El modelo de inserción laboral que llevan a cabo los centros especiales de trabajo de iniciativa social, también conocidos como CETIS, es un modelo delicado en el que cualquier cambio se nota. Una cadena donde todos los eslabones son imprescindibles y, si se recorta un elemento, el resto del engranaje se resiente. Con este modelo trabajan casi cien centros sin ánimo de lucro agrupados bajo el paraguas de Dincat, la entidad que representa el sector de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Cataluña. Y es un modelo que se encuentra al límite ahora mismo. Según denuncian desde la entidad, la Generalitat debe 153 millones de euros de la financiación de los CETIS correspondientes al ejercicio 2025: «No hemos recibido ni un euro de los que, teóricamente, se han destinado», denuncia el director de Dincat, Víctor Galmés, en conversación con El Món.
Para hacer frente a este agujero, Galmés explica que han tenido que ser los mismos centros especiales de trabajo los que se han tenido que hacer cargo del impacto económico para proteger puestos de trabajo y preservar la atención a las personas: «Todavía no se ha cobrado nada en todo el año. Los centros están en una situación extrema porque han tenido que endeudarse», argumenta el director de Dincat. Fuentes del Departamento de Empresa y Trabajo, dirigido por el consejero Miquel Sàmper, consultadas por El Món, sin embargo, niegan rotundamente las afirmaciones de Galmés: «Este año, el Gobierno ya ha destinado un importe total de 133 millones de euros a los centros especiales de trabajo. Este importe se incrementará cuando se publique la convocatoria de subvenciones del programa para el apoyo al empleo de personas trabajadoras con discapacidad en CET, en concreto para la línea de apoyo salarial, prevista para este diciembre», indican las fuentes de la administración catalana, que niegan firmemente que haya ningún tipo de «deuda» con los centros especiales de trabajo: «No hay ninguna deuda».
Ante estos argumentos de la Generalitat, Víctor Galmés recuerda que «destinar» dinero no es simplemente «lanzar una convocatoria», sino que es hacer que ese dinero llegue a los centros especiales de trabajo. En esta línea, el director de Dincat también denuncia que el gobierno de Salvador Illa está reduciendo más de 5 millones de euros el presupuesto destinado al personal de apoyo de los centros. Es decir, la financiación que sirve para pagar el sueldo a psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y pedagogos, entre otros, que tienen un papel crucial en esta tipología de empresas. Las mismas fuentes del Departamento de Empresa también niegan que se estén produciendo estos «recortes» que denuncia Dincat: «No se ha recortado el presupuesto destinado al personal de apoyo de los CETIS. La cifra del presupuesto es la misma que la del año pasado, 32,5 millones de euros de una convocatoria de subvenciones«, argumentan desde la Generalitat, que apuntan que el proceso se ha resuelto esta misma semana.
Por otro lado, Galmés también asegura que la convocatoria de las subvenciones de este 2025 se ha retrasado respecto al calendario previsto -y consensuado con el sector-, lo que ha puesto aún más contra las cuerdas a los centros especiales de trabajo. Una acusación que desde el mismo Gobierno admiten: «Se cambiaron las bases y los criterios de la convocatoria, pactado con el sector, y salió tarde. Asumimos un mea culpa, hemos ido tarde», aseveraba la consejera de Economía, Alícia Romero, en el Parlamento este miércoles, donde también admitió: «No hemos sido lo suficientemente ágiles». Añadió que confía en que no se repita la situación. Sea como sea, para el director de Dincat, la conclusión es clara: «El modelo [de inclusión laboral], ahora mismo, está al límite».
Sesenta años trabajando por la inclusión laboral
Los centros especiales de trabajo son empresas que aseguran un empleo remunerado para las personas con discapacidad para garantizar su integración laboral. Dentro de estas empresas existen dos tipologías: las que también tienen un objetivo «mercantil», a la vez que el social, y las que son puramente sin ánimo de lucro. Todas estas empresas nacieron hace sesenta años a raíz de la antigua ley LISMI -es decir, la ley de integración social de los minusválidos-, actualmente convertida en la ley general de la discapacidad. Desde entonces, las empresas han ido creciendo y adaptándose a las nuevas realidades del mundo laboral: «Nosotros nacimos hace sesenta años de la LISMI, con un origen en trabajos muy manufacturados. Desde entonces hemos crecido mucho», explica Pepa Muñoz, directora de comunicación y promoción cooperativa del Grupo Cooperativo TEB.
