Las elecciones llegan a la Candidatura de Unidad Popular en un momento de tensión estratégica. El replanteamiento interno que supone el Proceso del Garbí mujer forma en un programa que se ha definido demasiado temprano. La misma candidata por Barcelona Laia Estrada ha lamentado en varias ocasiones que los comicios del próximo 12-M estén convocados en un momento embrionario de la definición de sus horizontes políticos. Ahora bien, fuentes del partido ya confirman que parte del equipo que define este procedimiento interno ha tenido influencia en la campaña electoral. Más allá de la centralidad que ocupa la lucha contra la emergencia climática a los postulados cupaires –que encaja con un entorno marcado por, entre otras cuestiones, una situación de sequía extrema–, al núcleo del proyecto de los anticapitalistas hay el establecimiento de una «nueva economía catalana».
Los principios de la CUP, de este modo, plantean el 12-M como un «momento porque la población decida si quiere continuar con el mismo modelo o quiere apostar por un cambio de rumbo». Desde el partido concentran el programa en unos nuevos objetivos que marquen la «planificación de unos recursos que son finitos». Cuestiones que ya habían tenido un importante protagonismo entre los postulados cupaires, como por ejemplo la nacionalización de sectores estratégicos o un nuevo impulso a la redistribución de la riqueza. La gobernanza económica desde la cosa pública acontece, en este planteamiento, clave: el «control público para incidir en el modelo económico» aparece, al programa cupaire, como el primero antagonista del «modelo de la patronal que solo favorece el capital».
El programa para el 12-M, justo es decir, recoge propuestas que ya se han desarrollado a lo largo de la legislatura saliente, pero que, a ojos de la formación, hay que profundizar. El despliegue de una Renta Básica Universal –demanda ya central a los proyectos emancipadores adentro y afuera de Cataluña–, así como la creación de una distribuidora alimentaria pública que limite los efectos de los intermediarios privados sobre la escalada de precios de los productos básicos, son ejemplos. También lo es una ampliación del proyecto de la energética pública, una corporación con potencial, pero que hasta ahora se ha dedicado exclusivamente a «poner placas en los edificios públicos». Justo es decir que los presupuestos de la Generalitat para 2024 recogían una pequeña inversión, de unos 19 millones de euros, para actuar como comercializadora.
Liberar la economía del Régimen del 78
Los límites que encuentra la CUP en su programa vienen del mundo económico –el «discurso de la patronal» que desde el partido acusan el Gobierno de reproducir con su acción la pasada legislatura–; si bien la cuestión nacional supone también una frontera para esta nueva economía catalana, un proyecto que «no tiene cabida al Régimen del 78». El despliegue de medidas como las que plantean los cupaires hace imprescindible recuperar una «agenda propia», después de tres años en los cuales la Generalitat, a ojos de los anticapitalistas, ha vuelto a ser «subsidiaria de Madrid». Las estructuras económicas que proyecta la formación, pues, chocan con «los intereses del estado, que son los del Ibex 35 y su monarquía».
Los anticapitalistas entienden, de hecho, que la implantación de sus reformas económicas significa un importante adelanto, de sede, hacia la independencia. Desde el partido aseguran que el control público y desde el territorio de infraestructuras estratégicas, como por ejemplo la distribución de energía o la cadena alimentaria, permite que las administraciones del país sean menos dependientes del control del capital español. Ahora bien, el conjunto de la agenda económica de los anticapitalistas solo se puede implementar -en el que denominan una relación «dialéctica»- con la liberación nacional de Cataluña.
Las alianzas, a la espera
Justo es decir que, desde la CUP, plantean esta transición hacia la Nueva Economía Catalana como una mano extendida al resto de fuerzas políticas con que comparten preocupaciones sociales y nacionales. El escenario, pero, se plantea complejo: Esquerra Republicana sale de un gobierno que «ha salido adelante una agenda de impulso de las macroinfraestructuras y macroacontecimientos»; como son los grandes congresos de Feria de Barcelona o el Hard Rock –punto de discordia que acabó para hacer estallar la legislatura–. El PSC actual es, por su parte, «el más negacionista climático y de derechos de su historia»; mientras que Juntos se aleja todavía más de estos postulados con el fichaje de la empresaria de Silicon Valley Anna Navarro como número 2 de su candidatura por Barcelona.
