La tensión en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, ha ido creciendo con el paso de las horas con nuevas protestas contra las redadas contra migrantes que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses. Hay cerca de cuarenta personas detenidas en 48 horas y la policía avisa que «responderá con la fuerza adecuada» si los manifestantes provocan disturbios. La tensión estalló después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuviera a 44 migrantes en diferentes redadas masivas y ha ido en aumento con la decisión del presidente Donald Trump de desplegar progresivamente 1.000 soldados de la Guardia Nacional -cuerpo militar formado por soldados que trabajan a medias entre el ejército y cuerpos civiles- para sofocar las protestas.
Es la primera vez en décadas que la Casa Blanca ordena el despliegue del ejército sin el visto bueno de las autoridades locales. De hecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado la orden dictada por Trump de «ilegal, inmoral e inconstitucional» y ha aclarado que demandará a la administración central porque «no tenía la autoridad» para ordenar el despliegue de soldados en su territorio. En línea con lo que han expresado algunos colectivos que participan de las protestas, el gobernador ha acusado a Trump de añadir «más leña al fuego». «Son actos de un dictador, no de un presidente», ha escrito el demócrata en la red social X.
En una entrevista en el canal MSNBC, Newsom asegura que el magnate «ha exacerbado las condiciones [de las protestas] desde que anunció que tomaba el control de la Guardia Nacional». En este sentido, el demócrata también ha acusado a Trump de «mentir» al asegurar que se trata de una decisión compartida. «Nunca se han coordinado con nosotros. Hay un procedimiento a seguir que no le ha importado. Y lo peor es que ha mentido completamente», ha señalado el gobernador californiano en esta misma entrevista televisiva.
Horas antes, en una entrevista en la CNN, el número dos de la administración de California, Eleni Kounalakis, ya había insinuado la posibilidad de demandar a la administración Trump y había pedido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que revoque la decisión y «devuelva la Guardia Nacional al control legítimo del Estado de California, para que sea desplegada según sea necesario». Los manifestantes también han acusado al presidente estadounidense de incitar y añadir tensión a las protestas con esta acción unilateral. La administración local ha pedido a la población prudencia para «no dar a Trump» la imagen que busca.
Trump amenaza con más dureza
El mismo Trump ha apuntado a través de las redes que «se restablecerá el orden, se expulsará a los ilegales y se liberará a Los Ángeles». «Estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación», insiste en sus publicaciones. El magnate ha dado vía libre a Hegseth y al fiscal general, Pam Bondi, para que «tomen todas las medidas necesarias para liberar Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios migratorios».
El mismo Hegseth, responsable de Defensa, ha dejado caer la posibilidad de endurecer las represalias desplegando el Cuerpo de Marines de EE.UU. Una acción criticada por una veintena de gobernadores demócratas, que apoyan a la administración californiana. «Amenazar con enviar a los marines estadounidenses a barrios estadounidenses socava la misión de nuestros militares, erosiona la confianza pública y demuestra que la Administración Trump no confía en las fuerzas del orden locales», apuntan en un comunicado. Los demócratas acusan el despliegue militar como un «alarmante abuso de poder».
Tres días de protestas
Las protestas llevan tres días y la policía de Los Ángeles ha declarado «ilegal» las concentraciones. Según explican los medios internacionales, los momentos de mayor tensión se han vivido en enfrentamientos directos entre los manifestantes y la policía local en las ciudades de Compton y San Bernardino, en las afueras de Los Ángeles, y durante el corte de una autopista, un acto que los agentes han respondido con gases lacrimógenos.
