Cataluña vive este miércoles 11 de noviembre una jornada de huelga general de 24 horas para protestar por la pérdida de poder adquisitivo, reclamar incrementos salariales y exigir la intervención del mercado de la vivienda. La convocatoria, la primera de ámbito general impulsada por los sindicatos mayoritarios desde 2012, llega en medio de un fuerte clima de conflictividad social y con el apoyo de La Moncloa, a solo dos días del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29-N y con un escenario de máxima tensión en el transporte público por el caos vivido en Rodalies en la víspera del paro, que ha llevado a la Generalitat a reclamar a Renfe que sancione a los maquinistas que no han cumplido con los servicios mínimos establecidos.
El paro convocado para este miércoles, que afecta a trabajadores de todos los sectores públicos y privados y funcionarios desde esta medianoche, ha recibido una bendición sin precedentes por parte del gobierno español. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado claro que el ejecutivo de Pedro Sánchez «comparte los motivos» de la huelga convocada por CCOO y UGT, sumándose a las tesis de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien apuntó que la movilización se dirige «contra la oposición». Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), ha ido más allá y ha hecho un llamado abierto a «secundar la huelga general» para defender que los derechos sociales se conquistan «luchando y haciendo huelgas». La ministra portavoz, Elma Saiz, ha exigido «respeto» por el paro al recordar que es un derecho constitucional.
Desde la Generalitat, se ha reclamado que la jornada transcurra «con civismo y convivencia». La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha evitado posicionarse a favor o en contra de la reivindicación y ha señalado que la prioridad es garantizar tanto el derecho a huelga como el derecho a la movilidad de quien quiera ir a trabajar, un derecho que los maquinistas de Rodalies no han respetado este mismo martes. Sin embargo, Paneque ha dejado claro que el ejecutivo de Salvador Illa ha suspendido toda la agenda pública y sesiones de trabajo de los consejeros; ningún miembro del ejecutivo tendrá actos públicos ni reuniones externas, y la gran mayoría de departamentos centrarán su actividad en hacer un seguimiento estrecho del transcurso del paro.
Un precedente inédito
Esta sintonía del ejecutivo español con los convocantes contrasta frontalmente con el rechazo de las patronales, que tildan la convocatoria de «política». El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado la huelga de ocurrencia «inoportuna e irresponsable», mientras que desde Pimec y la CEOE se asegura que el origen de la protesta no es laboral y que las reivindicaciones sobre la vivienda no tienen naturaleza de paro de trabajadores. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha llegado a exigir la desconvocatoria de la huelga para mantener la reputación sindical después del reciente accidente ferroviario de Urda.
Por el contrario, las organizaciones sindicales defienden la «dimensión laboral» del conflicto. Tanto los sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT– como la Mesa Sindical –CGT, IAC, CNT, COS– y el Sindicato de Inquilinas sostienen que «vivienda y salarios son dos caras de la misma moneda» y que el acceso al hogar se ha convertido en un factor de empobrecimiento estructural. Entre las demandas principales se encuentran la reducción de la jornada a 35 horas, la subida del SMI a 1.500 euros, la recuperación de los decretos de vivienda tumbados en el Congreso y la bajada por decreto de los precios del alquiler.
Los servicios mínimos de Rodalies, bajo la lupa
El paro general se inicia bajo la sombra de la tensión vivida este martes en Rodalies de Catalunya, cuando el 50% de los maquinistas convocados para los servicios mínimos durante la huelga sectorial no se han presentado en sus puestos de trabajo. Concretamente, de 143 maquinistas, 73 han faltado, lo que ha obligado a suprimir 89 circulaciones –un 41% de los servicios previstos–. Ante este escenario, el ejecutivo catalán ha anunciado la apertura de expedientes informativos y posibles sanciones o despidos si hay afectaciones a la seguridad. Además, Paneque ha hecho un llamamiento a cumplir mañana los servicios mínimos del 25% fijados por el Departamento de Trabajo para las horas punta en el transporte público, unas cifras que la patronal Pimec considera «extraordinariamente bajas» y que los sindicatos tildan de «desproporcionadas» –por excesivas– en ámbitos como el sector social, donde se ha fijado el 85%.
Crisis de la vivienda: el origen de la huelga
El origen de esta movilización se remonta a la escalada de la crisis de la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el pasado 23 de septiembre en Madrid, y su posterior muerte el 7 de noviembre. Este hecho, sumado al rechazo del Congreso de los Diputados a los decretos de urgencia del gobierno español con los votos de PP, Vox y Junts, precipitó la convocatoria de la huelga por parte del Sindicato de Inquilinas y la posterior decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. En Cataluña, el Parlamento aprobó una declaración de apoyo a la huelga con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP, mientras que Junts, PP y Vox votaron en contra.
Movilizaciones en todo el país
Los sindicatos prevén una fuerte afectación en la movilidad a lo largo de todo el país, con posibles cortes de carreteras y la presencia de piquetes informativos en las puertas de las grandes industrias para paralizar la actividad económica durante la mañana. Ya en la tarde, las acciones se centrarán en la celebración de manifestaciones masivas en las principales capitales catalanas. La protesta central tendrá lugar en Barcelona, convocada por la plataforma Viure Ens Costa La vida a las 17.30 horas en los Jardinets de Gràcia. A la misma hora saldrán las movilizaciones de Girona, desde la plaza del 1 de Octubre, y de Lleida, desde la plaza de Ricard Vinyes, mientras que en Tarragona la concentración se hará a las 18.00 h en la plaza Imperial Tàrraco. Los Mossos d’Esquadra están en alerta máxima para prever disturbios y este miércoles trabajarán el doble de efectivos que en una jornada normal.
