En las grandes giras de artistas de renombre mundial que pasan por Cataluña –como las de Rosalía, Bad Bunny, Lady Gaga o Coldplay, entre otros, o el caso paradigmático de Oasis a escala internacional con la gira de retorno del verano pasado– se aplican sistemáticamente los llamados precios dinámicos. Se trata de una práctica comercial impuesta por las plataformas internacionales de venta de entradas para grandes recintos, fuertemente dominadas por gigantes como Live Nation y su filial Ticketmaster. Este sistema, que encarece los boletos en tiempo real en función de la demanda y multiplica los ingresos de estos grandes grupos de entretenimiento, no tendrá, por el momento, ningún freno regulatorio por parte de la Generalitat.
En un conjunto de respuestas por escrito a raíz de dos series de preguntas formuladas por el grupo parlamentario de Comuns, el Gobierno ha defendido la legalidad de esta alteración de importes y de las comisiones de gestión online, amparándose en la ausencia de una normativa específica y en el libre juego de la oferta y la demanda. La respuesta institucional, articulada por los departamentos de Empresa y Trabajo, liderado por el consejero Miquel Sàmper, y de Cultura, dirigido por la consejera Sònia Hernández, dibuja un papel pasivo de la administración que deja indefensos a los consumidores y al propio sector cultural independiente ante el dominio de las grandes plataformas multinacionales de venta de entradas.
Avalados por el «libre mercado» y sin tope a las comisiones
Preguntado directamente sobre si considera admisible que las plataformas alteren el precio de una misma entrada en tiempo real según la demanda, Sàmper responde que esta práctica «no está expresamente regulada» ni «prohibida» por el marco normativo actual. «La aplicación de precios dinámicos en la venta de entradas de espectáculos mediante plataformas digitales no tiene una regulación específica que establezca los criterios en base a los cuales pueden variar los precios, tanto al alza como a la baja», defiende el consejero, que, además, hace referencia a la Ley 22/2010 del Código de consumo de Cataluña. Esta fija que los precios son libres y lo justifica aduciendo que la variación de importes mediante algoritmos es «consecuencia de la aplicación de las reglas de oferta y demanda en el marco de una economía de mercado».
El único límite que acepta el ejecutivo de Salvador Illa es de carácter estrictamente procedimental cuando se realiza la compra: el precio no puede variar una vez el usuario ya ha iniciado el proceso de compra, dado que la información precontractual tiene carácter vinculante. Asimismo, el Gobierno dice que no se puede establecer ningún techo o límite máximo a los gastos de gestión o recargos repercutidos al comprador, alegando que su cobro se ajusta a derecho mientras responda a un servicio efectivo y «no sobrepase en ningún caso los gastos soportados por la empresa titular de la plataforma de venta de entradas correspondiente a la función de intermediación». «La fijación de precios dinámicos y la aplicación de gastos de gestión en la compra de entradas a través de internet para espectáculos en vivo no tienen una regulación específica. Por tanto, son prácticas que se ajustan al ordenamiento jurídico actual», sentencia.
Cuatro expedientes sancionadores desde 2022
En cuanto al balance de actuaciones de la Agencia Catalana del Consumo (ACC) desde el año 2022, la Generalitat ha contabilizado solo 33 denuncias y 174 reclamaciones vinculadas a «prácticas abusivas» en la venta de entradas para espectáculos en vivo. Este volumen ha derivado en la apertura de cuatro expedientes sancionadores por la vía de denuncia –de los cuales tres han terminado con sanciones por un valor global de 32.000 euros– y en 29 inspecciones de oficio a festivales que han comportado el envío de 20 requerimientos de enmienda y dos expedientes sancionadores aún en tramitación. A pesar de esto, Samper manifiesta que estas cifras «no justifican una intervención inmediata mediante una campaña de inspección por este motivo».
Para justificar la falta de una intervención más directa y punitiva en el sector, el Ejecutivo sostiene que el número de quejas recibidas no tiene la volumetría suficiente para justificar una inspección inmediata y admite no haber solicitado ningún refuerzo de recursos porque prioriza los «servicios básicos y colectivos vulnerables»; por otro lado, el Gobierno pasa la pelota al Estado alegando que, al tratarse de plataformas telemáticas de alcance estatal, la competencia sancionadora recae en la Administración General del Estado. Ahora bien, reconoce que no ha impulsado acciones conjuntas en la Conferencia Sectorial de Consumo ni ha trasladado indicios de abuso de posición dominante a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Las prácticas abusivas en la venta de entradas para espectáculos en vivo a través de plataformas electrónicas se han debatido puntualmente en los grupos de trabajo de disciplina de mercado y de normativa, pero, hasta ahora, no se han impulsado acciones de actuación conjuntas de ámbito estatal», detalla el consejero.
Cultura admite desconocimiento del sector
Por otro lado, la consejera de Cultura admite textualmente que «no dispone de estudios o informes sobre los sistemas de comercialización de entradas de espectáculos de música y artes escénicas ni del posible impacto que estos pueden tener en el acceso universal a la cultura en Cataluña». También admite que tampoco tiene información para evaluar el «posible impacto que tienen las condiciones impuestas por las grandes plataformas de distribución sobre la viabilidad económica de las salas, así como sobre la diversidad cultural, la programación de proximidad y la presencia de artistas emergentes y proyectos arraigados en el territorio».
Aparte de todo esto, alega que «no ha recibido quejas formales o comunicaciones informales de promotoras, salas o artistas que manifiesten haber sufrido presiones, condiciones de exclusividad o represalias por trabajar con plataformas de distribución alternativas a las dominantes». Paralelamente, Cultura reconoce que no ha mantenido ninguna reunión con salas independientes, promotores o artistas para abordar las dificultades asociadas al uso de las plataformas de venta de entradas ni dispone de ningún plan específico al respecto, ni tiene ningún plan específico previsto, aduciendo que en los informes anuales encargados a la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña (ASACC) «este tema no se hace un análisis de la cuestión de las plataformas de venta porque no se ha considerado un factor crítico».
