La historia, aunque sea reciente, tiene una tendencia irresistible a repetirse. No hace falta mirar mucho atrás para encontrar un gobierno socialista español asediado por diversas causas judiciales y presionado por sus pactos con los nacionalistas catalanes. El ejemplo más cercano es la legislatura de 1993 a 1996. Una de las frases más emblemáticas vinculadas a la llegada del PP al poder, con José María Aznar como protagonista, fue aquel famoso «Váyase, señor González». Un lema de guerra política que dio las llaves de la Moncloa a la derecha española por un estrecho margen de 290.328 votos en las elecciones adelantadas de marzo de 1996. Fue una «victoria amarga» del PP y una «derrota dulce» del PSOE –según quiso leerla Felipe González–, pero inició la era que Manuel Vázquez Montalbán definió como «Aznaridad».
La herramienta principal del PP para alcanzar la Moncloa fue utilizar la presión mediática contra un PSOE que se arrastraba en varios frentes judiciales, con escándalos de lo que entonces se llamaba la beautiful people y, sobre todo, los pactos de los socialistas con los nacionalistas vascos y catalanes, entonces en espacios en el Congreso como Minoría Catalana, con personajes como Miquel Roca, que se despidió de su escaño en Madrid describiendo el clima político del momento, 1994, como «tiempo de zozobra y desconfianza». La llegada del PSOE de Pedro Sánchez también fue en situaciones comparables, la corrupción de la Gürtel hizo insostenible, incluso para el PNV, la continuidad de los populares, y una moción de censura expulsó de la Moncloa a Mariano Rajoy en junio de 2018.
Los paralelismos entre el final del gobierno de Felipe González y la situación actual
La situación del momento, salvando las lógicas distancias que han generado las tecnologías de la comunicación, tiene suficientes puntos de conexión con la legislatura de 1993 a 1996, marcada por una tensión y una agresividad política encarnizada que remontaba la crisis económica post 1992. Casos con claros indicios de corrupción, como el caso Koldo, la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez y la de su hermano por supuestos delitos de prevaricación, la derecha judicial y del ministerio fiscal especialmente excitada, y los pactos ahora ya con el independentismo, como la ley de amnistía, permiten comparar las dos situaciones, a pesar de que han pasado casi treinta años y tres presidentes españoles. Incluso, siguiendo algunas conversaciones, hay coincidencias en algunas actitudes privadas de los protagonistas reprobables.
El caso GAL, el paradigma
El gobierno socialista superó todos los límites en la época de Felipe González con los GAL, el terrorismo de estado. Un caso que terminó con un ministro del Interior, José Barrionuevo, en la cárcel aunque después fue indultado, la Navidad de 1998. Igual que su compañero de secuestros y asesinatos, Rafael Vera, que había sido su secretario de Estado para la Seguridad. El caso GAL se dividió en dos etapas perfectamente definidas. Una primera parte abierta en 1988 con el caso Amedo, en referencia a los policías José Amedo y Michel Domínguez, y su implicación en el caso de Segundo Marey. Y una segunda parte en 1994, cuando el magistrado Baltasar Garzón, que había sido número dos del PSOE por Madrid en las elecciones al Congreso de 1993, dejó su escaño, reabrió el caso GAL y encarceló a los dos policías que, finalmente, y a cambio de sus confesiones, quedaron en libertad.
Vale decir que Garzón, como expolítico desencantado del PSOE, fue recusado por Barrionuevo y Vera. Incluso se querellaron contra él, alegando su «enemistad manifiesta» con los investigados, excompañeros políticos con los que acabó como el rosario de la aurora. Ni la sala de apelaciones ni el Tribunal Supremo tuvieron el coraje de quitarle la instrucción del caso número 1 de la agenda política y social al juez estrella del momento, aunque había evidentes motivos para retirarle la causa.
El verano de 1995, la prisión y un curioso cambio estratégico en la defensa de policías y políticos implicados, provoca un verdadero terremoto. Ricardo García Damborenea, exsecretario general del PSE en Vizcaya, implica a Felipe González como señor X de los GAL, además del vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, y el secretario de organización del PSOE, el entonces poderoso Txiki Benegas. Garzón elevó el caso al Tribunal Supremo, por la condición de aforado de González. Un sumario que recayó en el magistrado Eduardo Móner, que, finalmente, tras una discreta instrucción, decidió no imputar a González por falta de pruebas, una decisión que ratificó la sala penal. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.
