El Ministerio de Hacienda comienza el 2026 con el reto autoimpuesto y casi imposible de presentar una propuesta de nuevo modelo de financiamiento que respete la singularidad de Cataluña pactada entre el PSC y ERC y, además, satisfaga las demandas de las comunidades del PP. El departamento que dirige María Jesús Montero, que ya tiene un ojo puesto en las elecciones andaluzas de este año, se comprometió a presentar el nuevo modelo de financiamiento a principios de este año –idealmente entre enero y febrero, según sus previsiones– y ha desatado una nueva revuelta de los barones populares, que han fijado como prioridad que Cataluña no obtenga ningún privilegio por encima de cualquier otra mejora que pueda beneficiar a sus territorios.
Hasta ahora, tanto el gobierno español como el Ministerio de Hacienda han dado pocas pistas sobre cómo piensan cuadrar las aspiraciones de máximos de ERC con las demandas de café para todos de las comunidades del PP. Lo único que ha dicho es que habrá más dinero para todos los territorios y que quieren combinar la multilateralidad y la bilateralidad. «El sistema autonómico tendrá más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia«, dijo Montero después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de noviembre, y además también reforzará el principio de “solidaridad” y “corresponsabilidad fiscal”. “El nuevo modelo se aplicará a todas las comunidades del régimen común, lo que no evitará el reconocimiento de singularidades”. Por lo que se ha ido filtrando, parece que se aumentará el porcentaje de algunos tributos que se ceden a las autonomías y que se eliminarán las entregas a cuenta.
Lo único que se sabe con certeza es que la propuesta que Hacienda presentó a las comunidades en noviembre se basaba en la población ajustada –un criterio que ya se utiliza en el actual y que no tiene en cuenta el principio de ordinalidad que reclama ERC– y que fue rechazado por los gobiernos regionales. Lo que sí es casi seguro es que la batalla por definir el nuevo modelo será más dialéctica que práctica. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, decía hace unos días que la propuesta de Hacienda cumplirá con la exigencia de ordinalidad que la Generalitat ha hecho suya por presión de los republicanos “sin entrar en el debate de las palabras”. Es decir, que se incrementará el gasto que el estado español destina a Cataluña para equilibrarla a lo que aporta a la caja común, pero le pondrán otro nombre para no irritar a las comunidades del PP. Ahora mismo, Cataluña es la tercera que más dinero aporta y la décima cuando toca recibir.
El calendario para el nuevo financiamiento
El Ministerio de Hacienda trasladó a los gobiernos autonómicos que su intención es presentar su propuesta de nuevo modelo de financiamiento en los próximos meses y que convocará un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivamente para debatir esta cuestión. Hay que tener en cuenta que el gobierno español dispone del 50% de los votos en el consejo, por lo que técnicamente solo necesita el apoyo de una comunidad, que podría ser Cataluña, para sacar adelante su propuesta, aunque la intención de Montero es sumar a los territorios gobernados por el PP para evitar polémicas y disputas judiciales.
Una vez aprobado el nuevo modelo en el consejo, debe llevarse al Consejo de Ministros para que también lo apruebe y luego debe pasar por el Congreso, donde el gobierno español está en una situación muy complicada tras la ruptura con Junts, lo que augura una nueva batalla entre socios de investidura porque el partido de Carles Puigdemont ha criticado el planteamiento de ERC desde el primer momento y no aceptará cualquier propuesta. Y menos pocos meses antes de las elecciones municipales de 2027, ya que la intención de la Moncloa es que el nuevo modelo de financiamiento entre en vigor ese mismo año.
¿Qué quiere cada comunidad?
En medio del “complejo” debate que rodea el nuevo modelo de financiamiento, pendiente de actualizar desde 2014, hay tres grandes grupos. Por un lado, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Aragón y La Rioja quieren que el nuevo sistema priorice la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, ya que esto eleva la factura de los servicios públicos, especialmente en sanidad. Hay un segundo grupo, formado por la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que exigen mantener el criterio, el de población ajustada, que calcula la necesidad de gasto de cada territorio en función de diversas variables demográficas y geográficas. En el último grupo están Madrid, las Islas Baleares y, aunque sea de manera indirecta, Cataluña, que apuestan por reorganizar el sistema de financiamiento con base al PIB de cada territorio y que se ajuste la cantidad de dinero que reciben en función de lo que aportan a la caja común.
