunes, Jaume Asens, ha denunciado a Albiol ante la Fiscalía de delitos de odio.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Martínez Bravo ha cuestionado que la “cuarta ciudad más poblada de Cataluña no tenga los recursos mínimos para abordar situaciones de emergencia” como esta. “Son vecinos y vecinas de Badalona”, ha defendido. La consejera ha explicado que 120 de las 180 personas identificadas como vulnerables han encontrado un alojamiento “temporal” para pasar las fiestas de Navidad y cuestiona el momento elegido para ejecutar el desalojo. “No es de humanidad haber sacado a todas estas personas y haberlas dejado en la calle” en una “situación de emergencia climática” por las lluvias y el frío.
La consejera de Derechos Sociales considera que los migrantes desalojados deben poder quedarse en Badalona, pero la tensión vivida los últimos días dificulta buscar una solución para que “echen raíces allí donde son vecinos”. De hecho, ha reconocido que la Generalitat ha renunciado al dispositivo de acogida en la parroquia Mare de Déu de Montserrat por “falta de seguridad” y ha admitido que muchos migrantes “tienen miedo” de la reacción de algunos grupos de vecinos y de la “criminalización de su situación”. Por su parte, Albiol, que desde el primer momento ha dicho que no quiere que los migrantes se queden en Badalona, ha justificado que el albergue municipal “no está en condiciones” para acoger a los desalojados.
¿A dónde han ido los desalojados?
Según las informaciones de que dispone Derechos Sociales, 120 de las 400 personas desalojadas del antiguo instituto B9 ya han encontrado un alojamiento temporal. La Cruz Roja trasladó el martes a una treintena de migrantes que acampan bajo un puente de la carretera C-31 de Badalona, donde aún hay entre 70 y 90 personas más que han optado por quedarse porque no quieren irse de la ciudad. Además, varias entidades sociales han podido alojar a 52 migrantes más y se ha encontrado una alternativa para la quincena de personas que ocupaban el antiguo albergue Can Bofí Vell y una decena más fueron ubicados el sábado en un casal independentista.
El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya ha denunciado que un acuerdo «insuficiente y sin garantías» ha permitido que Albiol «expulse» de la ciudad «a los vecinos que residían» en el antiguo instituto B9. La entidad acusa «al PSC de Illa» de ser «tan responsable» de la situación «como el PP de Albiol», ya que fue el Gobierno el que «coordinó» el dispositivo policial para realizar el desalojo.
La Fiscalía pide información a Albiol
La Fiscalía ha solicitado al juzgado que autorizó el desalojo que requiera «de forma urgente» al Ayuntamiento de Badalona «de qué manera está cumpliendo con el mandato» que obliga a los servicios municipales a prestar «la atención adecuada a las personas sin hogar». Las protestas vecinales contra la presencia de los inmigrantes cuentan con el apoyo del alcalde, que ha manifestado en varias ocasiones que no los quiere en la ciudad. El ministerio fiscal también ha reclamado al juzgado que requiera a Albiol «las previsiones de procurar pronto un recurso de vivienda a las personas que desde hace más de cinco días permanecen en la calle», según explican fuentes de la Fiscalía.
En cuanto a la denuncia de Asens, el eurodiputado acusa a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. “Albiol se cree que Badalona es Estados Unidos y que puede actuar como Trump, pero no puede estar por encima de la ley”, ha dicho Asens en una entrevista en Catalunya Ràdio. “La democracia se mide por cómo tratamos a las personas más vulnerables”, ha recordado el eurodiputado, que considera una “decisión política” la falta de ayuda a los desalojados. “No quiere que los acoja nadie. Quiere que estén en la calle y que sufran frío (…). Por suerte, no ha habido ninguna desgracia, pero si aquí hay una persona que muere por las condiciones de frío extremo o por lo que sea, será responsabilidad del señor Albiol”.
