La Moncloa tiene asumido que, si la ley de amnistía supera todas las trabas políticas y judiciales, Carles Puigdemont tarde o temprano volverá a Cataluña, pero de momento no quiere poner una fecha concreta para su retorno. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha reconocido que es “imposible” que la ley de amnistía pueda entrar en vigor este año —entre otras cosas porque el PP ya maniobra para retenerla al menos dos meses en el Senado— y apunta que “con toda seguridad” será a lo largo del 2024. La tramitación parlamentaria se alargará durante meses y posteriormente el Tribunal Constitucional tendrá que resolver los recursos de la derecha y las cuestiones de inconstitucionalidad que presentarán la mayoría de jueces.
«Una vez entre en vigor veremos el recorrido judicial que tiene» porque «son los jueces los que se tienen que pronunciar y aplicar la ley en cada caso concreto», ha afirmado Bolaños en una entrevista en RAC1. El ministro y hombre fuerte de Sánchez en las negociaciones de investidura también ha asegurado que no tiene dudas de que Felipe VI firmará la ley. «El rey cumple escrupulosamente sus funciones constitucionales, y una de ellas es firmar las leyes que salen de las Cortes». Los socialistas han optado por registrar en solitario la ley de amnistía por las reticencias de algunos partidos. ERC todavía quiere revisar algunos “flecos” y el PNV ha dicho que no ha visto ningún texto, mientras que Junts ya lo da por bueno.
Una ley consensuada y tramitada de urgencia
El PSOE ha registrado la amnistía como una proposición de ley y ha pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia, por lo cual el texto se podría remitir en el Senado en el plazo máximo de un mes. Fuentes del Congreso aseguran que la Mesa lo aceptará a trámite la semana que viene. El procedimiento de urgencia recorta los plazos en la mitad. Si el PP finalmente reforma el reglamento del Senado, dispondrá de dos meses para tramitarla y devolverla en el Congreso. Esto sitúa la aprobación definitiva a finales del primer trimestre del 2024, puesto que el mes enero acostumbra a ser inhábil a las Cortes españolas.
El ministro ha aprovechado para poner distancia entre la proposición de ley registrada por el PSOE, que es “plenamente constitucional”, y la que entraron a registro los partidos independentistas en marzo de 2021, que era “claramente inconstitucional”. Bolaños cree que entre los dos textos hay “diferencias de fondo” y recuerda que la proposición actual «es un texto muy pactado, avanzado y consensuado» tanto con ERC como con Junts. A pesar de las dudas expresadas a última hora por los republicanos, el dirigente socialista considera que el texto presentado por el PSOE es “bueno” y que era necesario darlo a conocer porque “había muchas opiniones” sobre la ley basadas en especulaciones y había que reorientar el debate hacia certezas.
