Nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y nueva advertencia sobre el uso de los fondos públicos por parte de ciertos sectores de la administración. En este caso, le ha tocado al Departamento de Cultura de la Generalitat. En concreto, la síndica Anna Tarrach, quien ha sido ponente del informe, aprobado por el pleno el pasado 23 de diciembre, ha fiscalizado las subvenciones directas del año 2023, cuando el departamento lo dirigía la consejera de ERC, Natàlia Garriga, ya sean nominativas y excluidas de concurrencia, el procedimiento, justificación y pago.
La auditoría pública ha revisado 88 expedientes de subvenciones directas que representan el 94,64% del importe otorgado. En resumen, la Sindicatura ha puesto la lupa en las subvenciones directas por 62,08 millones de euros -el 23% del total de subvenciones otorgadas- a 212 beneficiarios. Un análisis que ha permitido concluir que no se justifica suficientemente el procedimiento utilizado, destacan la falta de transparencia, el nivel de dependencia de los fondos públicos de algunas actividades culturales o falta de justificación del uso de los fondos.
Poca transparencia
Según el informe, difundido este mediodía por las auditorías públicas, en las subvenciones nominativas «no se acredita que durante el procedimiento de elaboración del presupuesto se verificaran las razones que justifican la elección del procedimiento de concesión directa en lugar de la concurrencia competitiva, ni los requisitos para obtener la condición de beneficiario, y tampoco se justifica el importe otorgado». En este sentido, destacan con inquietud que «hay una elevada recurrencia en las subvenciones directas a entidades no participadas por la Generalitat, lo que puede implicar un nivel elevado de dependencia de las subvenciones por parte de los beneficiarios».
En la misma línea, los síndicos constatan la debilidad argumental para otorgar las subvenciones. Así, creen que, «en general, la justificación de las razones de interés público, social, económico o humanitario que dificultan la convocatoria es insuficiente y muy poco concreta, y algunas de las subvenciones se podrían haber incluido en convocatorias existentes o en futuras convocatorias nuevas o revisadas para ampliar su alcance u objeto».
Al detalle de los expedientes, los Síndicos subrayan que en 3 expedientes no constaba la aprobación preceptiva del Gobierno. En nueve expedientes, faltaba alguna documentación justificativa que legalmente, sería «causa de revocación y reintegro». En el mismo sentido, interpretan que hay falta de transparencia en las «deficiencias en la información presentada en cuanto a la publicidad activa de las subvenciones». Unas deficiencias sobre «las previsiones de convocatorias»; una «falta de claridad en la publicidad de las subvenciones otorgadas»; «falta de publicidad sobre el control financiero, o no hay información sobre las justificaciones de los beneficiarios». Y añaden que el «grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las entidades beneficiarias que reciben subvenciones de más de 100.000 euros es muy bajo». Por todo ello proponen 11 soluciones para revertir estas deficiencias que la Sindicatura critica con dureza.
