Giro de guion en la muchedumbre de querellas presentadas por víctimas de la Operación Cataluña. Ahora es el caso de la familia Sumarroca. La querella que los empresarios presentaron ahora hace casi un año, contra Dolores de Cospedal, Alícia Sánchez Camacho y Jorge Fernández Díaz, así como contra el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo, ha ido a parar a la Audiencia Nacional después de un viaje circular por instancias judiciales de Madrid.
La querella se presentó ante el enjuiciado decano de Madrid, que la libró al juzgado de instrucción número 10 de la ciudad. El juez de instrucción, pero, se inhibió ante la Audiencia Nacional. A su vez, el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el pasado uno de agosto, remitió la querella al ministerio fiscal para que opinara sobre la inhibición y, posteriormente, decidir quién se tenía que quedar el caso. De hecho, García Castellón el pasado mes de marzo ya inadmitió la querella, pero, en cambio, aceptó la “posibilidad” que los hechos denunciados “presenten, indiciariamente, apariencia de delito”. Ahora la querella ha cumplido con una versión castiza del dicho «vuelta al mundo y vuelve al Born», y después de rechazarla, García Castellón ahora pregunta al fiscal si cree que hay bastante materia y competencia para salir adelante su tramitación.
Ahora tiene la palabra la fiscalía, que tiene que valorar si el cimiento de la querella y las pruebas corresponden o no a la Audiencia Nacional. De hecho, en las últimas interlocutorias, los magistrados de este tribunal especializado han declinado admitir las querellas de los Sumarroca y se han inhibido a favor de los juzgados de instrucción ordinarios, a pesar de que dejando entrever la posibilidad de su retorno si la instrucción o las investigaciones permiten o destapan indicios y pruebas que obliguen la Audiencia a instruir el caso. En todo caso, la fiscalía tiene que justificar su posición teniendo presente que el juzgado de instrucción 13 de Madrid que admitió, junto con fiscalía, la querella de Sandro Rosell por la misma causa.
Una querella llena de ‘VIPs’
Las querellas, dirigidas por los abogados Pau Molins y Jordi Pina, llevan la firma de Carles y Jordi Sumarroca y de sus dos hijos, así como de Susanna Sumarroca, y se han interpuesto inicialmente por los delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y revelación de secretos. Ahora bien, la querella pide que se puedan ampliar a otros delitos a la vista que fueron víctimas de un «grupo corrupto de políticos y policías» desde finales del año 2012. La querella se fundamenta en las maniobras de la policía patriótica que llevaron a la imputación de Carles Sumarroca y su hijo en los casos Pujol, Petrum y Torredembarra.
Audios, agendas y documentos difundidos por este diario han fundamentado la querella por los delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial, detenciones ilegales, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. La querella se dirige contra el comisario de el Nacional de Policía (CNP) José Manuel Villarejo, el exlíder del PPC y actual senadora por Madrid Alícia Sánchez-Camacho, el exministro del Interior Jorge Fernández Diaz, la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez, el exdirector Adjunto Operativo del CNP Eugenio Pino y el inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales Álvaro Ibáñez Alfaro, que ha firmado buena parte de los atestados contra la familia Pujol.
Una investigación prospectiva
El texto de la querella es demoledor. La familia de empresarios relata que fueron víctimas de «denuncias» que nunca han sido verificadas”. Una persecución que califican de prospectiva e incluso inventada. En esta línea, el escrito destaca que el ataque a los Sumarroca estaba premeditado, motivada porque la familia “ha estado representativa y emblema de un modelo empresarial familiar de éxito que ha contribuido al desarrollo económico territorial de Cataluña”. Así, en varios documentos recuerdan que Carles Sumarroca fue quién fue a buscar en la prisión al presidente Jordi Pujol por los hechos del Palacio.
En este contexto, la querella también enfatiza el valor simbólico de los ataques y la persecución que han sufrido los Sumarroca. Por eso, creen que los han convertido en «un cabeza de turco intencionado buscando el descrédito gratuito y tendencioso” que implica un “coste reputacional” tanto para los integrantes de la familia como para un modelo empresarial “comprometido con el territorio”. Es decir, que consideran que los envolvieron en diferentes tramas para ensuciar su nombre y relacionar sus actividades con la corrupción política mezclada con la relación que mantenían con la familia Pujol.
