La reclamación de la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego vuelve este martes a la mesa del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, pero sin ninguna posibilidad real de prosperar, un hecho que evidencia que la presión que ha intentado ejercer el gobierno español –con la amenaza de España de bloquear la ampliación del bloque– no ha servido de nada. La iniciativa impulsada por el gobierno español desde hace tres años ha chocado de nuevo con el muro institucional de Bruselas. El ministro de Asuntos Europeos de Irlanda, Thomas Byrne, país que ostenta la presidencia de turno del Consejo, ha dejado claro antes de entrar a la reunión que la sesión se limitará a una «breve discusión» informativa y que «no se espera que se tome ninguna decisión» sobre la oficialidad, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
La estrategia del ejecutivo de Pedro Sánchez, representada en esta ocasión por el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, se reduce a un mero trámite de información ante el resto de los socios comunitarios. El mismo Byrne ha reafirmado la posición de la presidencia al recordar que los servicios jurídicos del Consejo de la UE sostienen claramente que la petición española requiere una reforma previa de los tratados europeos. «Estamos obligados a aceptarlo», ha sentenciado el representante irlandés, cerrando la puerta a cualquier decisión en la reunión de hoy. «Escucharemos lo que diga nuestro colega español y reflexionaremos», ha añadido.
Este nuevo revés a la estrategia diplomática de la Moncloa llega pocos días después de las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que calificó de «impensable» la entrada de nuevas lenguas al régimen lingüístico comunitario antes que el catalán. La táctica del ejecutivo español pasa por vincular el reconocimiento de las tres lenguas del Estado al proceso de ampliación de la UE hacia los países de los Balcanes —como Montenegro o Albania—, un proceso que Bruselas quiere acelerar para contrarrestar la influencia de Rusia en la región. «Somos completamente favorables a la ampliación, por eso pedimos resolver la cuestión de nuestras lenguas», defendió Albares, teniendo en cuenta que la adhesión de estos países, prevista en el caso de Montenegro para 2028, implicaría incorporar el albanés y el montenegrino como lenguas oficiales.
El freno jurídico de los tratados europeos
A pesar del intento de presión del ejecutivo español, que ha señalado a Italia como uno de los «máximos obstáculos» para lograr la oficialidad del catalán, la vía jurídica planteada por la UE difiere de forma sustancial de la tesis española. Aunque el mismo Albares ha señalado reiteradamente que no hay ningún impedimento para que la propuesta avance, los servicios jurídicos comunitarios han determinado que no se puede equiparar el uso puntual del catalán en foros como el Comité de las Regiones o en reuniones ministeriales del Consejo de la UE con la traducción sistemática de todos los textos legales de la UE. Según el criterio de los juristas europeos, sería necesario modificar el artículo 55 del Tratado de Lisboa, que enumera las 24 lenguas oficiales actuales, y no acogerse únicamente a la traducción del texto a los idiomas con estatus oficial en los estados miembros. Por el contrario, la Moncloa mantiene que la reforma de los tratados no es imprescindible y se acoge al artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el cual establece que el Consejo puede determinar el régimen lingüístico de las instituciones mediante reglamentos por unanimidad.
Críticas a la presión de España por la oficialidad
Varios estados miembros han expresado un rechazo frontal a la intención del gobierno español de vincular la oficialidad al proceso de ampliación del bloque comunitario. Representantes de estados como Lituania, Alemania y Suecia han calificado de «inaceptable» esta condición, defendiendo que la expansión de la UE y la gestión lingüística son cuestiones independientes que no deberían utilizarse como moneda de cambio o para interponer vetos nacionales. En este sentido, el alemán Gunther Krichbaum, en declaraciones recogidas por la ACN, ha criticado el uso de la ampliación como «moneda de cambio» y la ministra sueca, Jessica Rosencrantz, ha reclamado separar el debate de fondo remarcando que «la ampliación es una cosa, y las lenguas otra».
