No dejar cabos sueltos por querer pisar demasiado el acelerador. La prisa es mala consejera y bien lo saben los partidos independentistas. Y más en un entorno hostil como es Madrid. Por eso ya se ha suspendido dos veces la votación del dictamen de las conclusiones de la comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Nueve años después y tras un largo proceso judicial que ha terminado con la inadmisión de la demanda por vulneración de derechos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), los portavoces de los grupos parlamentarios aún están negociando las conclusiones de la investigación de los hechos y el derecho a saber la verdad que inició su singladura en el año 2023.
No es una negociación fácil. Ni mucho menos. De hecho, este jueves estaba convocada la comisión, pero se aplazó para dar más tiempo a los grupos para acordar las conclusiones, que deberán validarse finalmente en el plenario. La intención ahora es que pasen al próximo periodo de sesiones, después de las vacaciones de verano pero inmediatamente, en septiembre, porque el PSOE y Sumar quieren terminar el trabajo lo antes posible. Los socialistas, sin embargo, juegan con una ventaja clara. Si no hay acuerdo con Junts y ERC, la mayoría alternativa es la de PP y Vox, que han presentado unas conclusiones diametralmente opuestas a las de los juntaires y los republicanos. De hecho, tanto la derecha extrema como la extrema derecha siempre han negado la necesidad de la comisión, han defendido que no era necesario investigar nada ni hacer ninguna modificación legal en favor de las víctimas, la han tildado de conspiranoica y solo han buscado reproches hacia los gobiernos socialistas y los acuerdos de investidura.
En este contexto, los negociadores tratan de cerrar los flecos y llevar al plenario el dictamen de las conclusiones consensuadas entre los grupos políticos de la investidura. Para poder votarlas todas juntas y asegurarse un mínimo común denominador que comparten juntaires, republicanos, Bildu, PNB, Comuns y el PSC. De esta forma se han conjurado para salvar las diferencias, sobre todo con los socialistas, que tampoco pueden permitirse pisar demasiados callos a los servicios de seguridad del Estado ni quieren acabar detallando las reformas legislativas que corresponden, porque eso sería tarea de las comisiones legislativas pertinentes.
Una reunión telemática
El martes se celebró una reunión telemática informal para intentar avanzar posiciones. De hecho, fuentes de los participantes apuntan que fue un cónclave bastante productivo y se avanzó en conceptos importantes para incorporar al dictamen. Los puntos de fricción son, sobre todo, las conclusiones propuestas por juntaires y republicanos, con el apoyo de Bildu y el PNB, sobre el tratamiento de los secretos oficiales -de hecho, los vascos insisten desde hace legislaturas en cambiar radicalmente la ley- y las modificaciones legales que afectarían a las víctimas del terrorismo.
En concreto, los socialistas admiten que falta el visto bueno y el entendimiento con el Ministerio de Justicia, en manos de Félix Bolaños, para ampliar la capacidad de la ley 29/2011 de protección de las víctimas de terrorismo. Es decir, ampliar el radio de acción y aclarar la figura jurídica de víctima de atentado terrorismo. En este punto, también entraría la retroactividad de la consideración de víctima y los plazos legales para reclamar esta consideración. En este sentido, la comisión también quiere pactar cómo regular la vía contencioso-administrativa para reclamar la categoría de víctima. De hecho, este fue el caso de los atentados de Hipercor, que cambiaron en cierta manera la doctrina de las víctimas de terrorismo, con responsabilidad derivada del Estado por negligencia en la actuación preventiva del ataque.
Los secretos oficiales
Uno de los otros puntos en los que hay más problemas para construir un acuerdo es la modificación profunda de la ley de secretos oficiales. En esta línea, cabe recordar que es uno de los compromisos de legislatura de los socialistas, adquirido con el pacto de investidura con el PNB y Bildu. La modificación que se encuentra sobre la mesa es establecer la obligación de desclasificar documentos y archivos o cualquier elemento que se considere adecuado si hay una reclamación para el «ejercicio del derecho a saber la verdad». Los socialistas propondrían rehacer toda la ley, es decir, hacer una nueva y evitar un terreno pantanoso de reformas, y más con el acoso judicial al gobierno español y los socialistas. La nueva ley, sin embargo, sería un proyecto a largo plazo, que varios grupos que configuran la comisión no ven factible a la vista del rumbo que está tomando la legislatura. Es decir, que no habría suficiente tiempo.
Por otro lado, la comisión proponía que el ministerio fiscal tuviera la iniciativa para reabrir el caso o algunos de los flecos abiertos. Una opción que legalmente es muy compleja, a la vista de que el caso ha quedado cerrado judicialmente a cal y canto. En todo caso, se debería delimitar con mucha precisión qué es lo que debería investigar el ministerio público que haya quedado abierto. Uno de los otros puntos que genera más incomodidad es la regulación de la figura de colaborador o confidente o infiltrado de los servicios de información y de seguridad del Estado. De hecho, esta cuestión también fue recogida como conclusión y propuesta de mejora legislativa en el dictamen aprobado en la comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004. Y el más caliente está en el fregadero. La voluntad de regular este tipo de figuras existe pero consideran que debe recoger la doctrina que incluso el Tribunal Constitucional ha fijado en su última jurisprudencia.
Lo que parece que queda fuera del alcance del acuerdo es dirimir las posibles responsabilidades políticas del PP y del PSOE en el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils. Una petición que no hace ninguna gracia a la Moncloa, porque implicaría involucrar a altas instancias de la seguridad del Estado y no se podría limitar a las figuras políticas que dirigían los servicios de información del Estado. En todo caso, suspendida la reunión del 23 de julio, los grupos se han dado más tiempo para pulir las conclusiones, centrar la pelota de las peticiones y buscar el consenso entre PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu y PNB antes del mes de septiembre. La alternativa es clara: en el pleno solo se aprobarían las conclusiones de PP y Vox y el trabajazo de la comisión, que ha sido ingente, iría a parar al cubo de la basura de la historia.
