Lawfare con L de Laura

Acabado el juicio contra Laura Borràs, es el momento de hacer inventario de daños. Después de un largo periplo judicial, quien ha querido seguir las sesiones del TSJ se puede haber hecho una idea completa de todo. De hecho, como en la mayoría de casos mediáticos, la sentencia de la opinión pública ya está dictada y pocos cambiarán de parecer por lo que pueda resolver finalmente el inefable juez Barrientos. 

La gestión de este caso de lawfare ha sido un auténtico test de estrés para el independentismo o los partidos y entidades que lo representan. Empezando por el hecho de que se han pegado abiertamente sobre si realmente es o no un caso de lawfare. Cómo si una persecución judicial con la excusa o con la ocasión de un caso de mala gestión no pudiera ser parte de la guerra sucia contra adversarios políticos. Y ha sido un test de estrés que claramente no hemos superado. Los daños son múltiples y van más allá del caso concreto.

No hay que coger mucha perspectiva para entender que no hay nada más español que denunciar la corrupción del partido contrario, ni nada más propio de regímenes autoritarios que perseguir y destruir disidentes acusándolos de corrupción. Me ahorraré citarlos para evitar las comparaciones, pero creo que la lista mundial de exiliados y disidentes perseguidos se divide básicamente entre los acusados de algún tipo de violencia política y los acusados de corrupción.

Encontré especialmente decepcionante que Òmnium dijera que no apoyaba a Borràs porque no se trataba “de un juicio para ejercer derechos civiles y políticos”. Básicamente porque ellos han intentado hacer bandera de una acción y una reflexión antirrepresivas en clave de país, que por otro lado es imprescindible. Y bien es verdad que cualquiera que conozca la doctrina internacional sobre el tema sabe que perseguir a alguien “por ejercer derechos civiles y políticos” solo es un elemento de tantos que definen una persecución política. 

Los seguidores de la presidenta del Parlamento sostienen que la persecución penal no tiene conexión con ningún delito, que es otro de los criterios del Consejo de Europa. Pero no hace falta tampoco comprar esta tesis, puesto que el carácter desproporcionado o discriminatorio del castigo que se pretende imponer son suficientes para presumir que hay una intencionalidad política de las autoridades policiales y judiciales. O incluso la carencia de garantías básicas en el procedimiento penal. Dicho de otro modo, no hay que asumir que alguien es inocente para decir que es víctima de un caso de lawfare. 

Se puede, en definitiva, sostener que el caso de la Institución de las Letras Catalanas no es un caso de corrupción sin asumir que es un montaje de la Guardia Civil. En realidad no hay que negar los hechos, ni afirmar la falsedad de los famosos correos (¿alguien ha desmentido el contenido?) para defender que la exdirectora de la Institución merece ser absuelta. O si queréis, se puede concluir que es una persecución política, no porque no sea razonable investigar lo que pasó sino por las irregularidades del procedimiento y la desproporción absoluta de las acusaciones.

Incluso en un caso tan polémico y polarizado como este, tendríamos que reclamar un espacio para pensar cuál es la mejor manera de hacer frente al lawfare priorizando el interés común. Interés común que se puede definir apelando a las instituciones, a los partidos, al conjunto del movimiento independentista o a la política en general. Evidentemente, desde esta perspectiva tiene sentido preguntarse si todos juntos no podían hacer las cosas mejor. Es más, creo que era difícil hacerlas peor. 

Sin ir más lejos, siempre me he preguntado si fue buena idea que Laura Borràs asumiera la presidencia del Parlamento. No tanto por el lawfare que ya sufría, que también, sino por la imposibilidad de contener el retroceso autonomista desde este cargo. Así pues, también es legítimo preguntarse si no era mejor que la presidenta hubiera dejado voluntariamente sus cargos y defender al mismo tiempo que su suspensión de funciones fue una decisión antidemocrática. 

El problema sería más fácil de gestionar si se pudiera distinguir mejor entre la empatía, la amistad, el apoyo político y la solidaridad antirrepresiva. Tendría que ser posible denunciar la guerra sucia del Estado sin participar de la adhesión incondicional ni de la cacería contra la persona o el partido que es víctima. De lo contrario no hacemos más que alimentar una batalla campal autodestructiva, que acaba legitimando la actuación de la casa de Barrientos que es la justicia española. El precedente que se ha creado en este caso perseguirá a las próximas víctima de lawfare. 

En todo caso, la lección principal que tendríamos que haber aprendido de este caso es que ni el futuro del movimiento independentista, ni el de ninguna entidad, partido o institución en particular, puede ir ligado a la suerte personal de un líder. De lo contrario, lo tendría muy fácil el Estado para derrotarnos. De hecho, ya nos avisaron en su momento de que ellos pensaban que decapitando el movimiento nos podrían neutralizar. Por eso tendríamos que haber entendido, ya entonces, que esto será una carrera de relevos. Que nadie es insustituible, que no hace falta un sueldo público para seguir luchando pero que siempre hay la posibilidad de volver si puedes ser útil. 

Laura Borràs representa eficazmente a mucha gente. No son pocos los que creen que en la cúpula de su partido o en el Parlamento no queda nadie más con quién puedan identificarse. Pero cuando se trata de valorar el papel de un líder político también es muy importante que dirija y tome decisiones con la misma eficacia y acierto. Y por las mismas razones que hemos convenido, muchos de nosotros, que no se puede liderar un movimiento político desde la prisión, tenemos que preguntarnos si es posible hacerlo exitosamente desde el banquillo de los acusados.