Algunos definen España como una togacracia. Y posiblemente, a la vista de la agenda política, no les falta razón. El 2026 será un nuevo ejemplo de cómo la política se definirá en los tribunales. De hecho, una situación bastante similar a la de los últimos años, en los que los procesos, juicios e instrucciones judiciales han determinado el día a día político, y no solo por los cientos de casos derivados del Procés, que han conllevado indultos, reformas del Código Penal e, incluso, una ley de amnistía. El Procés, la corrupción, la disputa interna dentro del poder judicial, la guerra civil en la fiscalía y el uso indiscriminado de las querellas para abatir a los adversarios políticos han llevado a la saturación judicial de la política.
Este enero se reinicia el año judicial que se inició en septiembre, con grandes juicios, instrucciones y sentencias en perspectiva que abarcan casi todas las tendencias políticas y altas estructuras del Estado. Un conjunto de casos sobrevolarán una situación política que roza el histerismo, con una extrema derecha encumbrada gracias a su protagonismo judicial y que aún puede crecer gracias a los tribunales.
Hay casos de todos los colores. Así, los asuntos Pujol, Leire, Koldo, Ábalos, Cerdán, la operación Kitchen, Mercasa, la continuación de la macrocausa Tándem, el juicio de Inipro en Tarragona, la sentencia sobre el sumario de Sito Miñanco, donde está acusado Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, el caso de los Mossos procesados por acompañarlo en su retorno fugaz a Cataluña, la evolución del caso DGAIA en la fiscalía y en los tribunales, los recursos contra la sentencia de condena del fiscal general del Estado, la investigación judicial por la DANA en el País Valenciano y el seguimiento del caso Montoro llenarán una agenda que promete atención mediática.
Cataluña, protagonista
Sin duda alguna, Cataluña será protagonista judicial este 2026 y también habrá decisiones que afectarán de lleno a la política catalana. Por ejemplo, en todas las derivadas de la aplicación de la amnistía a los líderes independentistas condenados o procesados por malversación, todo dependerá de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales presentadas en los casos del Tribunal de Cuentas, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por un Juzgado de Vilanova y por la Audiencia Nacional. Una decisión que marcará los posicionamientos finales del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Pero, más allá de este marco general, otro de los juicios que afecta tanto a Cataluña como a España, es la vista oral en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol Ferrusola, que se reanudará el 12 de enero. Un juicio del cual aún restarán 37 jornadas y que se alargará hasta el mes de mayo. También cabe recordar que en octubre se celebrará, con toda probabilidad, el juicio del caso Inipro que afecta de lleno al PSC y uno de sus líderes históricos, el exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros. Un caso de presuntas irregularidades y desvíos de fondos de servicios sociales para financiar campañas del entonces alcalde.
La lista catalana continúa con la instrucción del caso de los mossos d’esquadra investigados por el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona a raíz de su supuesta ayuda al presidente Carles Puigdemont en su retorno fugaz a Cataluña, el 8 de agosto de 2024. También, la nueva titular del Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona debe cerrar, según los posicionamientos de las partes, el caso Bomberos sobre supuestas irregularidades en el mantenimiento de los vehículos. Precisamente, sin dejar a los Bomberos, en este caso los voluntarios, también tendrán la primera respuesta judicial a sus demandas de reconocimiento laboral ante los juzgados sociales. Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú deberá cerrar la instrucción del caso Sitges, que investiga varios delitos que se habrían cometido en el ejercicio de contrataciones del consistorio. Y la lista catalana también incluye el caso DGAIA. En concreto una querella que aún debe tramitarse y a la espera de que la fiscalía determine si el informe de la Sindicatura es suficiente indicio para abrir una causa judicial. A todo esto, habrá que sumar la ejecución de la sentencia sobre las pinturas murales de Sixena que permanecen, aún, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
El PP, en el banquillo de los acusados
En clave española, el año comenzará con el juicio de la pieza separada 7 de la macrocausa Púnica, la gran trama de corrupción del PP. Todo ello esperando las sentencias de gran parte de las piezas de la causa Gürtel, también de corrupción del PP. Pero el juicio estrella con los populares en el banquillo de los acusados será el del caso Kitchen, de la macrocausa Tándem, donde el exministro Jorge Fernández Díaz se enfrenta a penas de hasta 15 años de prisión por utilizar las cloacas del ministerio del Interior para localizar y destruir pruebas sobre la financiación del PP. La vista oral comenzará el 6 de abril y coincidirá con el punto álgido del juicio de los Pujol. Ambos son casos protagonizados por la policía patriótica.
El 12 de enero, el comisario José Manuel Villarejo volverá al banquillo de los acusados por el caso de la doctora Pinto, donde está involucrado el compañero de yoga de Letizia Ortiz, la esposa del monarca español. El mes de febrero también se celebrará la vista del caso Mercasa, un sumario de gran corrupción internacional española relacionada con la construcción de un mercado en Angola. De hecho, podría ser que este año también hubiera el juicio de la segunda pieza separada del caso Defex, de comisiones irregulares por la venta de armamento. Por otra parte, continuará la instrucción del caso Cristóbal Montoro, sobre la posible actividad privada del exministro de Hacienda de Mariano Rajoy para beneficiar a clientes de la gestoría y asesoría que tenía con su hermano.
El PSOE, en el banquillo de los acusados
También los socialistas tendrán trabajo en los juzgados. De entrada, todos estarán pendientes de la fecha del primer juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, por la pieza separada del caso Mascarillas que ha instruido el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. Además, Ábalos, García y Santos Cerdán sabrán el futuro de la instrucción contra ellos en el Tribunal Supremo sobre el cobro de comisiones a cambio de obras públicas. Un caso que lleva a otro proceso, por posibles cobros en efectivo del PSOE, en el que se podría abrir una carpeta de instrucción por financiación irregular de los socialistas.
Los socialistas, además, se encontrarán con Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, sentada en el banquillo de los acusados por delitos como malversación. También la sala de apelaciones del Tribunal Supremo deberá decidir sobre el recurso que ha presentado la fiscalía ante la condena del, hasta hace poco, fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin salir de la biosfera socialista, dos instrucciones con una protagonista central marcarán la agenda. Es el caso de Leire Díaz, fontanera del PSOE, investigada por un juzgado de instrucción por sobornos y amenazas y, por otro lado, por la Audiencia Nacional, a raíz de su actividad en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Además, habrá que ver cómo se cierra el caso Hidrocarburos que ha sido clave para la investigación a Ábalos y Cerdán, teniendo en cuenta que Víctor de Aldama, uno de los principales implicados, obtuvo la libertad al declarar contra el exministro y exnúmero tres del PSOE.
Boye y la DANA
Una de las sentencias que puede marcar, y mucho, la agenda política es la del caso Mito de narcotransporte y narcotráfico, donde el principal acusado es José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. En este caso, ya juzgado por la Audiencia Nacional el año pasado, Gonzalo Boye está acusado de blanqueo, tras una extraña instrucción en su contra. La sentencia determinará el futuro laboral de Boye, que es el arquitecto de la defensa del exilio catalán. También continuará la investigación por la DANA en el País Valenciano, que cada vez acosa más al expresidente de la Generalitat valenciana, Carles Mazón, aunque aún no ha sido imputado.
