El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha hecho una defensa poco habitual del catalán antes de la reunión del Consejo General de la UE para tratar su oficialidad en la unión. «El catalán lo hablan más de 10 millones de personas, más que otras lenguas que ahora son oficiales”, ha explicado Albares, que ante sus homólogos europeos destacará «la especificidad del régimen lingüístico español, que es prácticamente único en la UE”. Después de varias semanas de conversaciones discretas, todo parece indicar que los 27 no tomarán ninguna decisión definitiva sobre la oficialidad del catalán, el eusquera y el gallego. Varios estados han mostrado sus dudas sobre la medida y reclaman más información antes de pronunciarse.
Albares también tiene previsto anunciar que las tres lenguas se podrán usar en el Congreso a partir de este mismo martes. El gobierno español confía en rebajar las reticencias de algunos estados poniendo sobre la mesa una propuesta insólita: que será el propio estado español quien asuma el coste de las traducciones adicionales que supondría oficializar las tres lenguas. Otro argumento que utilizarán para intentar convencer a los 27 será que el catalán, el eusquera y el gallego están reconocidos como lenguas cooficiales en el Tratado de Lisboa, que permite traducir el instrumento legal a los tres idiomas.
Una propuesta con muchas incógnitas
La propuesta española pretende modificar el reglamento número 1 del Consejo General de la UE, el instrumento legal que establece el régimen lingüístico en la unión y que necesita unanimidad de los estados para introducir cualquier cambio. En la reunión de este martes, Albares presentará la medida y después el resto de estados miembro expondrán sus dudas y comentarios. Fuentes diplomáticas consideran muy improbable que la iniciativa se acabe llevando a votación, a pesar de que técnicamente hay un punto del orden del día para decidir si se adopta o no. La mayoría de estados están “abiertos” a debatir la propuesta, pero no quieren prisas para aprobarla porque se tienen que resolver dudas legales, prácticas y financieras. Es muy probable que se acabe pidiendo un informe a los servicios jurídicos del consejo.
A finales de la semana pasada se produjo una reunión entre los embajadores de 14 países, que recordaron a la delegación española que todavía “hay muchas preguntas sin respuesta sobre las implicaciones políticas, legales y financieras”. El hecho de que España se haya ofrecido a cubrir el coste de contratar traductores y de cualquier otro gasto asociado a la oficialidad del catalán, el eusquera y el gallego ha tranquilizado a países como Alemania, los Países Bajos o Austria, muy reticentes a aumentar el gasto comunitario. «Esto hace más fácil que algunos gobiernos lo acepten”, explican fuentes diplomáticas comunitarias.
