Los catalanohablantes están cansados de que no se respeten sus derechos lingüísticos cuando son atendidos en un bar, un restaurante, una tienda, una entidad bancaria o, incluso, en la administración pública. La muestra de esto es el incremento de las quejas que recibe Plataforma per la Llengua, que ha pasado de gestionar 395 quejas en 2016 a recibir 2.328 en 2023. Es decir, el volumen de quejas que recibe la ONG del catalán se ha multiplicado por cinco en siete años. Pero este incremento también es visible, y aún mayor, en las quejas que recibe la Agencia Catalana de Consumo (ACC) por vulneración de derechos lingüísticos. Según datos facilitados por el organismo público a El Món, han pasado de 86 en 2014, a 1.577 en 2024.
Es decir, en una década se han multiplicado por 18 las denuncias, pero llegaron a multiplicarse por 20 en 2023, cuando Consumo registró 1.874 denuncias. En cambio, las inspecciones y las sanciones han subido durante la última década, pero no lo han hecho al mismo ritmo que las denuncias. Con 2014 como punto de partida, según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el crecimiento es exponencial en los dos últimos años que se tienen registros, 2023 y 2024, y claramente marcan un cambio de tendencia respecto a los años anteriores.
Entre el año de partida y 2022 hay un crecimiento constante de las denuncias por vulneración de derechos lingüísticos, a excepción de 2018, en plena suspensión de la autonomía por la aplicación del 155, cuando se produce una bajada muy significativa. Aun así, fuentes de Consumo desvinculan una cosa de la otra porque el organismo funcionó a “pleno rendimiento” durante la intervención del Estado español y les resulta difícil encontrar una explicación a esta cifra. Los datos han ido fluctuando, pero admiten que en los últimos años se han disparado.
Número anual de denuncias, de 2014 a 2024
- 2014, 86
- 2015, 77
- 2016, 104
- 2017, 108
- 2018, 50
- 2019, 95
- 2020, 132
- 2021, 206
- 2022, 456
- 2023, 1.874
- 2024, 1.577
Altibajos en las inspecciones
Las actuaciones inspectoras no han crecido al ritmo que lo han hecho las denuncias. Las cifras de inspecciones llevadas a cabo por Consumo para garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores durante la última década muestran altibajos, con el pico más alto en 2025, con 2.287 actuaciones. Los dos momentos más bajos fueron 2020, con solo 247, y 2021, con 721. Estos dos datos se explican porque fueron los años de la pandemia y los inspectores no podían salir a la calle y, además, la mayoría de establecimientos permanecieron cerrados al público durante el tiempo que duró el estado de alarma. El resto de años se realizaron entre 1.023 y 1.418 inspecciones, con los 1.344 como punto de partida, en 2014.
Fuentes de Consumo detallan a El Món que con estas cifras hay que tener en cuenta que el número de denuncias presentadas por vulneración de derechos lingüísticos no debe corresponderse necesariamente con la cifra de actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la inspección de consumo. En este sentido, las mismas fuentes mencionan varios motivos como que puede haber más de una denuncia por un mismo caso o que las obligaciones lingüísticas también se revisan de oficio en el marco de la campaña genérica de control de los requisitos generales de los establecimientos. Pero también hay que tener en cuenta, explican, que hay denuncias presentadas en un año que pueden tener la actuación consecuente durante el año posterior, sea con visitas específicas o en el marco de la campaña de requisitos generales.
Muy pocas sanciones si se comparan con el volumen de denuncias
Por otro lado, las sanciones impuestas por Consumo por vulnerar los derechos lingüísticos de los consumidores son muy pocas si se comparan con las denuncias, y durante esta década han ocupado habitualmente el tercer o cuarto lugar como motivo de las multas que ha impuesto Consumo. Durante la mayor parte de estos diez años, el número de sanciones ha oscilado entre las 57 y las 94. Aun así, es cierto que en los últimos dos años se han disparado y han superado las 200, lo que ha conllevado una recaudación superior a los 400.000 euros en multas. De hecho, Consumo impuso 261 sanciones en 2023, por un valor total superior a los 496.000 euros, y en 2024 bajaron ligeramente, con 201 sanciones y 409.000 euros. En el extremo más bajo, en 2021 solo se impusieron 16 sanciones y se recaudaron 17.350 euros en multas por vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores, el 0,52% del total de multas impuestas por la agencia, que recaudó un total de 5,2 millones. Una cifra, sin embargo, que, igual que ocurrió con las inspecciones, es consecuencia de la pandemia y del confinamiento.
Las pocas sanciones que impone Consumo comparadas con las denuncias o las inspecciones que realiza es porque, según remarcan fuentes del organismo, la finalidad del control de mercado que llevan a cabo “no es sancionadora ni recaudatoria”. El principal objetivo es velar por la corrección de aquellas prácticas que vulneran los derechos de los consumidores reconocidos por ley, entre los cuales están los derechos lingüísticos. Es por esta razón, argumentan, que el primer paso de la ACC cuando detecta incumplimientos es informar a la empresa de los incumplimientos detectados y dar un plazo para solucionarlos. Si transcurrido este plazo la empresa o establecimiento abierto al público acredita que ha corregido los incumplimientos, la actuación se archiva; en caso contrario, si no corrige la vulneración de derechos, es cuando se propone el paso a procedimiento sancionador.
