Desde que comenzó el año, cada semana ha habido al menos un desahucio programado en Barcelona. Algunos se han ejecutado, como el caso de las siete familias del número 24 de la calle del Tigre del Raval. Otros se han logrado posponer in extremis, como el de Ana Barrios, víctima de violencia machista y madre de tres hijos con autismo. Todos estos casos han tenido lugar con la moratoria de desahucios a familias vulnerables aún vigente. El decreto que, entre otras cuestiones, debía permitir prorrogar esta protección jurídica para las personas en situación precaria cayó este martes en el Congreso de los Diputados. Votaron en contra el PP, Vox y Junts. Si ya era complicado detener muchos de los lanzamientos con la moratoria activa, desde el movimiento pro vivienda auguran a partir de ahora una avalancha de desalojos que podría dejar en la calle a más de 60.000 familias en todo el Estado, casi 13.000 de las cuales en Cataluña. De hecho, no han pasado ni 24 horas de la votación en la cámara española para que se haya ejecutado el primer desahucio de una familia sin alternativa en Barcelona.
En este contexto y en protesta por la decisión de Junts, el Sindicat de Llogateres y Taula Sindical d’Habitatge de Catalunya -que agrupa la PAH, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya y el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya- han convocado esta tarde una concentración a las puertas de la sede del partido independentista, en el pasaje de Bofill de la capital catalana. Se trata de una de las movilizaciones que se están celebrando de forma simultánea en una decena de ciudades del Estado para revertir esta situación y conseguir salvar la moratoria en una votación en segunda instancia, tal como ya ocurrió el año pasado. Más allá de la prórroga del decreto, el movimiento pro vivienda catalán pide aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, acabando de esta manera con las «estafas inmobiliarias».
La protesta ha comenzado a las seis y media y ha contado con el apoyo de numerosas entidades sociales y sindicales del país. Entre estas encontramos UGT, CCOO, CGT, Intersindical, CNT, la Marea Pensionista, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Docents 080, Plataforma per la Llengua y la Xarxa d’Economia Solidària. Un importante despliegue de los Mossos d’Esquadra ha blindado en todo momento los accesos al pasaje de Bofill, garantizando que los cerca de 200 manifestantes no se acercaran a la sede del partido. Los concentrados han ocupado la calzada de la calle de la Marina, que ha quedado cortada entre las calles de Aragón y Valencia. Aunque la movilización se desconvocó oficialmente minutos después de las siete de la tarde, a las siete y media todavía había decenas de personas manifestándose.
Una «vergüenza» que debería ser una medida estructural
En declaraciones a los medios, el portavoz de la PAH, Juanjo Ramon, ha criticado que la aritmética parlamentaria ponga en riesgo a las 60.000 familias acogidas a la moratoria para beneficiar los intereses rentistas. «Esto es una vergüenza. No podemos permitir que los intereses de unos pocos pasen por encima de los de la mayoría. La moratoria no puede ser una medida temporal que cada año debemos batallar, sino que debe ser una medida estructural que garantice el derecho a la vivienda para todos», ha dicho. A su vez, la portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha calificado la caída de la protección de una noticia «nefasta» y ha apuntado contra todos los políticos del arco parlamentario por no ser capaces de atacar el negocio de la vivienda.
Una línea similar ha adoptado la vocal de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, Marta Espriu, que ha acusado al PSOE de hacer «electoralismo descarado» y a Junts de ser el «portavoz de la patronal inmobiliaria». Por su parte, Txema Escorsa, vecino de un bloque de Gràcia que la propiedad quiere convertir en colivings, ha tomado la palabra en nombre del Sindicat de Llogateres para reclamar medidas para que «ninguna persona, ninguna familia y ningún inquilino sea expulsado de su casa», asegurando que nos encontramos como sociedad en un punto crítico. «Estamos al límite del colapso», ha subrayado.
171 votos a favor y 178 en contra
Hay que recordar que el decreto que incluía la moratoria de desahucios fue rechazado por el plenario del Congreso por 171 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB y Podemos) y 178 en contra (PP, Vox, Junts y UPN). El partido independentista justificó su sentido de voto acusando al gobierno español de pretender hacer «chantaje» vinculando las pensiones -que formaban parte del paquete- a otras cuestiones que no tienen nada que ver. «Nosotros decimos sí a las pensiones, no a las ocupaciones, y no pueden obligarnos a dejar tiradas a las personas que sufren las ocupaciones y los impagos», aseguró la portavoz Míriam Nogueras.
