Esta semana ha aumentado un grado más la presión de los tribunales hacia el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y su entorno, tanto familiar como político. Las causas abiertas por el caso Koldo, por el caso Plus Ultra, por el caso Begoña y por los dos casos que tienen a Leire Díez como pieza común han ido incorporando diligencias, decisiones y comunicaciones que, lejos de frenar los sumarios, los aceleran y aún aprietan más el círculo. A menudo, decisiones revestidas de cuestiones técnicas o de dinámicas procesales.
En resumen, los frentes contra los líderes del PSOE se han alimentado con nueva munición, como la prohibición a Begoña Gómez de viajar a Turquía –para acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN, la imputación de su exjefe de gabinete y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y la presión de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción sobre las joyas encontradas en el despacho de Zapatero.
Y, una petición que no ha hecho ninguna gracia a las defensas, la petición de continuidad como jefe policial del responsable de las diferentes instrucciones contra los socialistas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, el teniente Antonio Balas. A todo esto, cabe añadir la declaración de Rafael Salvador, uno de los policías que se reunió con Leire Díez, para hablar sobre el caso ERO de Andalucía y que hizo saber al juez que la fontanera del PSOE se jactaba de hablar en nombre de las «altas esferas».
El exjefe de gabinete de Sánchez, imputado
«No pinta bien». Así han recogido varios medios las declaraciones fuera de micro de varios cargos de la ejecutiva federal del PSOE después de que el titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputara a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, la empresa pública donde también trabajaba Leire y exjefe de gabinete de Sánchez. Es decir, la persona de máxima confianza política del presidente español con mando sobre su agenda, mando y dirección de su estructura política y administrativa. La preocupación del PSOE es que tres de los que han sido mano derecha de Sánchez en los últimos años están procesados: José Luis Ábalos –ya condenado–, Santos Cerdán y, ahora, Serrano.
En una interlocutoria dictada este viernes, de doce páginas y a la que ha tenido acceso El Món, Pedraz basa su decisión en la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que va con todo en la causa, después de que los investigadores de la Guardia Civil, en sus atestados, le atribuyeran «participación preeminente» en las dos ramas de esta causa: las supuestas irregularidades en contratos públicos -la causa Hirurok– y el caso de las presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales, conocido como las «cloacas del PSOE».
La resolución también incluye una orden del juez a la UCO para que vuelque y analice el teléfono móvil de Serrano. El magistrado explica en su decisión que al principio de las pesquisas policiales solo se podía apostar por una «difusa responsabilidad en los hechos» de Serrano. Sin embargo, el informe de la UCO convence al juez de que hay suficientes «indicios por su relación con los integrantes de la organización criminal, fundamentalmente, Leire Díez y Vicente Fernández». De hecho, los analistas de la UCO razonaban que Díez había sido objeto de una «contratación estratégica» a través de Serrano en Correos. Asimismo, aportan indicios, como «mensajes» de Signal y Whatsapp desde 2020 hasta 2024 -que coinciden temporalmente con los hechos investigados- de la presunta «colaboración estrecha» con la supuesta red para torpedear los casos judiciales e investigaciones policiales que afectan a la biosfera socialista.
El investigador, protegido
A todo esto, cabe añadir una petición con carga de fondo por parte del juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, y del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que han solicitado al jefe de la UCO, el coronel Pedro Merino, que el teniente coronel Antonio Balas permanezca en la investigación a pesar de que será ascendido a coronel, y por normativa interna, debería cambiar de destino dentro del instituto armado. La fiscalía le pidió al juez Moreno porque Balas ha sido el arquitecto de las causas de la UCO contra los socialistas. Y, especialmente, remarca que ha tenido un papel «relevante» y que su papel es «necesario» para la continuidad de la investigación. De hecho, pide mantenerlo hasta concluir la instrucción.
De hecho, Balas era uno de los supuestos objetivos de la trama Leire y de quien buscaban información delicada y comprometida, para desvirtuar sus investigaciones. El teniente coronel Balas está al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO. Por tanto, firma los atestados de todos los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez, pero no del caso Zapatero o Plus Ultra que está en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Balas investiga las actividades de Santos Cerdán y del caso Ábalos.
No acaba aquí el protagonismo policial. Este viernes declaró el agente jubilado del CNP, Rafael Salvador, que fue miembro de la unidad de policía judicial del juzgado de Mercedes Alaya en Sevilla. En su declaración en el marco del caso Leire, admitió varias reuniones con Díez, porque era uno de los investigadores del caso ERO y caso Aznarcóllar, donde había imputados cargos socialistas andaluces. La declaración fue bastante negativa para Leire porque el policía enfatizó que la fontanera del PSOE presumía de ser la portavoz de «quien más manda» para pedir información comprometida de las investigaciones y de la jueza.
Zapatero, Hacienda, la fiscalía y las joyas
Por otro lado, el caso Plus Ultra ha tenido su parte de protagonismo esta semana. Por un lado, Hacienda anunció que revisará las declaraciones de renta del expresidente español, las de su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus dos hijas, entre 2021 y 2024. Una petición que la defensa del exlíder del PSOE ya ha impugnado porque afecta su derecho de defensa en el contexto de una instrucción judicial en marcha en manos del magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional. La decisión de Hacienda proviene del hallazgo de las joyas en una caja fuerte en su despacho de expresidente, durante los registros ordenados por el juez en el marco de la instrucción de las ayudas públicas de 53 millones de euros a la compañía aérea venezolana Plus Ultra durante la pandemia.
Pero, precisamente, a raíz de las joyas la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a asomar la cabeza. El ministerio público registró un escrito esta semana donde recuerda a la defensa del expresidente que tiene «derecho a justificar el origen de las joyas». Unas joyas con un valor tasado de 1,3 millones de euros. Zapatero recurrió la apertura de la pieza separada sobre las joyas por un delito de contrabando y un delito fiscal alegando que se habían vulnerado sus derechos como procesado. Anticorrupción, sin embargo, no lo ve igual y se opone en este escrito recordando que «no había nada que no figurara ya en el procedimiento antes de la citación del investigado». En esta línea detalla que la pieza separada no se abre a raíz de la tasación de las joyas, sino en el mismo hallazgo, «cuya procedencia temporal y geográfica está por determinar». Aún queda mucha instrucción.
