Consecuencia interesante en la política de respuesta de Adif a la crisis de Rodalies que vivió Cataluña a inicios de 2026. Una entidad protectora de los derechos digitales y la transparencia de la administración pública, Protección de la Frontera Electrónica (PFE), ha denunciado a Adif y a su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, en la fiscalía por la censura de una web de usuarios de trenes con información de interés público, de manera extrajudicial y por presiones y maniobras del gestor de infraestructuras ferroviarias español. La denuncia es por siete delitos.
«La web dejó de ser accesible desde el Reino de España por orden de Adif, sin ninguna resolución judicial que lo permitiera», informa PFE. De hecho, recuerda que Adif confirmó a «tres medios que la censura era obra suya y que no había sido necesario ningún juez». Pero la denuncia, a la que ha tenido acceso El Món, aporta muchos más detalles sobre las maniobras de la dirección de la entidad pública para justificar o camuflar la decisión. Ahora el ministerio público debe evaluar una detalladísima denuncia por los delitos de falsedad en documento oficial cometida por autoridad o funcionario público; falsedad por imprudencia grave de funcionario público; prevaricación administrativa; establecimiento de censura previa; impedimento del ejercicio de derechos civiles; daños informáticos y obstrucción del funcionamiento informático ajeno.
Un hecho pero diferentes explicaciones
Siguiendo el relato de la denuncia, Adif logró impedir -sin ayuda judicial- el acceso desde el Estado español a una web informativa gestionada por usuarios de los trenes porque publicaba un mapa de las limitaciones temporales de velocidad (LTV) de la red ferroviaria. La entidad estatal justificaba la decisión porque entendía que la información difundida era «sensible». Adif lo confirmó a la prensa tanto el 6 de marzo -día de los hechos- como tres días después. Asimismo, el 24 de marzo de 2026, Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, compareció ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados y atribuyó el cierre a los «departamentos de seguridad y ciberseguridad» de la compañía. De hecho, lo normalizó porque el mismo tipo de actuación ya se había producido antes con otra iniciativa ciudadana.
Pero, cuatro meses después, el relato de Adif comenzó a diferir. Todo por las reclamaciones de transparencia presentadas por Protección de la Frontera Electrónica. La respuesta a las insistentes reclamaciones la firmaba el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. En concreto, el responsable de la entidad ferroviaria negaba en una resolución oficial que el corte de acceso fuera «consecuencia de ninguna comunicación, requerimiento o actuación» de la compañía. Adif utilizó la resolución para esquivar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en el marco de un trámite administrativo que pedía el cierre de los expedientes abiertos a petición de PFE, que presentó alegaciones a la respuesta de la corporación pública porque técnicamente no es posible que un departamento interno pueda cerrar un servicio de web ajeno. Como han pasado tres meses y no ha habido respuesta de Transparencia, han decidido presentar la denuncia a la fiscalía.
33 documentos y una sospecha
La denuncia incluye 33 documentos que aportan indicios claros de la autoría de Adif en el acto de censura de la web y las tres vías que habría utilizado. En concreto, PFE enumera tres posibles vías para cerrar la web de los usuarios que consideraba que aportaba información delicada. En primer término, a través de sistemas de reputación de Google o Fortinet. En segundo lugar, a través de las operadoras de telecomunicaciones -una operativa muy habitual en España- y en último término, y lo más plausible para PFE, a través del bloqueo del alojamiento de la web.
El objetivo de la denuncia es que la fiscalía abra diligencias previas y valore si lleva la investigación a los juzgados o bien si hace primero sus propias pesquisas. De hecho, el escrito pide reclamar una serie de documentación y tomar declaración a alguno de los responsables de Adif. También incluyen en el paquete solicitar una orden de conservación de datos y el requerimiento a Adif del expediente íntegro de la intervención de marzo.
