Nuevos documentos muestran la implicación de la brigada política de la Policía Nacional de la etapa de Rajoy en la trama andorrana de la operación Cataluña. Así lo indica una «nota informativa» de dos páginas, emitida por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, la poderosa UDEF, con la que se informa al comisario general de la Comisaría de la Policía Judicial del embrollo judicial generado por la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial española, Banco de Madrid. Un dispositivo que, por primera vez, aparece bautizado con el nombre «operación Magno«, un nombre en referencia a Carlomagno, un icono histórico andorrano.
La nota, a la que ha tenido acceso El Món, tiene fecha de 30 de septiembre de 2016 y podría incorporarse próximamente a la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña. El documento es de un año y tres meses después de la intervención de las dos entidades financieras, a raíz de la comunicación sobre el presunto blanqueo de capitales emitida por las autoridades de control bancario de Estados Unidos. El escrito interno fue remitido al gabinete del ministerio del Interior para informar del estado de la investigación. Una nota con la que se advertía que un año después de la intervención de los bancos, aún no se había aclarado quién debía centralizar judicialmente la instrucción del caso.
De hecho, en un correo también adelantado por El Món el domingo se detallaba cómo la intervención de la policía se había hecho con un pacto con la fiscalía cuando aún no estaba judicializada la investigación, que había supuesto la captación de datos de más de 32.000 clientes de la BPA y Banco Madrid. En todo caso, en esta nota se alerta que el caso se encuentra en un «impasse debido a la situación judicial del proceso» tras ofrecer todo tipo de detalles de los pasos que se han dado desde hace un año. Todo ello en la búsqueda de supuestas cuentas bancarias de líderes independentistas en el país de los Pirineos.
Quejas por la «duplicidad de la investigación»
Los oficiales del caso recriminan al comisario en jefe responsable de la policía judicial el caos en la investigación desde que se inició, en marzo de 2015. En este sentido, destacan que hay, por un lado, la investigación dirigida desde el principio por la fiscalía andorrana a raíz de la nota del FinCen, el tesoro de la administración estadounidense. Por otro lado, en España, el sumario es conducido por la Fiscalía Especial Anticorrupción y Criminalidad Organizada, en un operativo que dirigía José Grinda, a raíz de una denuncia de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que depende del ministerio de Economía, entonces en manos de Luis de Guindos. En el marco de esta investigación, se ha centrado «la actividad investigadora de la UDEF», especialmente del grupo de blanqueo de capitales.
Por otro lado, la nota informa de unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia interpuesta por clientes del banco contra los integrantes del consejo de administración de la entidad. Una denuncia de la que se hace cargo la fiscalía de la Audiencia Nacional y de la que la policía aún no sabe exactamente la evolución, ni el contenido, ni la documentación aportada. Una situación que consideran una «duplicidad de la investigación» que deja en un «impasse» la instrucción judicial. Todo ello un año después de iniciarse el caso con una intervención relámpago de las dos entidades bancarias.
Este escenario incomoda a los miembros de la UDEF, que no ocultan su malestar, negro sobre blanco, a sus superiores y alertan que ya han advertido a los jueces de la situación. «Esta duplicidad en la investigación ha provocado que desde el ámbito judicial se considere necesario delimitar el ámbito de actuación de la misma y tomar una decisión sobre las competencias de cada una de las fiscalías» y «el nivel de participación de la UDEF» en las dos investigaciones, señalan. Es decir, piden aclarar cómo y quién debe dirigir esta investigación y qué papel debe tener esta unidad policial especializada en la instrucción.
‘Magno’, del FinCen al blanqueo
La nota hace un resumen de la actividad policial llevada a cabo hasta septiembre de 2016. Así, recuerda que «la operación Magno se inicia por una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada a raíz de una declaración del FinCen de los EUA, que consideró a la Banca Privada de Andorra como entidad colaboradora en el blanqueo de capitales internacional». Una acusación que en el estado español decayó, a raíz de una investigación centrada en 32 clientes de los cuales se sospechó actividades de blanqueo en su operativo en España a través de Banco Madrid. De hecho, también apuntan que la Comisión de Blanqueo de Capitales del Banco de España abrió un expediente por este supuesto blanqueo.
