El PSOE ha enviado a los grupos del Congreso una adaptación de la iniciativa legislativa popular (ILP) que solicitaba regularizar a los migrantes que llegaron al estado español antes de 2025. El texto de la propuesta, que aún debe negociarse con la oposición, propone una «autorización de circunstancias excepcionales única» que «habilita a residir y trabajar» a muchos de los migrantes que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2024. El gobierno español firmaría un decreto en un plazo de seis meses, enmendando así los vacíos que deja el decreto de extranjería, cuestionado por diferentes entidades de derechos sociales.
La regulación de extranjería, que entra en vigor este martes, no tiene en cuenta el tiempo que pasan en España de forma legal -mientras esperan la resolución- las personas que han hecho una solicitud de protección internacional. Según está planteada la regulación, estos meses o años no computan de cara a la regularización de su situación y, en caso de que se les deniegue la protección, tendrían que esperar dos años hasta poder iniciar formalmente nuevos trámites. La Moncloa insiste en que el decreto de extranjería «mejora y flexibiliza los requisitos» para una autorización de residencia, pero admite al mismo tiempo que «hay un número importante de personas que no podrán obtener esta autorización a pesar de que están en España desde hace mucho tiempo».
La ILP llevaba un año estancada en el Congreso
La ILP que solicitaba esta regularización, de la que se nutre el texto que ahora ha presentado el PSOE, llevaba un año estancada en el Congreso. En todo caso, los socialistas han dado ahora un giro, recogiendo parte del documento que presentaron en las cortes un millar de entidades. En la parte en la que el PSOE argumenta los motivos para impulsar la nueva regulación -documento que recogen las agencias-, el partido expone que «la nueva situación geopolítica internacional, las nuevas causas de movilidad humana que se suman a las causas de siempre, la inestabilidad en muchos países inmersos en conflictos bélicos o institucionales, junto con el cambio climático, derivan en la intensificación de la movilidad humana en todo el mundo».
La nueva propuesta socialista llega tras la preocupación expresada por las entidades y también en medio de la confrontación con Podemos, muy crítico con el traspaso de competencias a Cataluña. El partido de Ione Belarra ha cuestionado las intenciones de Junts con esta ley, incluso acusándolo de alinearse con la derecha más extrema. El PSOE se acerca así a Podemos, que también insistía en que se tramitara la ILP. La misma Belarra ha reaccionado al anuncio, pidiendo celeridad al ejecutivo. «Si el Gobierno de España quisiera de verdad, y no estuviera solo buscando un titular, hacer una regularización extraordinaria, mañana mismo podría hacerlo».
