El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto este lunes al trabajo después de un mes de baja y, al llegar al Palau, ya se ha encontrado de lleno con la fuerte crisis entre la administración y los médicos. «La salud es un bien, un derecho íntimo y personal y, a la vez, también es un derecho colectivo y compartido. La salud es el derecho más elemental que tenemos porque sin salud no hay libertad, ni igualdad, ni tampoco prosperidad«. Estas han sido las primeras palabras del máximo responsable de la Generalitat en su regreso a la actividad. Unas palabras de elogio hacia la sanidad que tomaban un sentido diferente en el primer día de huelga de los médicos catalanes, que claman por mejoras necesarias para el funcionamiento del sistema de salud del país. Unas reivindicaciones persistentes a las que, hasta ahora, la administración no ha dado ninguna respuesta, a pesar de las diversas protestas que han protagonizado los médicos en los últimos meses.
Los facultativos protestan para conseguir un convenio médico propio que les permita negociar sus mejoras laborales, principalmente la de paliar la sobrecarga asistencial y el agotamiento profesional que atraviesa el sector. Metges de Catalunya, sin embargo, también pone mucho el foco en algunas cuestiones que son responsabilidad directa del Departamento de Salud, de la consejera Olga Pané, como la supresión de las guardias de 24 horas o la contratación de más profesionales. A todas estas cuestiones también se suman las críticas a los últimos movimientos de la consejería con la atención primaria. En primer lugar, la reorganización del sistema sanitario con la creación de 30 Áreas Integradas de Salud (AIS), las cuales, según defiende el Gobierno, sustituirán las 43 áreas de gestión actuales y situarán la atención primaria en el centro. En segundo lugar, la más polémica: la medida que condiciona una parte de la financiación de los CAP a acortar las bajas laborales. Una medida que se ha anunciado pocas horas antes de que Illa se reincorporase y que aún ha agravado más la crispación de un colectivo médico al límite del colapso.
Maniobras para frenar la huelga
En Cataluña, los facultativos han sido llamados a la huelga, convocados por el sindicato Metges de Catalunya, este lunes, pero la retomarán el viernes. En clave española, sin embargo, la convocatoria -hecha por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), donde también se ha integrado el sindicato catalán- se extiende durante toda la semana. Es decir, los médicos tienen la opción de sumarse a las paradas siguiendo la llamada del sindicato mayoritario catalán o a través de las convocatorias estatales. De acuerdo con los datos del sindicato convocante, la huelga de este lunes ha tenido un seguimiento del 39%, mientras que Salud baja la cifra hasta el 6,2%. El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, en conversación con El Món, celebra estos datos: «Hago un balance positivo. Un 40% es un dato de participación muy correcto», argumenta el sindicalista, que cree que el seguimiento puede aumentar de cara al viernes.
En esta línea, Lleonart también denuncia algunas tácticas «ilegales» por parte de algunas gerencias de centros sanitarios para frenar la parada, como recolocar todas las visitas médicas programadas del profesional que quiere hacer huelga para el día siguiente. Es decir, según denuncian, en algunos casos, si un médico hace huelga, la gerencia le traslada las visitas para el día siguiente, sobrecargándolo de trabajo. Una práctica «completamente ilegal» que, según Lleonart, va contra el «derecho fundamental de hacer huelga»: «Esto pasa en algunos CAP, es relativamente habitual», lamenta. Según explica, desde el sindicato han presentado varias denuncias en el pasado sobre esta cuestión, algunas que han acabado obteniendo una sentencia favorable, otras han acabado desestimándose: «Depende del juzgado y del juez», ironiza Lleonart, que cree que en el momento en que haya una sentencia que demuestre que hay consecuencias penales por vulnerar el derecho a huelga –tal como fija el artículo 28.2 de la Constitución– «empezarán a cambiar las cosas».
