Aragonés lleva al Senado el choque con la derecha española por la ley de amnistía. El presidente de la Generalitat ha aprovechado su ponencia en la cámara alta, en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, para hacer bandera de las dos propuestas estrella de la precampaña de Esquerra Republicana de Cataluña de cara al 12-M: un nuevo referéndum, con ensambladura constitucional vía artículo 92; y el proyecto de financiación singular presentado por la consejera de Economía Natàlia Mas y Guix. A ojos del jefe del ejecutivo catalán, y a pesar de la enconada oposición de la derecha española, «la amnistía es inevitable, como lo serán la financiación singular y el referéndum«.
Aragonés ha comparecido, cerca de medio año después, en el espacio de intervención de los presidentes territoriales en el Senado en medio de una ofensiva completa del PP contra el independentismo y la ley de amnistía. En el mismo plenario de la Cámara Alta, la mayoría conservadora tumbará la norma, con el objetivo de retrasar su puesta en marcha una vez vuelva al Congreso de los Diputados. Aprobarán, también, un informe –con votos particulares de independentistas y PSOE– que califica la medida de «golpe mortal» en el Estado constitucional. El jefe del Gobierno, justo es decir, ha ironizado con las airades protestas de la derecha española, reivindicando la amnistía como «una enmienda a la totalidad a una sentencia injusta». «La amnistía es la victoria de la Cataluña libre que defendemos; un reconocimiento que el hecho que la ciudadanía vote nunca puede ser un delito», espeta.
El «troleo» que prometió el candidato de Esquerra Republicana a las elecciones del 12-M se ha completado con una referencia a José Maria Aznar, de quien asegura que es «quien mejor ha entendido en España» el que supone la amnistía, cuando el ultramontano expresidente del gobierno español aseguraba que la ley supone «la legitimación del golpe secesionista». «Es exactamente esto: nadie, por compromiso democrático, puede ver limitada su libertad», razona Aragonés.
Los acuerdos con Moncloa, un «primer paso»
La defensa de la amnistía, para Aragonés, ha sido un «paso más, pero no el último» del proceso de liberación nacional catalana. El acuerdo para el retorno de los exiliados y la enmienda a las condenas y persecuciones «abre una nueva etapa de negociación con el gobierno español para abordar el fondo del conflicto». Este fondo, el conflicto nacional «entre el Estado y el pueblo de Cataluña», tiene una solución única, según el jefe del ejecutivo: un referéndum «legal, posible y necesario». «Cataluña aspira a la plena libertad», ha sentenciado Aragonés ante media docena de presidentes autonómicos del Partido Popular. «Nos dirán de nuevo que es imposible, como con la amnistía; pero Cataluña no entiende de imposibles», ha añadido.
Lo «mientras tanto», pero, guarda el importante reto de la gestión de los recursos del país. En este sentido, y mientras Cataluña «no sea un estado independiente», Aragonés ha sacado a colación la exigencia de una financiación singular como el que diseñó el departamento de Economía. El país, según el jefe del ejecutivo, necesita «un sistema de financiación propia que juegue a favor, donde gestionamos todos los recursos que generamos». Más allá de los efectos sobre Cataluña, el también candidato republicano a los comicios del 12-M ha tildado el actual modelo, caducado desde el 2014, de «obsoleto, opaco e injusto». «Jefe de ustedes aceptaría aportar a fondo perdido 22.000 millones de euros», ha remachado a los representantes territoriales del PP; recordando que «Cataluña ya genera los recursos que necesita, pero no puede disponer».
España, un «estado débil»
Más allá de las medidas concretas que ha llevado a su intervención en el Senado, Aragonés ha sido especialmente crítico con la aproximación que los sucesivos gobiernos del Estado han hecho al conflicto con Cataluña. España, declara, «es incapaz de respetar la diferencia», y recurre a tendencias «de imposición y autoritarismo». En este sentido, considera que, fundamentado sobre «la obligación de formar parte», el proyecto colectivo español es «débil». «Si quieren seducir a Cataluña, atrévanse a hacerlo democráticamente», ha concluido.
