El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado todas las propuestas de resolución o puntos de propuestas presentadas por Esquerra Republicana en el debate de política general para blindar, promocionar y exigir el uso del idioma catalán en el ámbito institucional, educativo, sanitario, judicial y de la seguridad. La cámara catalana ha lamentado la falta de compromiso de varias consejerías del ejecutivo de Salvador Illa con la lengua propia del país. El texto ha salido adelante gracias a la abstención o el voto favorable del PSC, que, en cambio, no ha votado a favor de ninguna de las propuestas que ha presentado Junts per Catalunya sobre la Lengua. En cambio, el grupo de Salvador Illa sí que ha dado apoyo a alguna de las propuestas presentadas por la CUP. «Queremos facilitar el aprendizaje y el uso del catalán, especialmente en el trabajo en los espacios cotidianos para que sea una lengua de acogida, de relación y de oportunidades», ha dicho la portavoz del PSC, Elena Díaz, una declaración de intenciones de las propuestas que han presentado los socialistas y que han salido adelante.
En la propuesta central aprobada sobre el compromiso institucional, el Parlament insta al ejecutivo a asumir la «defensa real» del catalán haciendo efectivas las medidas del Pacto Nacional por la Lengua desde todos los departamentos. A medida que la preocupación por el retroceso del uso social de la lengua aumenta, la cámara catalana ha acordado paralelamente la celebración de un Pleno monográfico específico sobre la situación actual del catalán. Asimismo, el texto aprobado reclama «celeridad» a la Oficina por los derechos lingüísticos y pide que se ejecuten con firmeza las sanciones correspondientes a las vulneraciones de los derechos de la ciudadanía catalanohablante.
En cuanto al ámbito educativo, el Parlament ha instado al ejecutivo a defender el modelo de escuela catalana como eje de cohesión social mediante la aplicación inmediata del Decreto 91/2024 del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. La resolución incluye un refuerzo de las aulas de acogida y el potenciamiento de las aulas de acogida aceleradas para el alumnado recién llegado desde primero de primaria, garantizando recursos sin segregación y con especial consideración a la realidad del Aran. Además, se ha aprobado un plan específico para mejorar el uso oral del catalán en la educación infantil, primeros cursos de la ESO, patios y comedores.
Disponibilidad lingüística en el sistema sanitario y «requisito» en la Justicia
El paquete de medidas aprobadas se extiende hacia los servicios públicos esenciales. En el sistema sanitario, la cámara ha fijado la obligación de garantizar la disponibilidad lingüística activa y el uso normalizado de la lengua tanto en la atención ciudadana como en la documentación clínica e informes. En la administración de justicia, la resolución constata el uso insuficiente del catalán y reafirma la necesidad de que su conocimiento pase a ser un «requisito» obligatorio y no un simple mérito para el personal de su administración en Cataluña.
Paralelamente, en materia de seguridad pública, se ha instado a priorizar el catalán en las intervenciones de los cuerpos de seguridad y de emergencias. Asimismo, se ha aprobado desplegar en seis meses un programa de apoyo a las empresas para atender en catalán. En el ámbito deportivo, se ha acordado el impulso de un pacto social del deporte y se ha emitido una condena formal contra la catalanofobia y las actuaciones policiales contra aficionados por la exhibición de banderas esteladas. Y, en lo que respecta al exterior, también se ha aprobado diseñar una estrategia específica de diplomacia lingüística.
El PSC no acepta ni una sola propuesta de Junts sobre el catalán
Por otro lado, los socialistas han hecho valer su posición en la cámara catalana para impedir que prospere ninguna propuesta de resolución referente a la lengua catalana. Durante las votaciones, el grupo socialista ha bloqueado de manera sistemática las iniciativas del principal grupo de la oposición que buscaban reforzar el uso del catalán en ámbitos como la educación —incluyendo el blindaje de la inmersión escolar, el nuevo decreto de escuela inclusiva para el curso 2026-2027 y la ampliación de las aulas de acogida—, así como la denuncia por la falta de presión del gobierno español para conseguir la oficialidad de la lengua en la Unión Europea.
Asimismo, el bloqueo del PSC ha tumbado las medidas que pretendían garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes mediante la fijación de requisitos obligatorios de la lengua en la función pública y los servicios esenciales. La propuesta rechazada exigía establecer un 80% de docencia en catalán en las universidades, hacer de la lengua un requisito y no un mérito en los juzgados, y exigir la titulación correspondiente a los profesionales sanitarios, al personal del transporte público (nivel B1) y al sector deportivo. Finalmente, la mayoría socialista ha frenado la iniciativa que alertaba que las políticas culturales del ejecutivo de Salvador Illa «relegan la lengua propia del país a un papel subsidiario» y dejan en segundo plano a los creadores catalanes. El texto rechazado también instaba a la Generalitat a diseñar una estrategia cultural autocentrada y de alcance nacional compartido con el resto de territorios del dominio lingüístico para hacer de la cultura un eje vertebrador de cohesión social.
El PSC vota a favor de «poner fin al bilingüismo por defecto»
El Parlament de Catalunya ha aprobado instar al Govern a establecer el catalán como lengua ordinaria de atención pública y acabar con el «bilingüismo por defecto» en la Generalitat antes de finalizar el 2027. La propuesta de la CUP, que ha salido adelante gracias al apoyo del PSC, fija que la primera interacción con el ciudadano sea siempre en catalán en servicios clave como la sanidad o la justicia, y obliga a revisar plantillas, sistemas informáticos y rotulación antes del curso 2026-2027 para suprimir la duplicación sistemática en castellano. En la misma línea de acuerdo, las dos formaciones han dado luz verde a garantizar el apoyo de acogida lingüística en los centros educativos para todo el alumnado recién llegado, incluido el procedente del resto del Estado.
No obstante, elos socialistas han frenado las pretensiones de los cupaires en el terreno de la enseñanza al tumbar la derogación de la Ley 8/2022 y del Decreto ley 6/2022, la norma pactada en la anterior legislatura para esquivar la sentencia del 25% de castellano en las aulas. El PSC tampoco ha permitido que prospere el fin de la obtención automática del nivel C1 de catalán al terminar 4º de ESO —que la CUP quería sustituir progresivamente por una prueba de evaluación externa— ni la publicación de indicadores trimestrales sobre las inspecciones lingüísticas en las escuelas, evidenciando el rechazo del Govern a reabrir el marco legislativo educativo o cambiar los criterios de titulación del alumnado.