En este contexto, la policía explica que se investiga tanto la «utilización de las estructuras del banco por parte de determinados clientes para blanquear ganancias que provienen de actividades delictivas» como si la dirección del banco se dedicó a «proveer servicios de blanqueo» a sus clientes como una «línea de negocio más». Ninguna de las dos líneas aún se ha llegado a acreditar. De hecho, la primera causa abierta y juzgada en el Principado de Andorra, el caso Gao Ping, aún espera sentencia más de un año después de la finalización del juicio. Por otro lado, en España no queda ninguna causa abierta contra Banco Madrid.
Una extraña comisión rogatoria
En todo caso, la UDEF detalla que el 13 de marzo de 2015 hicieron la entrada y registro en la oficina principal del Banco Madrid, donde «a lo largo de cuatro días» extrajeron toda la documentación informática. Diez días después, el 23 de marzo, remarcan que «funcionarios» de la Unidad de Blanqueo se personaron en Andorra tras remitir una comisión rogatoria en el marco de diligencias de investigación 7/2015 –que aceptaron la fiscalía andorrana, en manos de Alfons Alberca, y la jueza del Principado– y así se obtuvieron los datos de los clientes desde el mes de mayo de 2012. Una operación que se organizó y ejecutó en la embajada española en Andorra, con muchas dudas sobre la legalidad de su ejecución y con incoherencias temporales.
Según la documentación que consta en la Comisión Rogatoria Internacional 10/2015, en el sello de registro de entrada en la embajada española en el Principado hay dos anotaciones a bolígrafo. En concreto, las cifras 15,17 y 1244. Unas anotaciones manuscritas que corresponderían, en todo caso, a las 15.17 horas. Es decir, la hora en que se habría remitido a las autoridades judiciales andorranas. Sin embargo, se observa que la fecha de recepción es del 24 de marzo de 2015, a las 14.46 y número de registro 1263, una hora que parece la de envío de la copia previamente remitida a la Audiencia Nacional. En cualquier caso, si fuera la hora de recepción de la justicia andorrana sería en lengua catalana.
Más rarezas
Por otro lado, el escrito de la fiscalía andorrana de la Sección Especial de Instrucción Especializada donde se adjunta la petición española se registra el 24 de marzo de 2015, pero curiosamente “sin hora”. Un detalle muy destacable. A continuación, y a raíz de la petición de la fiscalía, la justicia andorrana dicta una interlocutoria (aute, según la terminología andorrana), con fecha 24 de marzo, para que de forma urgente se entregue la base de datos de los clientes por parte de los técnicos de la BPA. Todo a partir de las 15.17 horas. Es decir, la hora en que se debería haber iniciado el proceso de traspaso de datos. Pero una nota interior del servicio de seguridad de la embajada cambia la versión y comienza una nueva historia.
En esta nota se observa que a las 10.05 horas del mismo 24 de marzo -es decir, cinco horas antes de la recepción de la comisión rogatoria internacional- ya se habían personado y reunido en dependencias de la embajada los miembros del CNP desplazados desde España, así como el Inspector Celestino Barroso Martín -que ya había amenazado a los propietarios del banco andorrano y a su CEO, Joan Pau Miquel–, con Josep Molina Fuste y Miguel González García (de IBM, Ibermática Andorrana), ambos supuestamente designados por directivos de BPA (supuestamente Carlos Salvadó Miras y Santiago Guillén Sánchez). No se marcharon hasta las 19.35 horas. La operación Magno aún tiene mucho misterio y así lo refleja la nota informativa que describía el minuto y resultado de la situación un año después de iniciarse.
