El caos vivido en las oposiciones de estabilización de este sábado 29 de abril a causa de la doble subcontratación que llevó a cabo la Generalitat puede tener consecuencias. Cuando menos, el sindicato IAC-CATAC así lo desea y ha pedido la dimisión de los responsables del caos en las oposiciones, empezando por la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà. «Como ejercicio de transparencia y de responsabilidad, toda la dirección responsable de la organización de este proceso de selección tiene que dimitir dada su incompetencia», han expresado en un comunicado. La Generalitat externalizó en Cegos, una empresa con sede a Madrid, los exámenes de oposiciones de estabilización y esta empresa era la encargada de imprimir el examen, la hoja de respuestas y la lectura óptica de las correcciones y de vigilar los exámenes.
Cuando la Generalitat informó a los sindicatos de que Cegos estaba haciendo ofertas de busca de personal la ETT Randstad, Función Pública explicó que habría dos equipos, uno de la empresa y el otro de la administración, para garantizar el buen funcionamiento de la prueba. «Entendimos que en cada aula habría vigilantes de la empresa y, como mínimo, un representante de la Administración como responsable garante de los derechos de las aspirantes y figura de autoridad pública», explican los portavoces de IAC-CATAC antes de lamentar que esta figura de autoridad «brilló por su ausencia».
«Una incompetencia manifiesta que solo se puede traducir en dimisiones por parte de las personas responsables», avisa el sindicato, que exige a la administración «la rendición de cuentas» y los informes correspondientes y la acreditación que se han garantizado todos los derechos de los aspirantes en cada una de las convocatorias. «Es inaceptable que la misma Administración, órgano convocante que tenía que haber sido vigila y garante de todos los procesos desde el inicio y hasta el final, necesite y solicite que las aspirantes aporten pruebas de las incidencias gravísimas y flagrantes que se produjeron aquel día, en un intento de volver a permitir que las potestades que ella ostenta únicamente y que tenía que haber ejercido también aquel día, sean ahora ejercidas por las mismas aspirantes», añade el sindicato en referencia al buzón de incidencias que ha abierto Función Pública.
El buzón de incidencias se podría girar en contra de quien lo utilice
IAC-CATAC es muy crítico con el buzón de incidencias que habilitará la administración para que los aspirantes hagan llegar sus quejas. «Es la Administración quien tiene que tener grabadas todas estas incidencias y es ella que nos las tiene que aportar con carácter urgente, cosa que todavía no ha hecho», señala antes de preguntarse si la administración no tiene los datos. «No sabe cuáles son las incidencias que se produjeron? Necesita un buzón de registro de incidencias para ser conocedora de todo el que pasó el día 29 de abril a las aulas de toda Cataluña? Donde estaban los responsables de la Administración?», se preguntan los responsables de los sindicatos.
El sindicato insiste que los aspirantes están sufriendo una «angustia descomunal» y los recomienda que sean cautas con utilizar este buzón. «Se tiene que ser cuidadoso con el que se llama a la Administración porque en una oposición todo tiene efectos jurídicos», avisan. Según el sindicato tiene que ser la administración quien garantice que los principios de mérito, capacidad e igualdad fueron respetados. «La principal causa de la incompetencia por parte de la Administración es la de no poder garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad en un proceso selectivo. No se puede dilatar en el tiempo esta carencia manifiesta de la organización», añade el comunicado.
La única responsable, la administración
El sindicato cree que es la administración quien tiene la responsabilidad del que ha sucedido y no la empresa contratada por este servicio. «La externalización de determinados servicios comporta esto, descontrol, pero la responsabilidad es de quien ha contratado, es de quien ha externalizado, es de quien no ha hecho un seguimiento del contrato, es de quien ha traspasado responsabilidades y funciones propias a empresas privadas», señalan antes de advertir que la empresa privada «en ningún caso podía suplantar o realizar las funciones que corresponde al tribunal y a la administración».