Muñoz recibe este diario en el centro ubicado en el número 54 de la calle de Fernando Pessoa, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. El TEB nació en 1965 gracias a la unión de siete familias con algún miembro con discapacidad intelectual y querían luchar por sus derechos. De este espíritu cooperativo nació el taller escuela de Barcelona, que hoy se ha expandido hasta convertirse en un grupo cooperativo con cinco centros en la capital catalana y uno en Castellar del Vallès. En el conjunto de centros trabajan, de alguna manera u otra, más de mil personas, el 62% de las cuales conviven con alguna discapacidad. Se realizan trabajos de todo tipo: jardinería, elaboración de productos cosméticos, de cremas solares, de pintura… Trabajos de todos los colores, y aptos para todos.
El centro del TEB de Sant Andreu funciona como una gran maquinaria donde cada trabajador juega un papel clave, milimetrado. En la primera planta hay una sección que se encarga de la manufactura de productos para el sector editorial. Una sección que concentra un grueso importante de la plantilla del centro, a pesar de que no es el sector que les aporta más rendimiento económico. Al otro lado del primer piso hay otra sección que fabrica pintura. Allí trabaja menos gente, porque los perfiles profesionales que deben llevar a cabo las tareas necesitan un cierto grado de autonomía que no todos tienen. «Sabemos, sin embargo, que algún día, tarde o temprano, los que ahora trabajan en esta sección [la de pintura], pasarán a la de al lado [la editorial]. Todo funciona con un gran equilibrio», explica Pepa Muñoz, que asegura que cualquier recorte por parte de la administración se nota en el día a día del centro. Una situación trasladable a la realidad de todos los centros especiales de trabajo del país.
Más que un simple lugar de trabajo
Los centros especiales de trabajo como el TEB de Sant Andreu son mucho más que simples lugares de trabajo. Así lo explica Vicky Patón, una trabajadora de 43 años con discapacidad que hace ocho años que llegó a la empresa. «Empecé a trabajar aquí porque me despidieron de la empresa donde estaba antes [también un CETIS], y desde entonces mi vida ha mejorado al máximo«, comenta con una sonrisa de oreja a oreja Patón, que asegura que desde que empezó a trabajar en el TEB se ha sentido «valorada» como persona: «Me ha mejorado la autoestima», añade. Ha hecho amigos y ha encontrado a su pareja, con quien ahora quieren dar el paso de irse a vivir juntos. Trabajar en este centro especial de trabajo le ha dado seguridad en sí misma y le ha abierto nuevos horizontes: «Ahora quiero ser administrativa. Solo me quedan dos asignaturas para sacarme la ESO», explica contenta. En el TEB de Sant Andreu, Vicky ha encontrado un espacio seguro.
Es precisamente este el objetivo de los centros especiales de trabajo sin ánimo de lucro: «Nos gusta mucho hacer un trabajo transversal, las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Preocuparnos por el ámbito formativo, por su situación de vivienda, por el ocio… Trabajamos para acompañar a las personas», argumenta Víctor Galmés. Es por este motivo que los «recortes» que denuncian desde Dincat, a pesar de que el Gobierno los niegue, suponen un golpe para los centros de trabajo. Y es que si los recortes y el endeudamiento se mantienen, avisan desde la entidad que representa el sector de la discapacidad intelectual en Cataluña, muchas entidades sociales no podrán sostener su actividad y el futuro laboral -y no solo laboral- de miles de personas quedará en peligro inminente.
Los CETIS piden a la administración catalana que continúe dotando de recursos sus centros para poder seguir contribuyendo a incluir laboralmente, pero también a escala social, a todas las personas que lo necesitan. Unos recursos que, según aseguran desde el sector, a pesar de la negativa de la Generalitat, actualmente faltan, aunque ahora el Gobierno asegure que lo solucionará a toda prisa antes de fin de año. «Nosotros pedimos mantener el presupuesto actual para poder mantener todos los equipos, y continuar con este trabajo», insiste el director de Dincat. Sin estos recursos, el sistema de inclusión laboral, delicado y calculado al milímetro, peligra. Este año, el gobierno de Salvador Illa ha podido salvar -tarde- la financiación de estos centros, pero desde el sector advierten que otro golpe de esta magnitud podría resultar mortal.
