Uno de los puntos más oscuros de la operación Catalunya fue su trama andorrana que terminó con la entidad donde los Pujol-Ferrusola tenían los fondos que supuestamente provenían de la «deixa de l’avi Florenci». La Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial española, Banco de Madrid, que no solo fue intervenido sino que tuvo que bajar la persiana. Una operación turbia que ha dejado muchas dudas por aclarar. De entrada, por la forma en que se llevó a cabo, con la palanca de una “notice of finding” (NOF) del 10 de marzo de 2015 que emitió el FinCEN, el departamento del Tesoro estadounidense, contra la BPA, pero que fue retirada antes de un año, el 18 de febrero de 2016, cuando la entidad ya estaba en capilla. De hecho, es una cuestión que ahora la Audiencia Nacional, a raíz del juicio contra la familia Pujol-Ferrusola, se ha comprometido a analizar.
Sin embargo, sobre todo, siempre ha quedado en un nube de misterio cuál fue el papel de las autoridades financieras que intervinieron, en especial el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado español, y la conexión nunca aclarada entre España y los Estados Unidos a través del FibCen, con el trasfondo del Unifand, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra. Ahora, no obstante, una nueva ofensiva judicial en Andorra y política en España fija el rumbo a conseguir, a través de la desclasificación de un material que lleva el sello de confidencial, los documentos y la información que intercambiaron el SepBlac y el FinCEN.
Doble vía
El trampolín de la ofensiva judicial se sostiene en la instrucción judicial que se sigue en el Principado a instancias del Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad Drets, donde también se han personado los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios de la BPA, y parte de la familia Pujol-Ferrusola. Un sumario donde constan como implicados el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y sus exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, así como buena parte de la cúpula del ministerio del Interior de su mandato y destacados miembros de la policía patriótica.
En esta investigación, las declaraciones de los dos exministros andorranos Jordi Cinca y Gilbert Saboya, el pasado 4 de noviembre, abrieron una grieta interesante en el largo intento de la jueza de averiguar cómo actuaron las autoridades financieras que forzaron la intervención de la BPA. Por eso, este jueves han reclamado la desclasificación de los documentos a través de un escrito, de 21 páginas y al que ha tenido acceso El Món, donde los abogados del IDHA detallan cómo sospechan que fue la operación y reclaman que se aporten todas las comunicaciones entre el SepBlac y el FinCEN y el UNIFAND sobre el expediente y el traspaso de información sobre la BPA o de los casos que sirvieron para justificar la «noticia» del Tesoro estadounidense que justificó la intervención como el caso Venezolanos, Gao Ping, el cártel de Sinaloa o el caso Petrov. Es decir, obligar a las autoridades andorranas a desclasificar documentos, y a través de comisiones rogatorias, hacer lo mismo con las unidades financieras española y estadounidense para averiguar la realidad del caso y las intenciones que podrían haber vulnerado la soberanía andorrana.
Paralelamente, el grupo de Junts per Catalunya en el Congreso, presentó este miércoles una petición de desclasificación de la documentación referente solo al SepBlac a través de la comisión de investigación sobre la operación Catalunya. Una petición, también basada en las declaraciones en Andorra del pasado 4 de noviembre. La petición de desclasificación y entrega de la documentación la firman el diputado portavoz en la comisión Josep Pagès y la líder de los de Carles Puigdemont en Madrid, Míriam Nogueras. De hecho, es la misma maniobra que ha obligado al Consejo de Ministros a desclasificar aún más documentos sobre los atentados del 17-A, especialmente sobre el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty. La petición llega después de que Pedro Sánchez fuera desmentido al asegurar en una entrevista en RAC1 que se habían desclasificado los documentos solicitados por la comisión de la operación Catalunya.
Un interés extraño
La clave de todo y que puede animar a la jueza a emitir las comisiones rogatorias son las declaraciones de los ministros Cinca y Saboya, que admitieron una actividad diplomática inusual de España en Andorra. Encuentros y reuniones con el presidente español y sus ministros entre 2012 y 2014. Entre estas reuniones, destaca una celebrada el 24 de abril de 2015 -un mes y medio después de la intervención de la entidad bancaria-. En concreto, fue un encuentro entre el entonces secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa y el ministro Saboya. Una reunión donde el número dos de Luis de Guindos se interesó por cuál era en ese momento el estado del asunto BPA.
Para entender la importancia de este encuentro y del interés por la BPA por parte de Fernández de Mesa, hay que tener presente que fue director del Tesoro y Política Financiera entre los años 2012 y 2014. Un cargo que suponía presidir el Comité Permanente del SepBlac. Pero, además, el 29 de agosto de 2014 fue nombrado secretario de Estado de Economía, y, por tanto, pasó de presidir el comité permanente al plenario del SepBlac. Un comité donde también estaba el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán y el director general de la Policía, en aquel momento, Ignacio Cosidó, así como el jefe de la Comisaría de la Policía Judicial que integra la UDEF.
El escrito se pregunta «qué interés podría tener un secretario de Estado de Economía dependiente del ministro de Economía, Luis De Guindos, en conocer el estado en que se encontraba, en ese preciso momento, la BPA después de ser intervenida, cuando se trataba de una entidad bancaria de otro país». Los letrados especulan con una posible explicación y piden a la jueza aclararlo a través de la desclasificación de documentos. «¿No será que su intervención directa en sus diferentes cargos tiene algo que ver?», cuestionan a la jueza.
Una oportunidad de oro
Hay que decir que los abogados de los propietarios de la BPA ya iniciaron un proceso de desclasificación en Estados Unidos, sobre el expediente de su entidad en el FinCEN que sirvió para emitir la «notice«. La justicia estadounidense obligó a desclasificar solo parte de la documentación, y muy censurada. Quedaron casi 500 documentos excluidos de la desclasificación. Aun así, aparecieron documentos que certificaban la trama andorrana de la operación Catalunya, como correos electrónicos del Grupo 22 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, el escuadrón policial que ejecutaba la parte oficial del dispositivo contra el Proceso. Pero las declaraciones de los ministros y del comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, han ofrecido una oportunidad de oro para conseguir más documentación.
La ofensiva del Congreso y de la justicia andorrana, si finalmente la jueza lo acuerda, puede ayudar a poner negro sobre blanco un entramado que las ha visto de todos los colores. Desde encuentros y amenazas con mandos de la policía patriótica como el comisario Marcelino Martín Blas, o miembros del servicio de Interior de la embajada de España en Andorra, o la participación de Basilio Luis Sánchez, comandante de la Guardia Civil, y que actúa con el nombre de Alfonso Ruiz y tiene la categoría de agente encubierto, o bien la operación relámpago de la fiscalía española para obtener todos los datos de los clientes de la BPA en la sede diplomática española en el Principado, bajo la dirección del fiscal anticorrupción José Grinda. La desclasificación de estos documentos podría suponer un nuevo salto en el esclarecimiento de la trama andorrana de la operación Catalunya.
