La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) han elevado a Naciones Unidas la supresión por vía judicial de la campaña Consum Estratègic, bloqueada por la justicia española desde hace más de seis años. Las dos entidades han dirigido una carta conjunta al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al Relator Especial sobre cuestiones relativas a las minorías y a los expertos del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. En el escrito, las entidades exponen que los tribunales españoles prohibieron una campaña durante más de seis años «sin pronunciarse nunca sobre su compatibilidad con la libertad de expresión», a pesar de que el mismo regulador nacional de la competencia determinó que la campaña no había causado ningún perjuicio demostrable.
La Asamblea y la UNPO advierten que esta actuación judicial vulnera de pleno los artículos 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), dado que ninguna autoridad española ha podido justificar la existencia de una «amenaza específica» que deba llevar a una restricción tan prolongada en el tiempo de los derechos fundamentales. Además, el documento subraya la violación del artículo 27 del mismo pacto. Las entidades denuncian que los tribunales españoles consideraron de manera «indebida» como un criterio «ideológico» el hecho de valorar si las empresas ofrecían sus servicios en catalán, discriminando así el uso y la promoción de la lengua propia.
Ante este escenario, la ANC y la UNPO reclaman a los diferentes relatores de la ONU y al Grupo de Trabajo que emitan una Carta de Alegaciones Conjunta dirigida al gobierno español. El objetivo es exigir aclaraciones formales sobre cómo pueden verse expuestas las organizaciones sin ánimo de lucro a procedimientos de competencia cuando realizan actividades de incidencia ciudadana y no comercial. Asimismo, solicitan que este caso se incluya en los próximos informes temáticos de Naciones Unidas sobre la protección del espacio cívico.
Competencia archivó el caso
La campaña Consum Estratègic se puso en marcha en noviembre de 2018 en el marco de la iniciativa Eines de País, pocos días después de la ola de traslados de sedes empresariales fuera de Cataluña a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017. La iniciativa se articulaba a través de un portal web donde los consumidores podían consultar las prácticas de empresas que se habían adscrito voluntariamente, evaluando indicadores como el compromiso con el uso de la lengua catalana en sus servicios. Como recuerdan desde la entidad, la web ni vendía productos ni generaba ningún tipo de ingreso. A pesar del carácter informativo de la iniciativa, un juzgado mercantil de Barcelona decretó el cierre del sitio web en diciembre de 2019 a raíz de una denuncia de Foment del Treball Nacional. Desde entonces, la página ha permanecido inaccesible.
La entidad remarca que esta medida cautelar y la posterior declaración de ilicitud –confirmada en apelación en 2024– chocan frontalmente con las conclusiones del regulador estatal. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigó el caso a instancias de las empresas supuestamente afectadas y determinó, en junio de 2022, el archivo de la causa al comprobar que la campaña no había provocado ningún impacto o perjuicio demostrable sobre la competencia. Aun así, cuatro meses después, la jurisdicción mercantil vio una conducta ilícita, una controversia que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que en marzo de 2026 admitió el caso a trámite para determinar el interés objetivo sobre el boicot en el marco de la ley de competencia desleal.
