El presidente español, Pedro Sánchez, está cada vez más resignado a enfrentar otro año sin presupuestos, pero eso no cambia sus planes de alargar la legislatura al máximo y no piensa convocar elecciones. El PSOE lleva meses manteniendo negociaciones preliminares con los grupos parlamentarios para intentar hacer un borrador de presupuestos, pero la endiablada aritmética que sustenta su gobierno, unida a la perenne competición electoral en la que viven los duetos Sumar-Podemos, Junts-ERC y PNB-Bildu, hace que cada semana haya un nuevo obstáculo que impide avanzar de manera efectiva. Pero el gran escollo son los partidos catalanes. ERC hace tiempo que ha dicho abiertamente que no negociará los presupuestos del 2025 y que está por ver qué pasará con los del 2026, mientras que Junts pone un precio tan alto a cada negociación que es prácticamente imposible que Sánchez tenga algo que ofrecerles a cambio del trance de apuntalar un poco más el gobierno español.
“Se prorrogarán los presupuestos, sin duda alguna”, espetó Sánchez desde Bruselas después de la reunión del Consejo Europeo de este jueves en Bruselas. Los socialistas, con más o menos entusiasmo, se resisten a renunciar oficialmente a los presupuestos. Sánchez, muy aficionado a los símiles futbolísticos, asegura que continuará “sudando la camiseta” y que “no se rinde”, pero en la sala de máquinas de la Moncloa son conscientes de que se encuentran ante una tarea casi imposible. Aun así, el buen rumbo de la economía y la pacificación de Cataluña a base de promesas que nunca cumple le dan cierto margen para aguantar hasta el 2027. El presidente español ha dejado claro que no piensa adelantar elecciones porque el país “necesita estabilidad” y considera que los presupuestos del 2023, los últimos que aprobó, son “progresistas” y le permiten dar respuesta a “muchas de las políticas sociales” prometidas a los grupos parlamentarios que lo invistieron.
El gobierno español, dispuesto a pasar sin presupuestos
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, también ha expresado el sentimiento mayoritario del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Hay que ser claros”, ha reconocido en una entrevista a Antena 3. Torres ha insistido en que el gobierno español trabaja para poder presentar un proyecto de presupuestos para el 2025, pero que no harán nada si no tienen asegurados los votos, algo que ahora mismo es bastante complicado. “Trabajamos para presentarlos”, ha dicho. “Pero también debemos ser claros, necesitamos apoyos para sacar adelante los presupuestos y estamos negociando”. El ministro ha reconocido que, si es necesario, el ejecutivo de coalición continuará gobernando sin presupuestos y con los “acuerdos” que aprueba el Consejo de Ministros. Con todo, Torres recuerda que todavía hay tiempo y que no sería la primera vez que se aprueban unos presupuestos en verano. “Nuestra voluntad era hacerlo en el primer trimestre, y no renunciamos a poder presentar las cuentas del año 25, porque ya lo hemos hecho desde los ministerios al anteproyecto, y creo que es muy importante que podamos tener estas cuentas para nosotros, para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales”, ha insistido.
Junts evidencia la fragilidad parlamentaria de Sánchez
La fragilidad parlamentaria del gobierno Sánchez ha vuelto a quedar patente esta semana después de que Junts se haya sumado a PP y Vox para votar en contra de la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública. A pesar de haberle dado apoyo durante toda la tramitación en el Congreso, el partido de Carles Puigdemont cambió de opinión a última hora y votó en contra como represalia por la negativa del gobierno español a aplicar una moratoria a la vida útil de las plantas de purines Alcarràs (Segrià) y las Masies de Voltregà (Osona). “Ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos de Cataluña”, justificó el jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
El ‘no’ de Junts a la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública se empezó a gestar a primera hora de la mañana, durante la Junta de Portavoces. Junts, ERC y el PP pidieron que se eliminara del orden del día el debate y la votación de la ley de desperdicio alimentario –donde los independentistas habían hecho enmiendas para aplicar la moratoria de los purines–. El PSOE rechazó la petición y la ley se debatió y aprobó con normalidad, por lo que Junts decidió cambiar el sentido de su voto y tumbar la creación de la agencia estatal.
