Tres años después de que el gobierno español se comprometiera a conseguir la inclusión del catalán, el gallego y el euskera en el Reglamento 1/1958 de la Unión Europea –el texto que fija las lenguas oficiales– a cambio de pactar la Mesa del Congreso con Francina Armengol como presidenta, el asunto sigue atascado en Bruselas en un laberinto de reticencias técnicas, políticas y diplomáticas. En agosto de 2023, la imagen de un compromiso solemne representado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, prometía abrir un capítulo histórico para la lengua catalana, pero el globo se ha ido desinflando y el ejecutivo español encara el último año de legislatura con el asunto completamente atascado.
Esta semana, repentinamente, y en plena crisis de Ceuta asfixiando a Pedro Sánchez, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha defendido que el catalán, el vasco y el gallego deben ser reconocidos como lenguas oficiales de la UE antes de que el bloque comunitario incorpore nuevos estados miembros. Pero cuando se le ha preguntado si están dispuestos a condicionar la ampliación con esta petición, se ha limitado a responder: “Esperamos que la cuestión se resuelva mucho antes”. De momento, según Sampedro, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido incluir la cuestión en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales, pero la presidencia irlandesa del Consejo aún no ha confirmado que el punto se incluya en el orden del día.
A pesar de las declaraciones de intenciones del mismo Sampedro e incluso de Albares –ambos han dicho varias veces que la oficialidad es «cuestión de tiempo»– y después de las decenas de reuniones bilaterales y promesas de financiar íntegramente los costos de la traducción, la esperada reforma del reglamento no se ha llegado a someter nunca a votación definitiva. Ante este bloqueo, Plataforma per la Llengua cree que toda la responsabilidad recae sobre el ejecutivo español. En declaraciones a El Món, el presidente de la ONG del catalán, Òscar Escuder, ha defendido que «nunca ha sido una prioridad real» para Pedro Sánchez.
Un laberinto de reticencias
La modificación del reglamento exige la unanimidad de los 27 estados miembros, un listón altísimo que se ha convertido en un muro infranqueable, y tampoco se han aprovechado las presidencias de turno del Consejo de la UE de países que ven con buenos ojos la medida, como son el caso de Dinamarca e Irlanda. A lo largo de estos 36 meses, otros países como Bélgica, Hungría o Portugal han mostrado simpatía por la demanda. Sin embargo, un núcleo duro liderado por socios del norte y del este del continente continúa expresando reticencias en torno a tres grandes argumentos durante estos tres años. El primero es el impacto financiero y operativo. A pesar del compromiso directamente asumido por España de cubrir todos los costos de traducción e interpretación, varios países alegan problemas logísticos reales, como la falta crónica de intérpretes cualificados en las instituciones europeas para cubrir todo el volumen documental y de sesiones.
A este obstáculo se añaden la seguridad jurídica y la fricción política interna. Por un lado, varios socios como Finlandia, Suecia, Italia, Letonia o Lituania exigen informes vinculantes del servicio jurídico del Consejo que aclaren la validez y el apoyo constitucional del proceso antes de dar cualquier paso en firme. Por otro lado, existe un gran temor al efecto dominó: muchos estados miembros con minorías lingüísticas propias recelan de crear un precedente normativo comunitario que posteriormente pueda ser utilizado por otras regiones europeas para exigir el mismo reconocimiento oficial en Bruselas.
El apoyo de Alemania y Francia se consideraba clave para provocar un efecto de arrastre sobre el resto de estados contrarios o dudosos con la oficialidad. Sin embargo, ninguna de ambas potencias ha terminado de impulsar la cuestión como prioridad política en la mesa de negociación comunitaria. En julio, Sampedro recordó la declaración conjunta del pasado mes de octubre entre el presidente alemán, Friedrich Merz, y el español, Pedro Sánchez, donde los dos ejecutivos acordaron entablar un diálogo bilateral para encontrar una vía para la oficialidad, un gesto que se produjo cuando el inquilino de la Moncloa intentaba evitar la ruptura con Junts. Recientemente, el secretario de Estado para la Unión Europea tampoco ha aportado mucha luz sobre si se habían producido avances entre los dos gobiernos y se limitó a decir que se podría volver a poner la propuesta sobre la mesa «cuando se den las circunstancias».
Un balance de 36 meses de un proceso atascado
En estos 36 meses, la promesa de hacer el catalán oficial en la UE ha quedado atrapada en un círculo vicioso de debates técnicos y aplazamientos diplomáticos. Tras la solicitud formal presentada por España en agosto de 2023 como condición para que Junts le votara la Mesa del Congreso, la cuestión se sometió a discusión en el Consejo de Asuntos Generales de la UE durante el otoño de ese mismo año. Sin embargo, la falta de consenso obligó a retirar la votación del orden del día. Ni siquiera la oferta del Estado español para asumir íntegramente el costo financiero de la traducción ni las reuniones bilaterales mantenidas durante 2024 y 2025 lograron vencer las reservas de los socios comunitarios, que continuaron exigiendo nuevos informes jurídicos y análisis de impacto. Llegados al verano de 2026 y pasados tres años, la situación presenta un bloqueo estructural y la reforma sigue sin fecha ni calendario previsto para una votación definitiva. Mientras tanto, la frustración crece entre las entidades en defensa de la lengua y las fuerzas soberanistas, que acusan a la diplomacia española de haber rebajado la presión política en Bruselas y haber dejado el asunto lingüístico en un vía crucis burocrático de difícil salida.
Plataforma per la Llengua carga toda la responsabilidad sobre el gobierno español
Tanto desde el gobierno español como desde la Generalitat se ha acusado reiteradamente al PP de ser responsable del bloqueo de la oficialidad. De hecho, los de Alberto Núñez Feijóo admitieron en 2024 que el líder del partido había intercedido con países de la familia del grupo popular europeo para bloquear la propuesta, que necesita la unanimidad de los 27 para ser una realidad. En cambio, Plataforma per la Llengua sí que hace recaer todo el peso de la responsabilidad sobre el gobierno español. El presidente de la entidad, Òscar Escuder, asegura que para el ejecutivo español la oficialidad «nunca ha sido una prioridad real». «Es competencia única y exclusiva del Estado», ha remarcado.
Para evidenciar que no ha sido una prioridad del gabinete de Sánchez, Escuder recuerda que durante este tiempo el Estado ha tenido tiempo de «negociar cargos importantes» –Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, o Teresa Rivera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea–. «Cuando es una prioridad lo negocian rápidamente y obtienen los resultados que tocan, y cuando no lo tienen como prioridad pasa lo que está pasando con la oficialidad», ha defendido, cargando contra el argumento que utiliza el ejecutivo de Sánchez: «Que era cuestión de tiempo podría valer los primeros meses, pero al cabo de 3 años no sirve».
También ha lamentado que los gobiernos de Pere Aragonès y Salvador Illa, así como los grupos catalanes, «no los han presionado lo suficiente o no lo han sabido hacer suficientemente bien». En cualquier caso, cree que si no se consigue se habrá perdido una ventana de oportunidad porque difícilmente la medida podrá salir adelante con, como dibujan las encuestas, un eventual gobierno de PP y Vox en España. «Si no se da, ahora habremos perdido una oportunidad que, a priori, parecía favorable, pero creemos que en algún momento u otro tendrá que ser», ha manifestado.
