El Principado de Andorra espera noticias sobre uno de los casos que ha enredado la política y la justicia andorrana, el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). Es decir, la entidad que fue víctima de la operación Catalunya y que tuvo que cerrar. Un cierre impulsado por las autoridades andorranas y españolas que se basó en una nota del FinCen, el tesoro estadounidense, que meses después fue retirada. Una nota que desencadenó el cierre y la apertura de varios procesos judiciales, el primero de los cuales, tendrá sentencia este martes.
Era la entidad bancaria donde la familia Pujol Ferrusola tuvo tres millones de euros ocultos del fisco español hasta que fueron declarados a la hacienda española. Un dinero que la familia siempre ha defendido que provenía de la ‘deixa’ del abuelo Florenci Pujol. En todo caso, grabaciones, operaciones documentales y testimonios dejan el rastro de la policía patriótica que articuló la operación Catalunya. De hecho, las amenazas a los propietarios y directivos fueron claves para formalizar el cierre de la entidad y, a su vez, su filial española, Banco Madrid.
Caso Gao Ping, el primero
A raíz de las intervenciones se abrieron un montón de causas judiciales por operativas bancarias que las autoridades consideraban delitos de blanqueo. El primer gran juicio de todos ha sido el caso Gao Ping, cuya réplica en España es el caso Emperador, del que aún se tiene que celebrar el juicio en la Audiencia Nacional por delito fiscal. El caso Gao Ping se basaba en el supuesto blanqueo de dinero derivado de los ingresos del importador chino a través de un fiduciario, que ni siquiera ha sido imputado, encargado de trasladar el dinero a Andorra. La vista oral permitió emerger todos los hechos relacionados con la operación Catalunya. De hecho, se escucharon grabaciones con las amenazas a los directivos por parte de miembros de la policía patriótica.
El juicio ha marcado, en cierta manera, parte de la agenda mediática y política de Andorra. La vista oral, dirigida por el presidente del Tribunal de Corts, el catalán Enric Anglada, comenzó el 14 de junio de 2021 y terminó el 8 de noviembre de 2023. Un juicio obstaculizado, con una fiscalía especialmente motivada, dirigida por Alfons Alberca, que ya ha dejado el cargo de fiscal general. El juicio se dirigía contra el consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, que permaneció dos años en prisión preventiva y estuvo dos meses declarando. Asimismo, contra una veintena de directivos, pero no a los propietarios de la BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco porque no tenían funciones ejecutivas dentro de la entidad. La sentencia debía dictarse el pasado 31 de octubre de 2024, pero finalmente se pospuso a este 15 de julio.
Ahora todos esperan con ansiedad una sentencia que puede abrir paso a una nueva fase política en Andorra e, incluso, puede ayudar a calibrar la importancia de la operación Catalunya. Y más, en una incipiente tramitación de una ley de amnistía en Andorra que permitiría cerrar y archivar los procesos abiertos contra los ejecutivos de la BPA que tienen todos sus bienes embargados desde el año 2015. Más de diez años después de la intervención de la BPA llegará la primera sentencia de los negocios que sirvieron de excusa para cerrarlo. Todos esperan.
