«Quiero expresar el firme apoyo del ministerio fiscal a la propuesta de atribuir a la Fiscalía la dirección de la investigación penal que recoge el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal actualmente en trámite». Con esta contundencia se ha expresado la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en su discurso de presentación de la memoria fiscal de 2025 en la apertura solemne del año judicial, que se ha celebrado este jueves al mediodía en la sede del Tribunal Supremo en presencia, como es habitual, del rey de los españoles, Felipe VI, como jefe de Estado. Peramato ha aprovechado la ocasión para recordar que incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado el proyecto de ley, que también ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea.
Peramato ha aprovechado la ocasión para expresar una de las reivindicaciones históricas del ministerio público, que reivindica tener en sus manos las instrucciones y las investigaciones judiciales. Una posibilidad que consta en la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esta línea, la fiscal general recuerda que desde el año 2001 se han registrado diversas iniciativas legislativas para modernizar la justicia penal. Unos proyectos que compartían un objetivo: «Atribuir al ministerio fiscal la dirección de la investigación de los delitos».
No es una demanda corporativa
«La atribución de la dirección de la investigación al ministerio fiscal no constituye una reivindicación corporativa», ha justificado Peramato. «Se trata, sobre todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro estado de derecho», ha remarcado. Peramato ha señalado que otorgar al ministerio público las instrucciones no es un experimento, sino al contrario, porque, «los sistemas más avanzados de nuestro entorno jurídico atribuyen al ministerio público un papel protagonista en la investigación de los delitos, bajo el control y la garantía de un juez imparcial encargado de velar por los derechos fundamentales».
Según Peramato, la «clave» del nuevo modelo es que refuerza «las garantías de la ciudadanía». «Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras», defiende la fiscal general. Ahora bien, para asumir esta tarea Peramato ha reclamado más autonomía, a través de la mejora del estatuto orgánico del ministerio fiscal, y más autonomía presupuestaria.
