El gobierno español ha dado su versión sobre los acuerdos con Junts que permitieron salvar a última hora dos de los tres decretos que se votaban este miércoles en el Congreso. Después de varias horas de silencio, durante las cuales la Moncloa ha dejado todo el protagonismo al partido de Carles Puigdemont, dos de los pesos pesados del gobierno de Pedro Sánchez han confirmado los diversos pactos cerrados con la formación independentista, pero han rebajado su alcance. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha explicado a la prensa que la cesión de las competencias en inmigración se hará a través de una ley orgánica, pero ha evitado concretar la letra pequeña y ha dejado los detalles por cuando se elabore la ley, que contará con la participación del resto de socios de investidura y de la misma Generalitat.
El PSOE también ha rebajado otro de los grandes anuncios de Junts: la publicación de las balanzas fiscales. Se trata de una documentación muy sensible porque permite poner cifras al déficit fiscal que denuncia Cataluña desde hace décadas. Pero el gobierno español ya ha avisado que no se publicarán. El Ministerio de Hacienda, que lidera la propia Montero, abrirá las bases de datos para que las comunidades autónomas puedan elaborar las balanzas fiscales, con lo cual serán los gobiernos regionales quienes harán los cálculos y publicarán los resultados. Esto dará a Hacienda la coartada perfecta para desvincularse de cualquier reivindicación que se pueda derivar, como un mejor sistema de financiación para Cataluña.
Los socialistas defienden que permitir el acceso a los datos de Hacienda permitirá ganar “transparencia y capacidad de conocer con precisión la balanza fiscal de cada comunidad autónoma”, puesto que cada gobierno podrá “aplicar su metodología y publicar sus conclusiones”.
Supresión del polémico artículo sobre la amnistía
Otro de los puntos acordados entre Junts y el PSOE es la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, que según la formación independentista ponía “en riesgo” la aplicación de la ley de amnistía porque permitía la suspensión de causas judiciales cuando un tribunal elevaba una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que este no se pronunciara. Según el PSOE, la eliminación del artículo no supone ningún cambio importante por qué los tribunales “conservan su plena capacidad de elevar cuestiones prejudiciales y acudir al TJUE” y también “de suspender los procesos afectados mientras resuelve la justicia europea”. La diferencia era que una sola cuestión prejudicial podía paralizar muchas causas relacionadas y ahora se tendrá que hacer una por una.
No se multará a las empresas que no vuelvan
En cuanto al retorno de las empresas que marcharon por el 1-O, el gobierno español asegura que aprobará un plan para revertir los efectos del decreto impulsado por Mariano Rajoy que facilitó el traslado de las sedes sociales de centenares de compañías. Ahora bien, la medida no generará ninguna obligación para las empresas afectadas ni tampoco se contempla ninguna sanción. Montero ha asegurado que se cumplirá la legalidad de manera “escrupulosa”, lo cual significa que “no haya ingeniería fiscal declarante la actividad principal a un lugar y poniendo la sede social a otra”. La ministra ha defendido la “libre circulación de empresas” y ha dicho que vigilarán que “cuando la actividad principal de una empresa esté en un lugar, sea allí donde lleve a cabo sus obligaciones tributarias”.
La ministra de Hacienda también ha matizado otro de los acuerdos con Junts: las aportaciones del Estado a las bonificaciones del precio de los billetes del transporte público. A pesar de que Nogueras anunció que el Estado asumiría en solitario toda la bonificación, Montero ha explicado que el compromiso del gobierno español es que el Estado no condicionará la aportación de su 30% al hecho que las comunidades aporten el 20% restante. “El Estado asumirá el 30% de la subvención con independencia del hecho que comunidad asuma su 20%”.