Críticas a las políticas de la consejera Pané
Xavier Lleonart se muestra muy crítico con las políticas de la consejera Olga Pané, a quien acusa de hablar con «términos economicistas de ESADE» sin hacer ninguna referencia al «acompañamiento a los pacientes o a los cuidados». «Siempre habla de productividad o de incentivos económicos, nunca de acompañar a los enfermos. Trata la sanidad como si fuera una fábrica de hacer chorizos», asevera el secretario general de Metges de Catalunya. Desde el sindicato hacen una valoración muy negativa de la medida para acortar las bajas laborales, ya que consideran que, en lugar de acortar las bajas acelerando los diagnósticos de alta, lo que se debe hacer es dotar de más profesionales al sistema. «Condicionar este procedimiento con elementos economicistas va en contra de la deontología médica y puede menoscabar uno de los pilares de la atención primaria: la relación de confianza entre un médico y su paciente«, argumenta. La propuesta también ha topado directamente con las críticas de CCOO y UGT, que consideran que esta medida «coacciona el criterio médico» para hacer prevalecer la voluntad de las patronales y el empresariado. De hecho, Pimec ha sido el único que ve con buenos ojos los planes de la titular de Salud.
No es la primera vez que el gobierno del PSC intenta incorporar esta medida en los centros de atención primaria. En abril de 2009, durante el gobierno del socialista José Montilla, el entonces director gerente del Institut Català de la Salut (ICS) -que depende directamente de la Generalitat-, Enric Argelagués, ya intentó introducir incentivos para acortar los días de baja, pero la medida acabó desestimándose al chocar con el rechazo frontal de los sindicatos del sector. Metges de Catalunya, entonces, también se opuso. Ahora la historia se repite y, más de quince años después, un gobierno liderado por el PSC vuelve a intentar acortar las bajas médicas con incentivos de financiación para los centros de atención primaria. Este año, desde el Departamento de Salud defienden que se trata de una medida para evitar que las bajas se alarguen innecesariamente por problemas organizativos, retrasos en pruebas o dificultades de acceso a los especialistas. Los facultativos, sin embargo, lo ven como una forma de «coacción». Y, en la línea de los sindicatos, también lo critica la oposición, que ha pedido la comparecencia en el Parlamento de varios responsables de Salud, entre ellos la consejera Pané.
Reordenar el sistema sanitario
En pleno conflicto con los médicos, el Departamento de Salud también ha presentado el plan para reordenar el sistema sanitario en treinta Áreas Integradas de Salud, las cuales, desde su punto de vista, reforzarán la colaboración entre hospitales, la atención domiciliaria y la salud mental comunitaria. La directora general de Planificación en Salud, Aina Plaza, explicó la semana pasada que este plan pretende repensar el sistema sanitario para hacer frente al envejecimiento de la población: «Si no se modifican las dinámicas actuales, los ingresos hospitalarios aumentarían un 10% en seis años y, en un horizonte de dieciséis años, superarían el millón anual. Con esta dinámica de funcionamiento no daremos una respuesta adecuada a una población que necesitará una atención cada vez más prolongada y de más proximidad», defendía Plaza. Los médicos, sin embargo, no lo ven de la misma manera. Ni mucho menos.
El secretario general del sindicato médico mayoritario del país denuncia que esta propuesta contribuye a «precarizar» aún más una profesión ahogada: «Lo que dice [la medida de las AIS] es que habrá más cargos a dirigir, pero que los recursos humanos que hay desplegados en el territorio, es decir, los médicos, serán los mismos, pero darán más vueltas. A esto se le llama precarizar», argumenta Lleonart, que lamenta que el departamento no les ha comentado en detalle el contenido de este proyecto, que se comenzará a poner en marcha –de momento, con una primera prueba piloto en el AIS Ripollès-Osona, el mes próximo. La reordenación también ha provocado las dudas de algunos partidos de la oposición. Por ejemplo, desde Junts consideran que es un «error» no incluir los recursos sociales, como residencias, en este nuevo organigrama, y creen que el planteamiento de la consejería puede afectar negativamente a algunos hospitales del país. Sea como sea, todas estas maniobras abren nuevas brechas en una crisis médica cada vez más profunda, y que parece lejos de resolverse.
