La crisis residencial es una rendija en el coro de los programas de la izquierda catalana de cara al 12-M. La imposibilidad de acceder a una vivienda digno con los salarios realmente existentes en el país –después de un encarecimiento de los arrendamientos superior al 50% y una mejora retributiva que no supera los seis puntos, como recuerda a menudo la número 1 de la CUP por Barcelona Laia Estrada– ha disparado los desahucios, y ha atrasado una ya tardía edad de emancipación hasta más allá de la treintena. Los cupaires identifican profundamente esta «emergencia» con el abecé de una crisis social que recuerda en 2008. «La relación con la vivienda es la piedra angular de la pobreza para cualquier vecino o vecina», reflexiona el número 4 por Barcelona Xavier Pellicer. Para poner boca abajo una coyuntura que consideran crítica, la formación ha puesto sobre la mesa el ambicioso Plan Independízate, un impulso al rol del sector público en el mundo inmobiliario fundamentado en «el trabajazo de la PAH y los sindicatos de locatarias».
La propuesta de la CUP choca frontalmente con unos partidos mayoritarios que, denuncian, «no tienen la menor intención de resolver el problema de la vivienda». Con el foco en ERC y el PSC, Estrada los ha espetado que «los tendría que caer la cara de vergüenza diciendo que son de izquierdas»; al turno acusando Juntos de «no ser capaces de defender el país». El escudo residencial de los cupaires, pues, es extensivo: su despliegue completo tiene un coste de poco más de 4.000 millones de euros –una cifra ligeramente superior a la que los Comunes quieren establecer como referencia para políticas de vivienda, que, en la parte alta del tenedor, cercaría los 3.900 millones para la legislatura–. La dedicación presupuestaria, correspondiendo al 1,5% del PIB, es inferior a la que exige el movimiento por la vivienda, que lo eleva hasta el 2%. Pellicer asegura que los anticapitalistas » están de acuerdo», y hacen suya la demanda; pero mantienen este punto y medio como aproximación inicial. El proyecto incluye expropiaciones, el impulso de una nueva empresa pública como agente de garantía de construcción de vivienda de protección oficial y desincentivos para que el gran capital haga uso de la vivienda como palanca especulativa, de la mano de una nueva ley catalana de alquileres que establezca máximos de precio y una duración indefinida de todos los contratos de arrendamiento.
Como explicita Pellicer, las políticas de vivienda se aplican desde muchos frentes: desde interior –con la negativa a desahuciar que recoge el programa– a servicios sociales, pasando por la gestión más puramente económica del sector. La lectura material que hacen es la de un enorme agujero al mercado, de unas 800.000 viviendas –de los 3 millones que acumulan en Cataluña– no dedicados a usos residenciales en el país. La primera medida, pues, es la expropiación de cerca de 35.000 de esta bolsa en manos de grandes tenedores. Con este primer movimiento, aseguran, se cubrirían las necesidades residenciales de toda una generación de jóvenes del país: el Plan independízate contempla, de hecho, unas 32.500 viviendas necesarios por cada uno de los años de nacimiento de las personas de entre 31 y 35 años. La primera oleada, correspondiendo a propietarios con más de 50 pisos, corresponde también a aquellas residencias que pasaron a las carteras del sector financiero a raíz de los rescates bancarios posteriores a la crisis del 2008. Por lo tanto, incluye, por ejemplo, la Sareb.
De ahora en adelante, contemplan los cupaires, un nuevo organismo –el observatorio catalán de la vivienda– tendría que valorar progresivamente el estado de las viviendas vacías y de uso no residencial restantes y valorar el formato mediante el cual la Generalitat los tendría que adquirir. No es solo la expropiación, de hecho, el camino para ampliar el parque público: constan también la aceleración del derecho de tanteo y retracto, y el usufructo público de viviendas privadas a cambio de una rehabilitación. También la constructora pública tendría la responsabilidad de «rellenar» el mix residencial del país con nueva obra pública. Por otro lado, y en una paso más respecto de la medida que los Comunes ya aplicaron en Barcelona, los anticapitalistas proponen extender en todo el país la obligación de reservar pisos a cada nueva promoción para alquiler asequible: el 50%, en concreto –20 puntos por encima de la medida estrella de la exalcaldessa Ada Colau–.
Una nueva ley de la vivienda
Tanto los pisos públicos como la nueva construcción privada, destaca estrado, tendrían que regirse por una nueva ley catalana que regule el mercado de alquiler. Los dos ejes de esta norma serían, a parecer de los cupaires, garantizar contratos de duración indefinida y un control de rentas estricto tanto a la rama privada como entre los productos públicos. Las rentas de los pisos protegidos tendrían un tope de 400 euros mensuales, con un máximo de tres convivientes por residencia. Justo es decir que los anticapitalistas contemplan, a diferencia otros mercados públicos europeos, la rotación: el parque protegido está pensado para jóvenes y personas vulnerables. Por lo tanto, cuando un locatario supera este contexto económico, podría salir al mercado privado y liberar un activo de la Generalitat para otro usuario que sí que cumpla las condiciones. Los alquileres públicos vitalicios se han demostrado, justo es decir, un importante problema a mercados comunitarios como el holandés, que, a pesar de contar con un 30% de vivienda asequible y controlado, no consigue dar salidas a la juventud.
La primera resistencia es política
Las iniciativas de impulso del alquiler público al país a menudo se han encontrado con el rechazo frontal de las entidades empresariales del sector: tanto de la construcción como de la propiedad, con las cámaras locales en el centro. Pellicer, pero, encuentra que la primera valla que hay que saltar es la política. «Los partidos tienen un límite: no hacer nada que moleste a los poderosos», critica el candidato. En este sentido, llamamiento a una «sociedad movilizada» que sirva de apoyo material para las políticas del Gobierno. En este sentido, el número 4 por Barcelona ha apuntado en los programas de los tres grandes partidos, frontera, aseguran, para una buena gestión del mercado inmobiliario. «El PSC, además de ser negacionista climático, puerta la agenda de la patronal, y ERC es incapaz de hacer oposición», critica. Sobre el partido del presidente en el exilio Carles Puigdemont, el diputado los insta a «aclarar si quieren continuar defendiendo el mismo modelo» que puerta por bandera Salvador Isla. Contra estos programas, una Generalitat fuerte: «En todo aquello que es esencial, el sector público hay de intervenir».
