Hace poco más de un año, el 26 de marzo de 2024, el pleno de la Sindicatura de Cuentas abría la caja de los truenos. Los síndicos aprobaban un durísimo informe sobre la gestión económica y contractual de una de las áreas más sensibles del Gobierno, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Desde entonces, el debate sobre la opacidad y las irregularidades en su gestión durante los últimos años ha ganado posiciones y ha provocado que el funcionamiento de esta dirección general sea más discutido que nunca.
La crisis ha ido creciendo hasta el punto de que abrió una dura batalla entre ERC y Junts en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas, y el pasado 23 de marzo el Gobierno de Salvador Illa cesó a dos de los máximos dirigentes del organismo, que forma parte del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, en manos de la consejera Mónica Martínez Bravo. En concreto, se destituyó a la directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, nombrada el pasado mes de septiembre –ya en la etapa de Illa–, y a su subdirector, Joan Mayoral. Un cese opaco que el Gobierno justificó con una débil referencia a la «falta de entendimiento».
Ahora, una respuesta parlamentaria de la consejera y documentos aportados por el departamento a la cámara catalana delatan los motivos del desorden de esta dirección general. De hecho, la consejera recupera parte de los informes jurídicos que la DGAIA aportó a la Sindicatura de Cuentas para justificar las posibles irregularidades, pero también admite un incremento del gasto, sin concretar en qué centros ni a qué se destinan los fondos adicionales, alegando la legislación de protección de datos. Documentos que insisten en el «desbordamiento» que supone la demanda y los cambios normativos para hacer las adjudicaciones y las renovaciones contractuales. La consejera ha anunciado una auditoría porque, según ha dicho en respuesta a las preguntas parlamentarias de la CUP, son «conscientes de que se han encontrado cosas que se deben cambiar” y que «han tenido informaciones o indicios de algunas incidencias que se están abordando».
«Desbordamiento» y «presión de los municipios»
En la respuesta parlamentaria, presentada el pasado 6 de marzo en el Parlamento y a la que ha tenido acceso El Món, la consejera aporta las alegaciones y los informes jurídicos presentados a la Sindicatura para el informe 3/2024 sobre la situación de los centros gestionados por la DGAIA. En este sentido, los documentos contextualizan como motivo del desorden «la llegada masiva de jóvenes» a partir de 2016 -que tuvo su punto álgido en 2018-, que «provocó, no solo un desbordamiento del sistema de protección de la infancia y la adolescencia de la administración, sino también una presión importante de los municipios receptores de los nuevos recursos para acoger a estos jóvenes migrados solos y una presión mediática, de medios de prensa oral y escrita».
En este paquete, la DGAIA también incluyó, como motivos del desorden contable, la aplicación del 155 sobre la administración de la Generalitat, que a finales de 2017 «paralizó en gran medida el funcionamiento de la administración de la Generalitat de Cataluña y provocó el retraso o la parada de los procedimientos administrativos de toda índole». Asimismo, añaden «la falta de disponibilidad de crédito debido a la situación continuada de prórroga presupuestaria durante los ejercicios 2018 y 2019». Y en último término, «la situación de emergencia sanitaria global motivada por la pandemia de la Covid-19, durante el año 2020, que requirió el establecimiento y aplicación de nuevas medidas organizativas en el sistema de protección de la infancia para mitigar o evitar los contagios».
Prórrogas poco claras de contratos con los centros
La respuesta también intenta ir punto por punto sobre las prórrogas contractuales y el incremento del gasto. Así, detalla que en el año 2017 las prórrogas de los contratos para gestionar los centros de acogida y residenciales se llevaron a cabo por «interés público». La DGAIA debía adaptarse a los nuevos requerimientos legales y no requerían nuevas adjudicaciones, «ya que las modificaciones se aplicaban por igual a todos los servicios contratados y podía perjudicar la estabilidad de los niños y adolescentes acogidos en los centros». Además, resalta que las «modificaciones» de los contratos y las adjudicaciones «no se hacían en perjuicio de otras entidades que no hubieran participado en los contratos», porque «uno de los problemas que se debía afrontar en este período era que no había otras entidades con la capacidad y la voluntad de asumir la gestión de estos servicios». Es decir, que, según la DGAIA, no había posibilidad de competencia en el mercado porque no había entidades que pudieran asumir ni nuevos contratos ni nuevos servicios. La DGAIA era cautiva de sus proveedores, según alega en los documentos.
Por otro lado, los informes aportados por la consejera también esgrimen una alegación ya presentada a la Sindicatura sobre la prórroga de 181 contratos en el año 2018. Además, en 112 de estas prórrogas no se firmó ningún documento. Según el departamento, esta irregularidad fue causa de la aplicación del 155, que paralizó y retrasó los procedimientos a tramitar hasta el mes de junio de 2018. Siguiendo este hilo, el departamento remarca que las prórrogas, finalmente, no fueron formalizadas hasta los meses de julio y septiembre, porque quien entonces actuaba como órgano de contratación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no se hizo cargo. Ahora bien, la DGAIA admite que solo formalizó 43 prórrogas.
Deudas adicionales y procesos de emergencia
Por otro lado, la consejera también responde al reconocimiento de una deuda «adicional» de 86,62 millones de euros para 153 centros que autorizó Dolors Bassa cuando era la titular del departamento. En este sentido, defiende que la ampliación de esta deuda le permitía un acuerdo de Gobierno previo que autorizaba a regular «con posterioridad, expedientes e importes que no figuraban en el mismo acuerdo de Gobierno» que establecía los gastos. Asimismo, la consejería también defiende que los años 2018, 2019 y 2020 el entonces consejero, Chakir El Homrari, contrató por el procedimiento de emergencia de manera generosa.
Para los servicios jurídicos del departamento, la emergencia estaba justificada por el «peligro grave» que suponía la «situación de desamparo» de muchos menores y la avalancha de chicos que llegaron esos años, que se sumaban a los llegados los años anteriores. Incluso, recuerda que durante algún ejercicio se tuvo que tirar de los «fondos de contingencia» de la Generalitat, es decir, recursos previstos para catástrofes o situaciones de máxima urgencia. Como ejemplo, Derechos Sociales recuerda que en el año 2019 el presupuesto inicial era de 221.946.438,52 euros y el definitivo se elevó a 331.521.814,31 euros, 110 millones de incremento.
Más gasto, sin especificar dónde
En cuanto a los centros que han visto incrementado su costo anual para poder atender las necesidades urgentes, el departamento admite que son 16 centros de acogida; dos centros terapéuticos; 39 Centros Residenciales de Acción Educativa; un piso de protección individual y un Centro Residencial de Educación Intensiva. Un crecimiento de gasto similar desde el año 2018. Del año 2017, el departamento reconoce que no puede obtener estos datos.
Ahora bien, el departamento no explica ni detalla la cantidad de recursos destinados a cada centro, ni siquiera da una lista de cuáles son los centros. El motivo alegado es que son «datos reservados». Según la administración, las denominaciones de los recursos destinados y su localización son materia reservada y es información «no sometida a las normas de transparencia».
