El día que se cumplen ocho años del referéndum del Primero de Octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha comunicado al presidente Quim Torra que ha admitido a trámite su demanda por la retirada de su escaño por orden de la Junta Electoral Central en base a la tesis de la «inhabilitación sobrevenida«. Es la segunda demanda que los togados de Estrasburgo admiten del presidente Torra después de que el pasado mes de febrero admitieran la primera por todo el proceso seguido en la inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles.
En esta ocasión, el TEDH ha admitido provisionalmente la demanda y ha invitado al gobierno español a presentar un «informe con los hechos y sus observaciones, a más tardar el 21 de enero de 2026». De hecho, el mismo TEDH ofrece el mismo plazo al Estado español para llegar a una solución «amistosa» del pleito. En todo caso, una vez España haya respondido se dará traslado de nuevo a la defensa de Torra, dirigida por Isabel Elbal y Gonzalo Boye, para que aleguen lo que consideren adecuado a la vista de las respuestas de España.

Una retirada del escaño dudosa
Más allá de que la primera demanda continúe su curso, -que evaluará si se vulneraron los derechos políticos del presidente Torra con su inhabilitación por la pancarta- en este caso, se debatirá la legalidad respecto a los derechos fundamentales de que un organismo como la Junta Electoral Central pueda retirar el acta de diputado de manera «sobrevenida» cuando la sentencia aún no era firme. Una retirada de escaño que abrió otro pleito y que el Tribunal Supremo ratificó y el Tribunal Constitucional se desentendió. Torra, por tanto, ha conseguido que prosperen dos de las tres demandas interpuestas al TEDH, después de que en julio del año pasado el mismo tribunal inadmitiera su demanda por el espionaje con Pegasus.