Gran parte de la red de infraestructuras fantasma del Estado español se ha construido por el método de la subasta electoral, es decir, por la vía de las promesas de los candidatos a alcaldías o gobiernos autonómicos que anunciaban una estación de AVE, un aeropuerto o una autopista en cualquier pueblo español (menos Cataluña, está claro). Millones de euros públicos lapidados en aeropuertos difuntos como el de Castellón o de Castilla-La Mancha, la estación de AVE en las diminutas villas de Tardienta o de Villanueva de Córdoba -mientras que en Barcelona esperamos que el AVE llegue a la Sagrera y al Aeropuerto- durante los años locos previos a la crisis del 2009 en forma de chantaje-promesa electoral.
Y más de una década después, las campañas electorales todavía incluyen subastas que ponen el dinero público a disposición de la campaña del candidato X que tiene en Madrid, en Cataluña, en Barcelona o en cualquier otro centro de poder un homólogo de su partido. La cosa va así: Sólo si usted me vota, los míos pondrán dinero en el pueblo para atender necesidades que, en realidad, son un derecho básico que usted y yo tenemos como contribuyentes al margen de la papeleta que depositamos en las urnas.
Un caso polémico, pero que no será ni el primero ni el último a poco más de dos meses para las elecciones municipales del 28M, lo hemos tenido esta semana. El jefe de cartel de ERC en Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, promete, en presencia del consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, que “si gobiernamos esta ciudad construiremos esta segunda residencia de gente mayor que esta ciudad necesita”. Si no gana ERC, los abuelos de Santa Coloma no tendrán la segunda residencia que “esta ciudad necesita”?
Naturalmente, cada partido tiene que explicar a los ciudadanos qué modelo de ciudad quiere y cómo lo aplicará si llega al poder. Pero el juego tiene que ser siempre limpio, y en ningún caso implica disponer de dinero público porque la clave de la caja la tenga momentáneamente el partido del candidato.