El caso Roldán, el vodevil de la corrupción
Una de las medidas estrella del gobierno socialista fue que, por primera vez, nombró a un civil como director general de la Guardia Civil. Una institución sagrada en la estructura política y administrativa del Estado. El instituto armado es considerado como el elemento que articuló el estado liberal y el nuevo orden que se imponía en España a mediados del siglo XIX. Roldán, sin embargo, fue civil pero no un director ejemplar, ni de lejos. De hecho, terminó condenado a 28 años de prisión por enriquecerse a cuenta de los fondos del instituto armado. Un asunto que llegaba después de destaparse el caso de los fondos reservados, es decir, cómo altos cargos de Interior utilizaban dinero destinado a confidentes o a pagos clandestinos en el amplio concepto de la seguridad del Estado para ampliar su patrimonio.
Pero el caso Roldán no solo fue un caso de corrupción escandaloso, sino que se le añadieron una serie de despropósitos, como su fuga extravagante, su desaparición durante prácticamente un año y su estrambótica detención. La sentencia del caso, de 21 de diciembre de 1999, de la cual fue ponente el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, es demoledora: comisiones por obras y servicios, contrataciones que nunca se llevarían a cabo, sociedades pantalla para encubrir el dinero robado y desvío de dinero de los fondos reservados. Según los cálculos del Supremo, Roldán acumuló hasta 400 millones de las antiguas pesetas. El salario mínimo de la época era de 58.530 pesetas. Además, el caso se engrosó aún más con una serie de fotografías e imágenes de Roldán en orgías y fiestas a cargo de los fondos públicos que enervaron la opinión pública. Tanto es así que, según el CIS de mayo de 1994, incorporado en un magnífico estudio sobre la corrupción en España de Belén Barreiro e Ignacio Sánchez Cuenca, era el caso que más había «alarmado» a la sociedad, con un 65,3% de los encuestados citándolo como motivo de preocupación, muy por delante de otros casos como el de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, con un 20,7%.
La fuga y el ridículo
Más allá del robo sistematizado que lo llevó a la misma prisión donde estaría años después el yerno de Juan Carlos de Borbón, Iñaki Urdangarin, la de Brieva –donde estuvo diez años–, cabe destacar su fuga previa, donde aparecen personajes muy actuales. La detención de Roldán había ido a parar al Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, entonces regentado por la magistrada Ana Ferrer, que años después formaría parte del tribunal del Proceso que condenó a los líderes institucionales y civiles del Primero de Octubre a un total de casi 100 años de prisión. Durante la instrucción del caso, Ferrer le retiró el pasaporte a Roldán, que no se lo pensó y huyó igualmente. Días después, era entrevistado por El Mundo en París, donde amenazaba con «levantar la alfombra» porque era «el basurero del partido». La marcha de Roldán provocó la dimisión del ministro del Interior de entonces, Antoni d’Asunción.
A partir de la fuga, el caso solo mejoró mediáticamente. Diez meses después, los servicios secretos españoles detectaron a Roldán en Laos con un supuesto “capitán Khan” y, con el archifamoso espía español Francisco Paesa, lo detuvieron, extraditaron y encarcelaron. Una detención que fue no solo un festival de fondos reservados para colaboradores y para Paesa, sino que además abrió otro caso judicial por la irregularidad de la extradición. Los papeles para extraditarlo eran más falsos que una moneda de tres euros. En Laos, el caso fue judicializado con el nombre de “caso Luis”. El entonces ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, y su secretaria de Estado, la magistrada Margarita Robles, actual ministra de Defensa y responsable política del Centro Nacional de Inteligencia, tenían todos los números de haberse pillado los dedos. De hecho, Robles había telefoneado a la magistrada Ferrer para hacer una «entrega administrativa» de Roldán y dejar de lado las siempre complejas comisiones rogatorias. Un despropósito histórico.
Tres juzgados, espías y ministros socialistas del actual gobierno
La extradición irregular de Roldán fue a parar al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, en manos de la magistrada Maria Tardón, actualmente titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, donde sustituyó a Carmen Lamela, e instructora del caso contra Gonzalo Boye, en el sumario Mito. Tardón tenía el caso sobre la mesa, con imputaciones contra agentes de la policía y miembros de los servicios secretos, entonces Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), padre del actual CNI. Un centro que también entró en una profunda crisis en la era socialista por la dimisión del general Emilio Alonso Manglano, a raíz de las escuchas ilegales que Mario Conde -encausado por el caso Banesto- y el coronel Juan Alberto Perote habían sustraído y repartían por diferentes medios de comunicación para debilitar al gobierno y poderosas estructuras de estado. Tardón tuvo que batallar con el juez Garzón, que reclamó la causa para la Audiencia Nacional.
