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España encuentra un vacío legal para defender la oficialidad del catalán en la UE

La lucha para convertir el catalán en nueva lengua oficial dentro de la Unión Europea (UE) continúa muy viva. Este lunes, a la vigilia de la votación en el Parlamento Europeo, el gobierno español ha encontrado una nueva rendija legal para defender la oficialidad de las lenguas oficiales del Estado dentro de Europa. En su propuesta de reforma del reglamento lingüístico, la delegación española se remite al artículo 55.2 del Tratado de Lisboa, un artículo aprobado en 2007 que sostiene que este reglamento ya reconoce «como cooficiales» el catalán, el gallego y el vasco, puesto que reconoce el derecho a ser oficial al hecho que este instrumento legal sea traducido a otros idiomas reconocidos por los estados miembros. Es decir, que como que España reconoce el catalán, el vasco y el gallego como «cooficiales», Europa también tendría que hacerlo.

Se trata de una rendija legal que todavía no había entrado en vigencia en 2004 cuando el expresidente español José Luis Zapatero tiró esta misma petición en Bruselas, pero sin éxito. «Este Tratado puede ser traducido a otros idiomas como determinen los estados miembros entre aquellos que, de acuerdo con su orden constitucional, disfrutan de estatus oficial en todo o en parte de su territorio«, determina el apartado 2 del artículo 5 del Tratado de Lisboa. Encomendándose a esta pequeña rendija legal, España pretende superar el posible bloqueo de la reforma como el que se produjo en 2005 y hacerlo, sin citarlos pero, el caso irlandés, que también se impulsó el 2005 y sí que llegó a buen puerto.

El Parlamento Europeo en una imagen de archivo

El catalán, en entredicho

En las próximas 24 horas el Parlamento Europeo debatirá para hacer oficial el catalán dentro de la Unión Europea. En esta votación los 27 estados miembro tienen que estar unánimemente de acuerdo, cosa que, en estos momentos, pone en entredicho que la resolución acabe siendo favorable y el catalán pase a ser oficial. De hecho, es posible que no se llegue ni a celebrar la votación, puesto que varios países han pedido información adicional antes de tomar una decisión y se rumorea, pues, que este debate se posponga para el consejo de octubre o el de noviembre.

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