Llegó un momento en que el caso Roldán tenía tres frentes judiciales, los de las juezas Ferrer y Tardón y el de Garzón. La presión, sin embargo, fue a parar a las magistradas. La Abogacía del Estado y la fiscalía sudaron la gota gorda para cerrar el caso, tanto en el juzgado de Tardón como en el de Ferrer. En noviembre de 1997 se cerraba el caso de los “papeles de Laos” sin poder averiguar los autores de los hechos y abriendo un procedimiento de desobediencia grave contra los policías que habían extraditado a Roldán por falta de colaboración con la justicia. Una causa que también acabó en nada. Una de las frases del momento fue la del espía Paesa, que llegó a declarar ante Tardón que había participado en el retorno de Roldán, no por dinero, sino «por humanidad».
De Filesa a Mariano Rubio
Otros casos que fueron laminando el socialismo fue el caso Filesa, de financiación irregular del partido, y el caso Mariano Rubio, sobre las corruptelas del gobernador del Banco de España. El caso Filesa fue instruido por el juez Marino Barbero, que incluso ordenó el registro de la sede del PSOE y del Banco de España. De hecho, el nombre de Filesa es incompleto porque hay que añadir Malesa y Time Export, el nombre de las tres empresas que varios dirigentes socialistas crearon para obtener fondos irregulares para el PSOE. El caso llegó a salpicar al PSC, con el entonces senador Josep Maria Sala en medio del escenario. Sala aún continúa siendo un prohombre del aparato socialista, a pesar de haber sido condenado a tres años de prisión. El Tribunal Supremo condenó a los implicados a penas de hasta 11 años de prisión. Entonces, el secretario general del PSOE era Joaquín Almunia, que pidió disculpas a los militantes y, dos años después, veía cómo el PP obtenía una mayoría absoluta abrumadora.
El asunto de Mariano Rubio derivaba del caso Ibercorp, una sociedad de valores e inversión al servicio de la jet-set de la época, como el exministro de Economía Miguel Boyer. Una sociedad dirigida por Manuel de Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, con cuentas en negro y que utilizaba información privilegiada para asesorar inversiones, con la connivencia de funcionarios de las autoridades monetarias españolas. Rubio, casado con la novelista Carmen Posadas, fue atrapado con una cuenta de 130 millones de pesetas, pero solo estuvo quince días en la cárcel. No fue condenado ni dimitió, sino que esperó a que terminara su mandato, y el caso provocó la dimisión como portavoz socialista del exministro de Economía Carlos Solchaga. Rubio era el gobernador que firmaba los billetes de 2.000 pesetas, un billete especialmente llamativo, por el color rojo de su tinta.
Juan Guerra y Palomino, la familia y el BOE
De casos hubo muchos, pero uno que se ganó un lugar en el podio fue el caso Juan Guerra. Un sumario donde el principal protagonista fue el hermano del vicepresidente del gobierno de Felipe González y artífice en jefe de la estrategia socialista, Alfonso Guerra. Su hermano Juan tenía un despacho en la delegación del gobierno en Sevilla donde hacía y deshacía tramas urbanísticas, negocios, concesiones y adjudicaciones. Fue el primer gran juicio de corrupción en España. Alfonso Guerra tuvo que dimitir y el asunto abrió una brecha entre los guerristas y el resto del partido que prácticamente duró hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general.
Los líos de familia no terminaron ahí. El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, también fue investigado. El hermano político del presidente del gobierno ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, que se encontraba en quiebra técnica, por 310 millones, a otra empresa que sería absorbida por Dragados. El Ministerio de Obras Públicas infló sus pedidos a la compañía, un hecho que despertó todas las suspicacias mediáticas y políticas, hasta el punto de que se abrió una investigación por la mala calidad de las rejas de la prisión de Sevilla, que había construido la empresa del cuñado presidencial.
Otro de los casos sonados fue el caso BOE, por un fraude de 775 millones de pesetas por la compra del papel del Boletín Oficial del Estado entre 1989 y 1991. Ocho procesados, entre los que se encontraba la directora de la publicación, Carmen Salanueva, que murió antes del juicio, fueron absueltos. El ambiente de corrupción no solo se encontraba en las filas socialistas entonces. Casos como el de Javier de la Rosa, el de las cooperativas de la UGT, el caso de los Fondos Reservados también ayudaban a crear una biosfera política que supuso un cambio de ciclo en España con la entrada de la derecha desacomplejada al poder, que acabaría saltando precisamente por la Gürtel. Ahora, esta derecha busca repetir el ciclo de desgaste de un gobierno socialista.
